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| 7/25/1994 12:00:00 AM

EL NARCOCASSETE DEL 'LOCO' GIRALDO

Detalles desconocidos sobre este bochornoso episodio que se ha convertido en un escándalo internacional.

EL VIERNES ANTERIOR A LAS ELECCIONES, el subdirector de El Tiempo, Enrique Santos Calderón, recibió en su despacho un sobre de manila con un casete. Como dentro del ajetreo de ese fin de semana preelectoral no había mucho tiempo, se lo entregó en forma rutinaria a un periodista y le pidió averiguar de qué se trataba. Al poco tiempo el periodista regresó y sin mayor entusiasmo le manifestó a Santos: "Creo que es una conversación entre presos o algo asi. Parece una cuestión del hampa". Al día siguiente Santos se lo remitió al editor judicial del diario, Edgar Torres, para que estableciera con más precisión su contenido. Torres se fue a escucharlo y cuando regresó, entre nervioso y exaltado, le dijo a su jefe: "¡Esto es candela!".
Y sin duda alguna se quedó corto en esa descripción. Porque si algo explosivo ha sucedido en los últimos tiempos en Colombia ha sido el denominado 'narcocasete'. Los primeros en recibirlo fueron Santos Calderón y un corresponsal estadounidense de un períodico de Dallas. Al otro día comenzaron a circular algunas copias, unas de las cuales le llegaron al diario El Espectador y al noticiero QAP. Ante las implicaciones del contenido de la cinta, todo el mundo hablaba del casete pero nadie se atrevía a publicar las conversaciones que éste contenía. Finalmente, el martes el escándalo explotó. Comenzaron a circular rumores en el sentido de que el noticiero 24 Horas había decidido hacerlo público. Alvaro Gómez Hurtado, quien rara vez va a la sede de ese informativo a pesar de que por años ha estado vinculado a su orientación política, se desplazó personalmente esa tarde para supervisar la edición. Mientras esto sucedía, Ernesto Samper se presentó en el despacho del fiscal general de la Nación, Gustavo de Greiff, para solicitar una investigación sobre todo el asunto.
ESTALLA EL ESCANDALO
Todos los noticieros de televisión de esa noche abrieron con el narcocasete. Por primera vez los colombianos entendieron cuál era la razón por la cuál en su discurso de reconocimiento de derrota Andrés Pastrana había pronunciado la siguiente frase: "El presidente que haya recibido dineros del narcotráfico no tiene título moral para conducir a su pueblo". En realidad el candidato conservador había recibido la cinta cuatro días antes de las elecciones y se lo había entregado al Presidente de la República y al Ministro de Defensa. Pero una cosa eran las gestiones de, Pastrana ante el Presidente y de Samper ante el Fiscal, y otra la revelación pública de semejante papa caliente. Ernesto Samper dio una improvisada rueda de prensa sobre el particular, durante la cual rechazó enérgicamente todas las acusaciones que se podían desprender de las sindicaciones de Pastrana y del contenido del casete. Aclaró que la cinta en cuestión no sólo involucraba a su campaña sino también a la de su rival conservador. Los televidentes, que poco entendían aún de qué se trataba, vieron a un presidente electo concreto, resuelto y convincente.
Es poco lo que se puede agregar sobre el contenido de este casete o sobre el , enorme daño que le ha ocasionado a la imagen del país. Lo importante es poner todo este episodio en su dimensión real sin consideraciones personalistas o partidistas de ninguna naturaleza, que han distorsionado el debate en el país.
Lo primero que hay que tener claro es que el casete es totalmente real y no hay montaje de ninguna naturaleza. Contiene conversaciones entre Alberto Giraldo y Gilberto Rodríguez Orejuela, y los mayores perjudicados de que estas se hagan públicas son ellos dos. El primero de ellos se "suicidó civilmente", como él mismo afirmó, al haber quedado ante el país como intermediario financiero del cartel de Cali. En cuanto a Gilberto Rodríguez, la revelación de que está tratando de comprar poder político no hace sino radicalizar a la opinión pública nacional e internacional contra él.
El principal interrogante que hay es quién hizo las grabaciones. SEMANA ha podido establecer que se trata de una operación entre el Bloque de Búsqueda de Cali y la Agencia Estadounidense contra las Drogas (DEA). Como parte del seguimiento a los Rodríguez, ambas organizaciones lograron interferir una línea que Giraldo usa con frecuencia pero que nunca pensó que pudiera ser ubicada.
Lo que no es muy claro es por qué una grabación obtenida por los servicios de inteligencia acabó en manos de Andrés Pastrana. Directivos de la campaña samperista aseguran que, como el Bloque forma parte del Ejército, el casete tuvo que haber llegado donde el ministro de Defensa, Rafael Pardo. Y como éste está casado con Claudia de Francisco, la mano derecha de Andrés Pastrana, deducen que fue él quien le informó a ella, y ella, a su turno al candidato conservador.
Esta afirmación es, sin embargo, algo temeraria, pues involucrar al Ministro de Defensa en un episodio de la contienda electoral es un asunto muy delicado. De ser verdad, el Ministro estaría haciendo uso privado y proselitista de información obtenida en el ejercicio de sus funciones, en lugar de entregársela al Fiscal dentro del conducto regular. Ni la imagen ni la reputación de Pardo concuerdan con esta acusación. Andrés Pastrana, por su parte, se sostiene en su version de que una persona desconocida se la dio en el lobby del Hotel Intercontinental de Cali.

