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| 3/17/2012 12:00:00 AM

El negocio del hambre

Cuando se destapó el escándalo de contratación de Bogotá, el caso del grupo Torrado, que tiene nexos con el senador Efraín Torrado, pasó inadvertido. Siguió operando contratos para alimentar niños y viejos a pesar de las dudas que lo rondan.

El senador Efraín Torrado fue un acicate para que se duplicaran los beneficiarios de los programas de alimentación que ofrece Bienestar Familiar. Así lo calificó el expresidente Álvaro Uribe durante un homenaje que se hizo a este senador en 2009; “No es fácil encontrar en la vida alguien cuyo propósito empresarial es creer en la ciudadanía y servirle. ¡Qué bonito!”, destacó Uribe. “Cada vez que me reúno con él –añadió- tiene la pregunta ‘Presidente, ¿en qué vamos con Familias en Acción? ¿En qué vamos con Bienestar Familiar?’ Colombia se aproxima a una meta propuesta por usted, senador Torrado, que haya plena cobertura nutricional a la niñez de los sectores pobres”.

Después, cuando reventó el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, se supo que el senador Torrado y su familia tenían un estrecho vínculo con empresas que estaban metidas en el negocio de los contratos de nutrición en todo el país. La primera noticia que se tuvo de lo que después se ha conocido como el grupo Torrado data de 2001, cuando el entonces alcalde de Bucaramanga, Iván Moreno, se vio envuelto en un escándalo porque, supuestamente, entregó de manera amañada un contrato por 3.711 millones de pesos para su programa Vaso de Leche. La firma beneficiada fue Internacional de Negocios, parte del llamado Grupo Torrado.

Y desde entonces han crecido de tal manera que, en un reciente debate en la Cámara, la representante Ángela Robledo reveló que entre 2009 y 2011 el Icbf destinó 191.000 millones de pesos para llevar alimentos a escuelas de diferentes departamentos. El grupo Torrado participó en consorcios y uniones temporales que ganaron negocios por 49.000 millones. “Esto equivale a decir que recibieron uno de cada cuatro pesos”, denunció la representante Robledo.

Y eso sin contar lo bien que les fue durante la administración de Samuel Moreno. En el informe que puso en blanco y negro el carrusel de la contratación, presentado por el entonces senador Gustavo Petro, se afirmaba que “El programa de la seguridad alimentaria de los pobres, que fue bandera del Polo en Bogotá, devino en el negocio de unos particulares, los dirigentes del Partido de la U Efraín y Édgar Torrado y sus parientes cercanos”. Según el informe, los contratos para ese grupo crecieron de 15.000 millones de pesos en la administración de Lucho Garzón a 161.000 millones en la de Moreno. Con el agravante de que los servicios de una de las empresas, Cooprosperar, “fueron muy mal calificados por la Contraloría Distrital durante el periodo de Garzón”.

El senador Efraín Torrado se defiende diciendo: “Nadie puede decir que yo trafico con influencias. En esos años también aumentó la experiencia, la capacidad, la infraestructura de estas empresas. Cuando participaban en las licitaciones, no tenían ninguna inhabilidad jurídica ni yo tenía ningún vínculo con ellos”.

El caso del grupo Torrado viene de nuevo a cuento porque, a pesar de todas las dudas que se han tejido a su alrededor, no solo sigue contratando en distintos lugares del país sino que sigue teniendo reveses. El más reciente fue en Medellín y explotó hace apenas unos meses. Allí, Alfaba y Surcolombiana, dos de las firmas del grupo Torrado, ganaron sendos contratos por un total de 14.000 millones de pesos. Desde temprano, las procesadoras de alimentos lanzaron alertas. Al correo del concejal Bernardo Guerra llegaban a diario quejas diciendo que Alfaba incumplía los horarios para entregar los alimentos, que los llevaba a punto de vencer, en mal estado y en raciones incompletas. “A veces nos tocaba salir de afán a comprar comida, de nuestro propio bolsillo, para ajustar el almuerzo de los niños”, dijo a SEMANA una procesadora. La interventoría de la Universidad de Antioquia encontró que Alfaba había suministrado arepas y salchichas vencidas. Y la Contraloría de Medellín notó que los alimentos eran preparados en desvencijadas cocinas. Varias cocineras contratadas por Alfaba se quejaron porque a sus cuentas llegaba el salario incompleto. Durante dos y tres meses descontaron exámenes médicos y vacunas que, dicen algunas, jamás les aplicaron. Alfaba defendió que esos gastos debían correr por cuenta de ellas. Al final, les devolvió el dinero.

