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| 12/27/2014 12:00:00 AM

Así funcionaba el negocio de casas de la diputada capturada

Semana.com revela testimonios que tuvo en cuenta la Fiscalía para ordenar la captura de la diputada antioqueña Ángela María Cano.

Además de no poder caminar a causa de una prótesis de cadera, María Mireider Castaño carga desde hace seis años con otro peso a cuestas que no la deja dormir: haberse endeudado hasta los tuétanos por una casa que por lo menos hoy es un espejismo.
En el año 2008, María Mireider, empleada de una funeraria, conoció del proyecto gracias a su cuñado, un conductor de taxi que le escuchó hablar a la diputada de Antioquia Ángela María Cano de una solución de vivienda de interés prioritario, llamada San Miguel Arcángel.
Los apartamentos donde se incubarían los sueños y la futura familia del taxista se construirían en el municipio de Itagüí. “Ella cogió a todos esos muchachos de taxis y los envolvió. Y les dijo que en un año tenían la casa. De esa empresa de taxis tres más se metieron al proyecto”, dice.
María Mireider en un principio dudó pero luego de meditarlo bien le apostó. “Detrás mío se metió mi hermano y de paso mi mamá. Con mi cuñado fuimos cuatro personas de la misma familia los que invertimos en el proyecto”, explica.
Según esta mujer, que además tiene un hijo con discapacidad cognitiva, la diputada Cano les propuso invertir 13 millones 800 mil pesos para entrar al proyecto. De esa plata una parte iba para la constructora y la otra para el pago del lote. “Y así fuimos entrando todos”.
-¿Entre toda la familia cuánto dinero invirtieron en el proyecto?
-“55 millones 200 mil pesos”.
-¿Y qué tienen seis años después?
-“Nada, solamente deudas porque mi mamá y yo estamos pagando plata a interés. Seguimos pagando arriendo”, responde.
-¿Cómo consiguieron ese dinero?
“Con ahorros y la plata de las cesantías de todo el tiempo que he trabajado”.
-Pero alcanzaron a comprar el lote…
“Sí, en seis años apenas se compró el lote para construir 120 apartamentos”.
-¿Ustedes votaron por la diputada Cano?
“Ella nos hizo ir a reuniones de política, nos decía que la apoyáramos porque así iba a salir mas rápido el subsidio de vivienda. Ella hacía firmar planillas para que votáramos por ella”.
-¿Eso no es un chantaje?
“Sí, pero cuando uno quiere conseguir sus cosas cree ciegamente en todo lo que le ofrecen”, dice María Mireider desde el escritorio en el que trabaja.
En la mañana de este viernes, la diputada Ángela María Cano fue capturada por orden de un juez. La Fiscalía 276 Local de Itagüí informó tener pruebas para imputarle cargos a Cano por concierto para delinquir, estafa agravada, gestión indebida de recursos sociales y urbanización ilegal. Todo está relacionado con supuestas irregularidades en los proyectos San Miguel Arcángel y Santa Marta.
El general José Ángel Mendoza, comandante de la Región Seis de la Policía dijo que desde el 5 de febrero de 2013, 72 familias habían hecho las respectivas denuncias en la Fiscalía. En el mes de septiembre, SEMANA publicó la historia de los proyectos de vivienda fallidos.
Pero la historia viene de más atrás. Ángela María Cano obtuvo en las pasadas elecciones 16.956 mil votos. Sin embargo no alcanzó la curul por el Partido Liberal. Su escaño solo se hizo realidad cuando renunció Jaime Garzón Araque para aspirar a la Cámara de Representantes.
En medio de su ascenso en la carrera política (antes había sido concejala de Itagüí), Cano logró idear una fórmula para construir viviendas de interés prioritario, un método con el que no solo obtuvo votos, sino réditos económicos para su propia familia.
En dos oportunidades, no obstante, Cano le dijo a Semana.com que no era cierto que su familia hubiese ganado dinero de cuenta de los proyectos de vivienda. Y mucho menos que ella fuera una beneficiaria política del negocio. “¿Usted cree que 17.000 votos me los pusieron 500 soluciones de vivienda que he hecho? Usted no sabe que yo me monto en una chalupa para irme a buscar los votos en Puerto Claver, en El Bagre, en Puerto Nare o en Urrao; día y noche reburujando los votos. 
Usted no me puede decir a mí que me lucro políticamente. Yo tengo muchas familias agradecidas por su casa. Es como si a un ciudadano alguien le hace un favor, se lo queda debiendo. Eso pasa en mi trabajo social, conmigo y con cualquier diputado de este país”, dijo en septiembre pasado.
Varios de los proyectos de vivienda impulsados por la diputada funcionaban así: las comunidades conformaban una Junta de Vivienda. Para poder entrar, cada familia debía afiliarse a Corvidas, una corporación que cobraba un dinero para asesoría jurídica y financiera. Otro monto iba para DC Total Compañía Local de Diseño y Construcción S.A., firma encargada de elaborar los diseños y de construir los apartamentos. Con el dinero restante compraban el lote.
Pero el modelo falló. Siete años después, San Miguel Arcángel y Santa Marta solo llegaron hasta la fase de compra de la tierra. Casos similares fueron reportados desde los municipios de Ciudad Bolívar y Amagá. Se suponía que tanto Corvidas como la diputada Cano ayudarían en la gestión de subsidios de vivienda por parte de las administraciones municipales, el departamento y el gobierno nacional. Pero en varios de los proyectos nada de eso ocurrió. La seguridad con que contaban las familias era nada menos que la confianza y el prestigio que les brindaba la diputada.
Con el paso de los años, las Juntas de Vivienda comenzaron a denunciar irregularidades. Gloria Franco, representante legal de San Miguel Arcángel, dijo en varias ocasiones que dineros del proyecto eran usados para cubrir obligaciones de otras unidades habitacionales que estaban a medio construir, también con dificultades financieras. Cano siempre lo negó aduciendo que tanto Corvidas como la constructora DC Total eran empresas independientes y ajenas. 
Sin embargo, la realidad tiene otros matices. El representante legal de Corvidas es Carlos Andrés Moreno Roldán, yerno de la diputada Cano y padre su nieto. Moreno, también capturado, reconoce que Corvidas, como cualquier empresa, cobraba unos honorarios a las familias por sus servicios prestados.
La conexión de Cano también se ve reflejada en el Certificado de Existencia y Representación de la Constructora DC. Total. Su dueño es Gabriel Jaime Velásquez Rodríguez, quien fuera pareja sentimental de la diputada durante 11 años. Una hija de Cano, Sandra Leidy Vargas Cano, aparece en el tercer renglón de la junta directiva de DC Total, una compañía sin tradición en el mundo de la construcción. Fue constituida el 7 de julio de 2008, es decir, por la época en la que comenzó a tomar forma la idea de ejecutar el proyecto San Miguel.
Según la Fiscalía las irregularidades cobijan a 240 familias de estratos uno y dos. La afectación es calculada en 3 mil millones de pesos. Es por razón que muchos no entendieron por qué, una vez se produjo la captura de Cano, la presidenta de la Asamblea de Antioquia, Orfa Nelly Henao, emitió un comunicado oficial solidarizándose con su colega, quien por su puesto se presume inocente. Pero Henao no tuvo palabras de respaldo para familias como la de María Mireider, conformadas por hombres y mujeres de clases populares; familias que, pese a estar pagando durante seis años sendas deudas a prestamistas, no han visto clavar en sus lotes la primera piedra.
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