DINEROS CALIENTES
Pero independientemente del origen, lo explosivo del casete es el contenido. En este aparece el mundo de Gilberto Rodríguez como una especie de banco central por donde desfila buena parte del establecimiento político colombiano en busca de financiación. Según se desprende de su contenido, allá llegan representantes de los dos partidos por igual, los cuales, directa o indirectamente, han salpicado a los dos candidatos oficiales.
¿Cómo se explica esta situación? Lo primero que hay que tener presente es que el dinero del narcotráfico no puede estar totalmente ausente de la vida política nacional por la sencilla razón de que la droga es el negocio más grande del país. En consecuencia, es inevitable que su influencia se permee a todos los estamentos de la sociedad. Esto puede que no se note mucho en Bogotá. Pero en las ciudades pequeñas o intermedias es una realidad económica y social no discutible. Existen municipios que son tan controlados por el narcotráfico como otros lo son por la guerrilla. La autoridad pública tiene que convivir con este fenómeno.
Por esto buena parte de la política en provincia gira alrededor de los dineros calientes. Cualquier persona que aspire a ser elegida en algunas ciudades intermedias tiene que pedirles plata a los ricos del pueblo para financiar su campaña. Y los ricos del pueblo hoy, desafortunadamente, son en su mayoría los narcotraficantes. La política es cada vez más cara y los narcos son los únicos con excesos de liquidez y largueza.

GANAR INDULGENCIAS
Además de esto, el narcotráfico es uno de los pocos sectores que tiene un interés fundamental en obtener influencia política. No sólo por razones de ascenso social sino porque en provincia los jefes políticos locales son emperadores. Un político a nivel regional es indispensable y uno a nivel nacional nunca sobra. En la región, su gestión puede ser útil para cualquier trámite legal o ilegal. Y ese mismo político en el Congreso puede representar la diferencia entre una legislación favorable o desfavorable a sus intereses. Por tanto, en la actualidad la penetración de los dineros calientes en el Parlamento es considerable.
Por cuenta de los excesos de Escobar, concretamente del narcoterrorismo, durante algunos años hubo un pudor y un sentimiento de culpa frente a estos recursos. Desaparecido Escobar y al desarrollarse una modalidad de narcotráfico no violento, estas inhibiciones se han ido relajando. Hoy en día el narcotraficante es catalogado por algunos, como lo era a fines de los 70, más como un benefactor que como un delincuente.
La anterior ha sido la situación regional. A nivel nacional se ha presentado una evolución algo diferente. El talante pacífico del cartel de Cali, combinado con la desaparición del cartel de Medellín, desembocaron en lo que podría ser denominado como el grupo económico más grande del país, y probablemente uno de los mayores del mundo. Por su sola dimensión irriga toda la economía nacional y su máxima aspiración es la influencia política. Y esto no ocurre por razones abstractas, sino muy concretas.
Las personas que son consideradas los jefes del cartel de Cali tienen en la actualidad una situación jurídica no definida. Todo el mundo sabe quiénes son y qué hacen. Pero nadie lo ha podido probar en forma contundente. Si se aplicara estrictamente el derecho, muchos de ellos tendrían que ser absueltos por la precariedad de las pruebas en su contra y su poderío económico para librar batallas jurídicas. No obstante, por razones políticas, son pocos los que se atreven a emitir esos fallos absolutorios en la actualidad. Por esto los presuntos cabecillas del cartel de Cali -los hermanos Rodríguez Orejuela, José Santacruz y Pacho Herrera- viven en una especie de limbo donde no pueden ser absueltos ni condenados. Sus procesos se prolongan en forma indefinida utilizando cuanto tecnicismo jurídico esté a la mano. Interesados en resolver esta situación, la meta de estas personas es conseguir el tratamiento más benévolo posible. Y ese tratamiento deberá ser definido de manera conjunta por el próximo gobierno, el nuevo Congreso y el actual Fiscal. Por todo esto, hacer méritos ante estas tres entidades es fundamental para la suerte de los carteles. Y nada más concreto como mérito que un buen cheque para financiar una campaña electoral.

