Martes, 24 de enero de 2017

| 1997/06/30 00:00

EL NUEVO ALFONSO

El nuevo Fiscal tiene mucho que hacer, pero muy poco frente al proceso 8.000.

EL NUEVO ALFONSO

Esta vez no hubo palo. La elección de Alfonso Gómez Méndez como nuevo fiscal general de la Nación el jueves de la semana pasada por parte de la Corte Suprema de Justicia fue relativamente fácil. La verdad es que los magistrados del máximo tribunal no tuvieron mayores dificultades para escogerlo como reemplazo de Alfonso Valdivieso. Aunque días antes de la elección circularon rumores en el sentido de que varios magistrados de la alta corporación habían comprometido su voto, movidos algunos por afectos regionales y otros por intereses políticos -hecho sin precedente en la historia de la Corte-, lo cierto es que la exposición que Gómez Méndez hizo, en la que insistió en el fortalecimiento de las investigaciones realizadas por el Cuerpo Técnico de la Fiscalía, y su experiencia en derecho penal fueron suficientes para que 16 de los 23 magistrados apoyaran su aspiración.
Aunque el nombre de Alfonso Gómez Méndez gozó desde un principio de la aceptación de la mayoría de los magistrados de la Corte, hubo un momento en que tomó mucha fuerza el del consejero de Estado Manuel Urueta, quien contaba con el respaldo de varios de sus paisanos costeños. Sin embargo, luego de escuchar las exposiciones de los aspirantes, incluida también la de Saturia Esguerra, la otra candidata, la balanza se inclinó mayoritariamente por el abogado tolimense, ex procurador general de la Nación y actual representante de Colombia en el Consejo de Estupefacientes de la ONU.
La exposición de Gómez Méndez ante los magistrados el jueves en la mañana disipó cualquier duda que tuvieran acerca de sus calidades personales y profesionales. Inclusive, al final logró arrebatarle dos de los cinco votos costeños con que contaba Urueta. "No es que la exposición del doctor Urueta haya sido mala sino que la del doctor Gómez Méndez fue muy buena", dijo a SEMANA uno de los magistrados de la Corte Suprema.
A ello contribuyó, además, la claridad con la que se refirió al papel que jugó como defensor del ex ministro Rodrigo Pardo, investigado por Valdivieso por el presunto delito de encubrir la financiación ilícita de la campaña de Ernesto Samper. "Nada de ello puede comprometer mi absoluta independencia", dijo Gómez Méndez a los magistrados. Al final no quedó duda en el sentido de que el nuevo Fiscal supo sacar provecho de las dos grandes ventajas que tenía frente a sus contrincantes: ser penalista y tener una enorme aceptación dentro de la Corte Suprema, especialmente en la sala penal.
Lo que viene
Sin duda alguna los retos que esperan a Alfonso Gómez Méndez van a ser mucho más complicados que su propia elección como Fiscal General. Primero deberá cumplir con lo que ofreció ante la Corte. Es decir, tendrá la obligación de fortalecer los mecanismos de investigación que permitan acabar, o por lo menos disminuir significativamente, los altos índices de impunidad. Esta tarea no será nada fácil en un país donde el 99 por ciento de los delitos quedan sin castigo de acuerdo con investigaciones realizadas por la Corporación Excelencia en la Justicia.
Pero Gómez Méndez deberá sortear otros escollos. Para nadie es un secreto que el nuevo Fiscal no despierta mayor entusiasmo en un sector de las Fuerzas Militares. Durante su desempeño como Procurador General se le reconoció siempre como defensor de los derechos humanos. Siendo jefe del Ministerio Público acusó a varios militares. Uno de ellos fue el general Jesús Armando Arias Cabrales, a quien recomendó destituir por los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia en 1985. Esa decisión no tiene precedentes en la historia del país.
Por esa razón no faltan quienes dentro de las Fuerzas Armadas lo vean como un perseguidor de esa institución. Para el ex ministro de Defensa Rafael Pardo el nuevo Fiscal ha tenido que cargar con una cruz que no merece: "La consideración que se tiene es injusta. Alfonso Gómez Méndez no ha actuado nunca en contra de las Fuerzas Militares. En su momento, sólo hizo desde la Procuraduría lo que creyó que debía hacer en cumplimiento de la ley".
Pero Gómez Méndez también deberá tener una participación bastante activa en el debate que se ve venir acerca de la conveniencia o no de la llamada justicia regional, o sin rostro, mecanismo que arrojó muy buenos resultados en el pasado reciente, especialmente en la lucha contra los grupos narcoterroristas, pero que empieza a ser cuestionado seriamente por algunos organismos de control y por el Congreso de la República. Curiosamente, el propio Gómez Méndez fue víctima de ese mecanismo cuando, como testigo en el proceso a Eduardo Mestre, a quien conoció siendo embajador en Viena (Austria), debió someterse al trato intimidatorio de un fiscal que le hablaba a través de una cabina blindada.
Sin embargo la gran batalla de Gómez Méndez será en el campo del enriquecimiento ilícito, materia que domina desde sus años de parlamentario, cuando en 1987 presentó un proyecto de ley para penalizarlo. A la postre dicho proyecto fue hundido por sus colegas. Años después, siendo Procurador, fue uno de los creadores de la ley 1895 de 1989, que es considerada el fundamento jurídico del llamado proceso 8.000.
Precisamente esta ley fue la que convirtió en delito el enriquecimiento ilícito derivado del narcotráfico. El propio Gómez Méndez debió aplicarla para poder destituir al ex director de la Policía, general Guillermo Medina Sánchez. Como abogado penalista no compartió algunas interpretaciones que hizo la Fiscalía en lo relacionado con el enriquecimiento ilícito. No obstante, considera que la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre esa materia dejó las cosas en su sitio y que lo único que hay que hacer es someterse a su ordenamiento.

