¡El negociazo!

El pasado 9 de marzo, el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, dio el visto bueno a una decisión que sin duda levantará gran polvareda. Ese día en las oficinas del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) los altos directivos de la entidad le plantearon la necesidad de acometer de forma ágil la construcción del corredor de TransMilenio por la carrera séptima, para poder cumplir la promesa de tenerlo listo antes de que terminara su mandato. De común acuerdo resolvieron que lo mejor era adicionar los 110.000 millones de pesos que cuesta la obra, a dos contratos que ya están en marcha en otros sectores de la ciudad.

Los beneficiados con este singular proceso de selección serán, por un lado, el Grupo Odinsa, que tiene a su cargo uno de los contratos para construir el TransMilenio de la carrera décima y, por el otro, el Grupo Cóndor y la firma Sainc, adjudicatarios del contrato para conservar la malla vial del centro.

SEMANA consultó al IDU y su directora Liliana Pardo fue parca en la respuesta: "Se han venido realizando reuniones con el objeto de analizar desde el punto de vista legal y técnico las diferentes opciones que permitan adelantar este proyecto bajo los principios que orientan la función pública y la contratación del Estado". Sin embargo, un documento interno que conoció esta revista es contundente en cuanto a que la decisión está tomada. "En reunión celebrada el 9 de marzo de 2010 en las instalaciones del IDU, el Subdirector General Jurídico acogió la propuesta de adición".

El millonario dedazo se sustentaría legalmente en que un contrato de obra pública se puede adicionar hasta en un 50 por ciento siempre que la adición sea parte del mismo grupo de trabajos inicialmente contratados. Pero adicionar a contratos existentes la construcción del TransMilenio de la carrera séptima presenta una serie de reparos.

El primero es que hay que hacer un gran esfuerzo para asumir que mantener unas vías es igual que hacer una troncal, y que la carrera séptima se puede considerar como una simple extensión de la décima. El segundo es que con la millonaria operación se estaría llevando al límite el cupo de adición que tiene el contrato de mantenimiento, lo que eliminaría la posibilidad de atender eventualidades futuras.

Pero aún se se aceptaran esos argumentos, por la sensibilidad que despierta este proyecto quizás la mayor controversia vendrá por cuenta de que no todo lo legal es necesariamente lo adecuado.

Por un lado, no hay que olvidar que una de las promesas del alcalde Moreno en su campaña era no construir esta troncal. Pero en octubre del año pasado anunció que había cambiado su posición. Entonces explicó que sería una versión light del sistema actual, pues entre la calle 72 y la 100 no habrá paraderos para los articulados, y los pasajeros en este tramo usarán buses alimentadores.

Por otro, sería conveniente que el IDU actuara con cautela para no dejar dudas sobre si esta selección es la fórmula más adecuada para encontrar el mejor proveedor con el mejor precio, que es lo que se quiere cuando se hace un proceso de selección pública. Sobre todo porque la entidad no pasa por su mejor momento luego del gran dolor de cabeza que significó el fracaso del contrato de los Nule en uno de los tramos de TransMilenio por la calle 26.

Apenas el miércoles 24 de marzo los dos contratistas que serían beneficiados con la adición recibieron cartas del IDU para pedirles sus propuestas económicas para hacer estos trabajos. Lo llamativo es que les dieron plazo hasta el viernes 26 para entregarlas. Dos días no parece ser un tiempo prudente para elaborar una propuesta para una obra de 110.000 millones de pesos.