EL PRESIDENTE, NO
Dentro de este panorama, toda persona que aspire a la Presidencia de la República tiene que combinar esta realidad con otra diametralmente opuesta: la exigencia, para el presidente, de unos criterios morales superiores a los que se aplican a los dirigentes regionales. Y. esta condición ha sido una constante a lo largo de toda la historia de Colombia. A pesar de que por años al país se le ha señalado internacionalmente como una narcodemocracia, lo que no ha legitimado esta acusación es precisamente el hecho de que la institución presidencial nunca ha sido cuestionada en esta materia. Casos como los de Manuel Antonio Noriega en Panamá o Luis García Meza en Bolivia serían absolutamente impensables. No sólo por los requisitos de política internacional sino por el celo que hay en la opinión pública a nivel nacional.
Por esto toda persona que aspire a ser presidente de la República tiene como principal requisito marcar distancias con el narcotráfico por razones éticas, morales y estrictamente prácticas. Lo único que acabaría de manera contundente con una aspiración presidencial es una vinculación probada con los dineros calientes. La totalidad de los medios de comunicación, y la clase dirigente en bloque, exigirían el retiro de dicho candidato. Particularmente en un país donde se vivió una sangrienta guerra de 10 años en defensa de esos principios. Esto hace que la política presidencial consista en un juego en que los narcotraficantes buscan infiltrar su plata y los candidatos a toda costa evitar que llegue.
La conclusión es entonces que en Colombia todos los aspirantes presidenciales tienen como prerrequisito el evitar cualquier asociación con el narcotráfico. Ante la penetración de éste en todas las esferas de la vida nacional, casi todo el mundo puede ser objeto de alguna vinculación directa o indirecta con los dineros calientes. Esta puede manchar la imagen de cualquier candidato aunque carezca de fundamento real. Para la muestra, Andrés Pastrana tiene tres primos hermanos que han sido condenados a cumplir penas de cárcel por delitos de narcotráfico o lavado de dólares sin que él tenga absolutamente nada que ver con eso. En medio de la campaña se enfrentó al problema de que uno de ellos, Gustavo Pastrana, había utilizado el nombre de Andrés y su candidatura ante unos agentes encubiertos de la DEA en Miami, y esto produjo unos casetes tan compremetedores como los de ahora. De este escándalo se salvó Pastrana porque, milagrosamente, ese día mataron a Pablo Escobar y porque toda la clase dirigente sabía que era inocente y que su nombre simplemente había sido utilizado.
En el caso de Samper, también había asociaciones posibles al tema del narcotráfico y más directas que en el caso de Pastrana. Dos hechos aislados de su carrera con varios años de diferencia podían unirse para crear un blanco potencial de ataque político. El primero, en 1976 y como director de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), fue su propuesta de legalizar la marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta. El segundo tuvo lugar cuando, en su condición de coordinador de la campaña de Alfonso López Michelsen en 1982, estuvo presente en una reunión en Medellín donde la tesorería regional de Antioquia recibió un aporte de 26 millones de pesos proveniente de quienes habrían de convertirse dos años después en los jefes del cartel de Medellín. Los dos episodios no tuvieron trascendencia en su momento, pero años después sí. La propuesta de legalización era una veleidad juvenil de un dirigente gremial antes de que existiera el negocio de la cocaína. Y la financiación de Escobar se recibió en un contexto de capitales emergentes de 1982, que tenían una dimensión asociada más con nuevo riquismo que con criminalidad.