El gran reto
De lo que no queda duda es que la administración de Gómez Méndez será bien distinta a la de Valdivieso. En primer lugar, en su calidad de penalista él será la persona que tome las decisiones jurídicas en los asuntos centrales y las investigaciones más delicadas. Gustavo De Greiff y Alfonso Valdivieso debieron apoyarse en sus vicefiscales penalistas por no ser ésta su especialización.
Analistas consultados por SEMANA consideran que Gómez Méndez tendrá la obligación de 'desochomilizar' la Fiscalía General. En otras palabras, si bien es cierto que el nuevo Fiscal deberá continuar con la lucha contra la corrupción política, también lo es que está obligado a ocuparse de otros frentes delictivos que nada tienen que ver con el ingreso de dineros del narcotráfico a las arcas de las campañas. Muchos están pendientes de qué va a pasar con el proceso 8.000 en manos de Gómez Méndez. Pero lo cierto es que la suerte de la mayoría de los implicados salió de la órbita de la Fiscalía y está en manos de los jueces. Lo que quiere decir que el proceso 8.000 no será el tema central de la gestión del nuevo Fiscal. Gómez Méndez tendrá que resolver, de todas maneras, casos como los del ex ministro Horacio Serpa, el del ex consejero presidencial Fernando Cristo y el del coronel Germán Osorio.
La otra diferencia que el propio Gómez Méndez se encarga de resaltar tiene que ver con futuras aspiraciones políticas. Durante la audiencia, la Corte había advertido que esperaba que el nuevo Fiscal cumpliera con la totalidad de su período. Gómez Méndez no sólo se comprometió a ello, sino que aseguró a SEMANA que "mi caso servirá de ejemplo para demostrar que no se puede aspirar a cargos de elección popular inmediatamente después de haber desempeñado un cargo público. No lo hice como Procurador y tampoco lo voy a hacer como Fiscal".
Por lo pronto, Alfonso Gómez Méndez convenció a la Corte Suprema y al país de que su nombre era el más indicado para suceder a Alfonso Valdivieso. Tiene por delante cuatro años para demostrar que la Corte no se equivocó con su elección.

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