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| 9/24/2011 12:00:00 AM

El negocio de los paras en Tulapas

En un fallo histórico, un magistrado de Medellín acaba de ordenar que les devuelvan la tierra a 14 de las 120 familias a las que despojaron de sus fincas en uno de los más simbólicos desplazamientos en Urabá.

En Urabá, hablar de Tulapas es referirse al símbolo de lo que fue el despojo de las tierras de los campesinos a manos de paramilitares. En 1995, alias 90 les dijo a las 120 familias que ocupaban 20.000 hectáreas de tierra entre Turbo y Necoclí que tenían que desalojar sus predios por orden de Fidel y Carlos Castaño y de Salvatore Mancuso.

Las familias nada preguntaron. Solo corrieron. Para entonces Urabá ardía: los paramilitares y las Farc se enfrascaron en una guerra de masacres. El país oía de las matanzas de La Chinita, Los Cunas, El Oso, El Aracatazo y Policarpa. En 1995 se alcanzó el récord de 900 personas asesinadas en los pueblos de Urabá.

Los campesinos desalojados se fueron a otros pueblos e intentaron seguir su vida. De repente, empezaron a tocar a la puerta de sus casas hombres que llegaban a proponerles comprarles la tierra que habían abandonado. Los encontraron luego de seguir a sus familiares. Varias víctimas recuerdan que un señor Guido Vargas les propuso los negocios a nombre de la firma Inversiones Tulapa. Casi todos vendieron por precios irrisorios fijados por los compradores. Hubo casos en los que les pagaron apenas 35.000 pesos por hectárea y otros lograron recibir un poco más: hasta 220.000 pesos por hectárea.

Pero hubo casos aberrantes, como el de una familia que vendió su finca por nueve millones de pesos que Mancuso pagó con un cheque sin fondos. Jamás recuperaron el dinero. O el de un campesino que vendió a 100.000 pesos cada una de las 200 hectáreas de su finca. Le dieron un anticipo de diez millones y luego le dijeron que era más pequeña, que la volviera a medir. El campesino prefirió no hacerlo. Nunca le dieron el saldo.

Una vez legalizado el despojo, Tulapas se convirtió en la sede del comando de operaciones de las AUC. Mancuso admitió a la justicia que "el comandante Castaño" le ordenó comprar fincas en la zona de Tulapas para montar un campamento paramilitar llamado 24: "Guido Vargas fue un muchacho comisionista de la región que me presentaron los comandantes Castaño para que fuese el encargado de comprar las tierras en la zona".

En 2006, las víctimas de Tulapas decidieron contarlo todo y reclamar las tierras. Muchos de los procesos están pendientes en despachos judiciales. Sin embargo, en 2007, Freddy Rendón, alias el Alemán, como cooperación con la justicia ofreció al Fondo de Reparación un paquete de 15 fincas de Tulapas (700 hectáreas), que, según dijo, eran suyas y estaban a nombre de dos testaferros.

Con esa oferta, los fiscales se dieron cuenta de que los jefes paramilitares habían hecho un acuerdo para que el Alemán se quedara con todos los predios usurpados. La idea era que entregara una parte al Fondo de Reparación y destinara otra parte para proyectos de los desmovilizados. En 2009, las 15 fincas ofrecidas por el Alemán entraron al Fondo, y empezó otro problema, pues si se las entregaban a otras víctimas se verían perjudicados los dueños que las venían pidiendo con anterioridad.

El tira y afloje fue difícil. Tenían que demostrar que sí había habido desplazamiento. Guido Vargas, por ejemplo, declaró que los negocios se hicieron por voluntad de los vendedores y que no hubo presiones. En medio del proceso fue asesinado David Góez, testigo clave ante la Fiscalía y uno de los reclamantes de tierras. Al mediodía del 23 de marzo pasado, recibió cinco disparos cuando salía del centro comercial La Gran Vía, de Medellín.

Pero eso no detuvo el ímpetu de los reclamantes. Al contrario, el caso pasó a manos del magistrado de control de garantías Olimpo Castaño, quien encontró una fórmula sencilla: más allá que tratar de probar el desplazamiento, se aferró a la confesión del Alemán, que dice que las fincas fueron compradas con plata de extorsiones, y a las pruebas que entregó la Fiscalía para demostrar que las ventas se hicieron con firmas falsificadas o usando falsos poderes. Con eso fue suficiente para anular las cinco escrituras en las que se registraban las ventas de las 15 fincas.

Estas tierras vuelven entonces a ser propiedad de quienes tuvieron que salir de ellas desde 1995. Esta decisión se suma a otro fallo reciente, también único, por el cual dos empresarios de Urabá fueron condenados por despojar de sus tierras a campesinos de la zona; y a la también reciente investigación de la Superintendencia de Notariado que mostró maniobras fraudulentas en la compraventa de más de 40.000 hectáreas en Urabá. Sin duda, se abre una luz de esperanza para la restitución de tierras.

Sin embargo, también hay que decir que retornar, cuando aún en Tulapas están asentadas las personas que infunden temor, no será fácil.
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