ES MEJOR PREVENIR
Anticipando que en una campaña política como la de 1994 -que prometía ser sucia- era inevitable que estos dos hechos fueran utilizados en contra de Samper, se diseñó una estrategia preventiva. El aspecto central de esta estrategia era garantizar la limpieza de la financiación de la campaña. Para este efecto se establecieron mecanismos extremos para verificar el origen de los fondos que ingresaran a la tesorería. Se creó una nueva entidad jurídica -la Asociación Colombia Moderna- y se organizaron tres instancias de aprobación para el ingreso de cualquier donación superior a un millón de pesos.
La primera era el criterio individual del tesorero general. La segunda, la autorización de cada consignación, impartida por el gerente en forma escrita. Y la tercera, semanalmente todas las consignaciones tenían que ser revisadas por la junta directiva de la asociación, presidida por Fernando Botero como coordinador de la campaña. A estos controles internos voluntarios se sumaban dos controles externos obligatorios: la revisión del Veedor del Tesoro -cuya severidad ya es legendaria en Colombia- y el Consejo Nacional Electoral.
Por último, en septiembre del año pasado la campaña samperista decidió crear la figura del fiscal ético para ejercer un control a todas estas actividades. Para ello se designó a Jorge Valencia Jaramillo, por reunir la doble condición de haber militado en el Nuevo Liberalismo y ser senador por el Movimiento de Salvación Nacional, de Alvaro Gómez.
Las medidas tenían un sólo propósito: evitar el ingreso de los dineros del narcotráfico a la campaña. Medidas similares tomó la campaña de Andrés Pastrana con idéntico propósito. Y, a pesar de ello, esas estructuras no fueron suficientes para neutralizar la suspicacia internacional sobre el tema. En una visita realizada al Departamento de Estado de Estados Unidos a finales de octubre de 1993, Ernesto Samper fue informado por el subsecretario de Asuntos Interamericanos, Alexander Watson, sobre un informe de inteligencia según el cual los carteles de la droga habían tomado la decisión de infiltrar tanto la campaña de Samper como la de Pastrana. Esto no hizo sino aumentar el nivel de prevención sobre el asunto.

NUEVO TESORERO
En la primera etapa de la campaña samperista fue designada como tesorera la ex ministra de Justicia Mónica de Greiff. Duró solamente cuatro meses, pues el cargo tenía que ser de tiempo completo y ella prefirió permanecer como funcionaria de la Shell. Entonces los directivos samperistas escogieron para reemplazarla a Santiago Medina, por su trayectoria como tesorero de la campaña de Luis Carlos Galán, tesorero adjunto de la campaña de César Gaviria y tesorero general del Partido Liberal. Es él a quien en las transcripciones del casete se refieren con el apodo de 'Santi'. Medina aparece mencionado en una forma incriminatoria por la familiaridad, y exoneratoria por el contenido. Queda la clara impresión de que lo conocen los Rodríguez y de que ha hablado con ellos. Pero la conclusión de estas conversaciones es que les manifestó que el dinero de Julio Mario Santo Domingo era suficiente para financiar la campaña. Alberto Giraldo contradijo esta afirmación en su diálogo con Gilberto Rodríguez, afirmando que aquella "tenía tanto de largo como de ancho", pues el Grupo Santo Domingo debía tener un límite. De ahí sale la cifra de 3.000 millones de pesos adicionales y la aceptación de Rodríguez de estar en capacidad de darla. En otras palabras, Giraldo contradecía la afirmación de Medina en el sentido de que tenían suficientes recursos.
Del contenido del casete se desprende que los Rodríguez Orejuela buscaban llegar a las campañas por múltiples intermediarios. De todos estos el único que involucraría directamente a la campaña de Samper es Santiago Medina por su cargo oficial de tesorero.
Interrogado éste por SEMANA sobre su figuración en esa transcripción, respondió: "Yo no conozco personalmente a los Rodríguez. En una de las giras que hicimos a Cali como parte de la campaña fui abordado en el 'lobby' del Hotel Intercontinental por una persona que dijo representarlos. Manifestó su disposición de contribuir a la campaña de Samper. Cordialmente rechacé dicho ofrecimiento. Me preguntó entonces si la financiación del grupo era suficiente, a lo cual contesté afirmativamente, pues como Julio Mario Santo Domingo estaba decidido a que Andrés Pastrana no llegara a la Presidencia, nos había hecho saber que podíamos disponer de todo lo que necesitáramos. Esos han sido todos mis contactos con el denominado cartel de Cali".
Aparentemente Medina consideró conveniente informar de ese contacto a sus jefes, Ernesto Samper y Fernando Botero Zea. En una reunión celebrada en el despacho del candidato liberal en las oficinas de la Avenida de Chile en Bogotá, el tesorero les comunicó el ofrecimiento y la negativa que él había dado. Todos los presentes coincidieron en descartar de plano la propuesta por razones obvias.
El hecho es que Medina fue un tesorero formidable. Según manifestó a SEMANA, consiguió en su primeros ocho días lo que Mónica de Greiff no había logrado en cuatro meses: 250 millones de pesos. Y de ahí en adelante mantuvo la campaña en superávit casi hasta el final. Esta eficiencia, que lo convirtió en la estrella de la campaña. en un momento dado puede ser mirada con suspicacia a la luz de los hechos conocidos. Sin embargo, se puede demostrar que Medina tocó las puertas de todas las fuentes de financiación legítimas y tradicionales para producir este resultado.
Santiago Medina, dentro del contexto del escándalo actual, es un personaje controvertido. Fue el propietario del conocido almacén de muebles y decoración de Bogotá Portobelo, cuyos precios exorbitantes limitan el acceso a personas de altísimos ingresos. De ahí el rumor de que muchos de sus compradores tienen que haber sido dueños de capitales emergentes de toda clase. Esta circunstancia adquiere relevancia en la situación actual, y aunque fuera verdad, no es un delito. Cualquier persona que venda artículos de lujo en Colombia corre el riesgo de que parte de su clientela pueda estar asociada con dineros non-sanctos.
Por lo anterior es posible que todo el meollo del narcocasete radique en un punto: que Santiago Medina, aunque lo niegue, puede ser conocido de los Rodríguez Orejuela, como se deduce de la transcripción. Es posible también que haya sido abordado por ellos para discutir asuntos de plata. Pero también, como se deduce de la transcripción, Medina informó que el dinero de Santo Domingo alcanzaba. Esto está claro en el contenido del casete. También se ha podido establecer que el ofrecimiento le fue transmitido a Samper y a Botero y que fue rechazado.

