Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 1995/01/02 00:00

EL NARCO-BARCO

Estados Unidos se ve obligado a liberar a los tripulantes de un barco que había detenido de manera irregular.

EL NARCO-BARCO

EN LA NOCHE DEL 2 DE JUnio la guardia costera de Estados Unidos fue alertada por los aviones que usualmente sobrevuelan el mar Caribe, sobre la presencia de una motonave sospechosa cerca del extremo norte de la isla de Cuba. El barco Sansón se encontraba rodeado por 120 pacas -más de 7.000 kilos- de marihuana que flotaban sobre el agua. El sospechoso navío, matriculado en Colombia y con tripulación colombiana, fue interceptado por las autoridades estadounidenses. Llevaba varios días a la deriva, carecía de combustible y las provisiones comenzaban a escasear.
La guardia estadounidense decidió entonces chequear el registro y pedir permiso al gobierno colombiano para abordar, requisar el narco-barco, confiscar la nave y la droga y poner a órdenes de la ley estadounidense a los miembros de la tripulación. Mientras se cumplían las formalidades, el capitán de la nave solicitó que ésta fuera remolcada hasta tierra firme. Como el más cercano puerto era La Habana, y los barcos estadounidenses no podían llevarlo hasta allá, el navío fue llevado a Key West, al sur de la Florida. En ese punto todo parecía indicar que la suerte de la tripulación estaba echada: al dejar las aguas internacionales y entrar en territorio estadounidense, lo más seguro era que fueran procesados por narcotráfico en una Corte de ese país.
El episodio hubiera podido levantar una verdadera tormenta diplomática. Las normas establecen que cualquier delito cometido por la tripulación de un barco que se encuentre en aguas internacionales es jurisdicción del país en el cual la nave se ha matriculado. El país de origen del barco puede, sin embargo, autorizar a las autoridades de otra nación para juzgar a la tripulación. Pero este no fue el caso. La Armada Nacional de Colombia sólo otorgó permiso de inspección de la nave. El Ministerio de Defensa negó expresamente el permiso para remolcar la embarcación y arrestar a los tripulantes, y ordenó que la nave fuera remolcada hasta el cayo colombiano de Serranilla. La Cancillería insistió que quien debía conceder la autorización era el Ministerio de Defensa, pero la Embajada de Estados Unidos en Colombia insistió en dirigirse al entonces fiscal general, Gustavo de Greiff, el cual no tenía la facultad para otorgar el permiso. No obstante, las autoridades estadounidenses interpretaron una carta del Fiscal como respuesta positiva. De este modo, cuando el cónsul de Colombia en Miami, Andrés Talero, conoció el caso, se encontraba ante un hecho consumado.
Contra los deseos del gobierno colombiano, la tripulación había sido hallada culpable por la justicia de la Florida de los delitos de conspiración, contrabando y posesión de drogas. Sin embargo, Talero estaba resuelto a dar la pelea. Decidió interponer un recurso, directamente ante la justicia estadounidense, con el fin de que se diera marcha atrás al fallo y las autoridades reconocieran que no tenían jurisdicción sobre el caso. Duró más de seis meses aportando documentos y cartas al expediente y por fin, hace unos días, logró que el tribunal soltara a la tripulación colombiana y la pusiera a disposición del consulado en Miami. La semana pasada los miembros de la tripulación del Sanson fueron deportados a Colombia, donde la Fiscalía les abrirá un a investigación. Paradójicamente, a pesar de que es evidente que la justicia estadounidense cometió un error judicial que hubiera podido volverse un serio incidente diplomático, la justicia colombiana depende de que los canales de cooperación judicial operen y las autoridades de Estados Unidos sean tan diligentes para enviar las evidencias del delito como lo fueron para remolcar el barco. Si no es así, es muy probable que el caso del Sanson termine impune, como muchos otros que no han podido encontrar en Colombia las pruebas de un delito que fue cometido en el extranjero.

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