A la otra empresa no le fue mejor. La Universidad de Antioquia notó que Surcolombiana no había entregado un dinero que debía darles a seis escuelas. Para demostrar que sí lo hizo, la empresa envió recibos que parecían ser falsos. Después de que le reclamaron, consignó la plata. La empresa dijo que las facturas dudosas fueron remitidas “por un error involuntario”. La Fiscalía investiga el caso. Finalmente, la Contraloría notó que Alfaba sumaba 1.607 inconsistencias en la ejecución de su contrato y Surcolombiana, 1.290. Los otros contratistas que llevaban alimentos a los niños no alcanzaban ni siquiera las 300 inconsistencias. Entonces la Alcaldía de Medellín caducó el contrato de Alfaba. Su representante legal dice que se trató de una persecución política del concejal Guerra y emprendió una batalla jurídica.

Así como en Medellín, las empresas del llamado grupo Torrado fueron blanco de críticas en varias partes del país. En Santander, madres de estudiantes denunciaron que dos empresas de ese grupo enviaban alimentos en estado de putrefacción y sin registro Invima. En Barranco de Loba (Bolívar), la Contraloría notó deficiencias en las instalaciones de un restaurante para adultos mayores. El menú no era el exigido por el Icbf y no se hacía oportuna entrega de los materiales para las manipuladoras de alimentos. La Procuraduría encontró que en Atlántico, Cesar, Sucre, Cauca y Magdalena la firma interventora advertía en sus informes que un contratista del mismo grupo tenía falencias en los utensilios y equipos que usaba para preparar los alimentos, en el plan de saneamiento, en el almacenamiento y en la distribución de las raciones.

“¿Usted cree que pueda ser un argumento sólido lo que dicen las auditorías, las interventorías, las juntas de acción comunal, las juntas de padres de familia, después de 15 o 18 años de experiencia en el sector? –se pregunta el senador Efraín Torrado–. Esto es una estrategia malvada política y empresarialmente”, dice.

Después de analizar los contratos del Icbf con sus contratistas, la Contraloría y la Procuraduría llegaron a conclusiones similares. “No se entiende cómo el Icbf desde el año 2006 contrata para algunos de sus programas los mismos operadores, a pesar de que en los informes de interventoría se establecen reiterados incumplimientos”, concluyó la Procuraduría. La Contraloría criticó la vigilancia del Icbf a los contratistas, que se limitaba a dos visitas al año. “No se efectúa un control relevante sobre la prestación del servicio, que presenta alto volumen de quejas por parte de la ciudadanía”, dijo la entidad. Ninguno de los dos organismos encontró sanciones después de los frecuentes incumplimientos.

Un castigo que se conoció fue el de la unión temporal Nutricol, en la que participó la empresa Cooprosperar, del grupo Torrado, que recibió un contrato en Cundinamarca por 7.000 millones de pesos en 2009. Después de varios incumplimientos, Nutricol propuso ceder el contrato para evitar su caducidad.

Efraín Torrado pasó de empresario a político en los noventa, cuando fue elegido concejal de Cúcuta durante dos periodos seguidos. Luego vivió en Estados Unidos y regresó. Fue elegido senador en 2006 por el Partido de la U con 41.000 votos y cuatro años después fue reelegido con el doble de votos. Cuando era empresario, integró la junta directiva de Internacional de Negocios, una de las empresas del grupo Torrado. Renunció antes de entrar a la política y su hermano Édgar lo reemplazó. Édgar fundó Cooprosperar y asesoró a la empresa Alfaba, según se lee en su hoja de vida. A él también le entró la espina de la política y en 2008 llegó al Concejo de Bogotá por el Partido de la U. Internacional de Negocios quedó en manos de dos de sus sobrinos. Otro sobrino ha figurado como representante o asesor de Internacional de Negocios, Cooprosperar, Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones y Unidos para Nutrir. Todas esas son las firmas consideradas parte del grupo Torrado.

Efraín Torrado dice que después de todo el lío llegó la tragedia a su familia. “Las empresas quebraron y la relación entre nosotros se deterioró. El pasado diciembre fue el primero que pasamos sin estar todos reunidos. Perdí mi familia, mi paz, mi tranquilidad y mi buen nombre”.
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