SUSPICACIAS
Lo cierto es que esos dineros no llegaron. El contenido del casete, que ha sido la causa de la denuncia de Andrés Pastrana, evidencia en el fondo más una transmisión de mensajes que de plata. Pero como existe un margen de incredulidad por la diferencia entre las versiones de los protagonistas y el contenido de las grabaciones, quedaron flotando suspicacias al respecto.
Los hechos centrales son tres. En primer lugar, que nadie que haya estado con los Rodríguez Orejuela puede reconocerlo. En segundo término, que la campaña de Ernesto Samper no quería ni necesitaba la plata del cartel de Cali, no sólo por razones éticas y morales sino porque nadie financiado ampliamente por el establecimiento y con posibilidades de llegar a la Presidencia comete el suicidio político de aceptar un solo peso de los Rodríguez. En tercer lugar, es claro que a ningún narcotraficante le interesa darle dinero a Ernesto Samper sin que éste lo sepa, puesto que la única utilidad que tiene la donación es el agradecimiento del candidato.
Esta es la dimensión real de las conversaciones contenidas en el casete. Es lamentable que por cuenta de ellas se haya puesto en duda la honorabilidad tanto de Ernesto Samper como de Andrés Pastrana. El primero por gestiones de intermediarios y el segundo por las referencias a una supuesta donación de dos millones de dólares del cartel del norte del Valle del Cauca y a un seguidor político suyo de nombre Carlos Oviedo, cuya reputación ha sido cuestionada.
Pastrana ha negado categóricamente esas insinuaciones, y es evidente que dice la verdad. Al igual que Samper, habría cometido un suicidio político si hubiera recibido dineros calientes. Una cosa es tener seguidores en ese mundo a nivel regional y otra es aceptarles dos millones de dólares en efectivo.
Lo absurdo del bochornoso episodio del narcocasete es que se le haya hecho tanto daño a la imagen del país, por cuenta de chismes o interpretaciones cuyo origen son testimonios de narcotraficantes y de sus intermediarios. La verdad monda y lironda es que tanto Ernesto Samper como Andrés Pastrana son personas completamente ajenas a ese sórdido mundo. Ni ellos se merecen el agua sucia que les ha caído. Ni el país el agua sucia que le cayó. -
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