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| 5/23/2004 12:00:00 AM

El nuevo enemigo

La presión militar del gobierno y la extradición han hecho que, en algunas zonas, paramilitares y guerrilleros encuentren puntos de acuerdo. Una nueva guerra puede estarse gestando.

Hace exactamente 40 años, un 27 de mayo de 1964, unos combates en las montañas del Tolima entre un grupo de 48 campesinos mal armados y tropas del Ejército le dieron vida a las Farc. Esas escaramuzas en el municipio selvático de Marquetalia marcaron el comienzo de la guerra antisubversiva y uno de los ciclos más largos de la violencia en Colombia. Hoy, luego de cuatro décadas y de ríos de sangre, esa guerra que comenzó con un puñado de rebeldes en la cordillera Central ha entrado en su fase definitiva.

Para algunos, la guerra llegó a su etapa final. Según esta tesis, la presión militar del Ejército tiene acorraladas a las Farc y se esperan fuertes coletazos terroristas en las grandes ciudades como actos de desesperación de la agonía militar de este grupo armado. Para otros, los éxitos militares del gobierno y la sensación de mayor seguridad es sólo producto de un repliegue táctico de unas Farc que están escampando en las selvas la feroz ofensiva del gobierno de Álvaro Uribe.

Pero esta visión tradicional del conflicto interno está impidiendo ver lo que realmente se está gestando en Colombia: una nueva guerra y un nuevo enemigo. Un enemigo con barba de revolucionario, alma de terrorista, bolsillo de narco y con un brazalete de las Farc en su brazo izquierdo y uno de las AUC en el derecho. Aunque las alianzas entre la guerrilla y los paramilitares contra el Estado son todavía embrionarias y localizadas, podrían cambiar el escenario de la guerra en Colombia. Como bien lo dijo el analista Joaquín Villalobos: "Hay que ver si la guerra colombiana es el último conflicto ideológico de la guerra fría o la primera guerra económica del narcotráfico del siglo XXI".

El aniversario de los 40 años de las Farc ha marcado el paso de la primera guerra a la segunda. Y el narcotráfico parece ser el catalizador de estos singulares pactos que, con toda razón, tienen preocupado al gobierno.

El 27 de abril pasado el presidente Álvaro Uribe dijo en un comunicado que "a las conocidas y reiteradas amenazas contra el Presidente de la República por parte del ELN y las Farc se han sumado en las últimas semanas amenazas de sectores de autodefensas y narcotraficantes".

Semanas atrás el gobierno había recibido información de que un jefe del Bloque Central Bolívar (BCB) habría tenido una reunión en el Magdalena Medio con uno de los comandantes del Bloque Central de las Farc y con un grupo de narcotraficantes. El tema en común de hombres tan antagónicos fue la extradición.

Pero este no es el único episodio que señala acercamientos entre los enemigos históricamente acérrimos. Fuentes de inteligencia tienen indicios de que en el Valle del Cauca las Farc, en cabeza de Pablo Catatumbo, tienen contactos con el narcotraficante Wilber Alirio Varela, 'Jabón', y que en ocasiones guerrilleros de las Farc le han brindado protección al capo en las zonas montañosas de Barragán y Tuluá.

En Casanare, las autoridades de Policía y de Fuerza Aérea han recibido reportes de acciones bélicas conjuntas entre miembros de las Autodefensas Campesinas de Casanare dirigidas por 'Martín Llanos' y guerrilleros de las Farc. Esta vez el enemigo común es el Bloque Centauros de las AUC que comanda Miguel Arroyave.

La Fiscalía tiene indicios de que en los Llanos Orientales se han hecho pactos entre autodefensas y guerrilleros para respetarse mutuamente los sembrados de coca que controlan y que en Tumaco los guerrilleros de las Farc atraviesan sin problema zonas de control paramilitar, y viceversa.

Aunque estos hechos parezcan insólitos, no son nuevos. En el país hay antecedentes que demuestran que cuando existen intereses comunes, los polos opuestos terminan por atraerse. Pablo Escobar contó con la protección de las milicias del ELN en el barrio Moravia de Medellín después de su fuga de La Catedral, y un grupo del desmovilizado EPL terminó bastante emparentado con las autodefensas en Urabá para protegerse de las Farc, su enemigo común.

¿Qué hizo esta vez que dos enemigos tan viscerales como los paramilitares y la guerrilla terminen con pactos en varias regiones del país? La explicación puede estar en tres frentes de batalla donde tienen problemas idénticos: el militar, el económico y el jurídico.



Tres batallas cruzadas

Que la política de seguridad democrática ha permitido que el Estado retome el control de territorio es un hecho. La mejoría es visible, es de fondo y es irreversible en algunos puntos. Un gran logro es que hay una estrategia de seguridad concreta, con metas precisas e indicadores para medirla. Los avances contra las Farc ya no se sopesan según las bajas de guerrilleros, ni tampoco en el monto de la inversión o el aumento en el número de soldados. La seguridad de los ciudadanos se mide hoy con cifras concretas: si hay más o menos homicidios, secuestros o ataques a pueblos. Y en eso los resultados son contundentes. (Ver cuadro).

La fuerza pública está en todo el territorio nacional. Hoy hay 168 municipios con Policía que no tenían ninguna protección del Estado y más de 140 tienen soldados campesinos, una institución que ha resultado ser clave en la estrategia de aislar a la guerrilla.

Además, el Ejército ha llegado con contundencia a la selva, demostrando que no es imposible pensar que el Estado colombiano tenga presencia sobre todo su territorio. Operaciones como la que se hizo contra 'Sonia', cuando fuerzas élite se metieron al corazón de las Farc, la sacaron junto con 16 escoltas y su información, y todo con sólo un disparo, revelan el progreso en materia táctica y de inteligencia

El éxito en la lucha contra el secuestro es quizás el que más tranquilidad ha traído a las clases altas y medias urbanas, que no querían salir de las ciudades por temor a las pescas milagrosas. El principal avance es que el gobierno pasó a la ofensiva. Identificó los mayores grupos de secuestradores: el frente Carlos Alirio Buitrago del ELN en Antioquia y el frente 22 en Cundinamarca, y se fue con sostenidas operaciones militares contra ellos para desarticularlos. Por eso el secuestro prácticamente desapareció de Cundinamarca, y bajó significativamente en Antioquia.

Lo que se hizo en estos departamentos no sólo tuvo impacto sobre el secuestro. El golpe en Cundinamarca cortó la comunicación de la guerrilla con los cascos urbanos y desarticuló sus principales frentes por completo. En otras partes del país se está tratando de hacer lo mismo, con mayor o menor éxito.

En este momento la operación en curso más importante es el Plan Patriota, que se lleva a cabo en el Caquetá, el bastión de las Farc. Hasta donde se sabe ha sido muy costosa para las Fuerzas Armadas, en vidas, en heridos por minas quiebrapatas y explosivos; también ha sido traumática para la población civil, y aún no se conoce el impacto real sobre las Farc. Aunque a juzgar por la virulencia con la que están resistiendo, se hace evidente que allí puede estar en juego su existencia misma. A diferencia de las operaciones anteriores (aun el bombardeo a Casa Verde de 1990), esta ofensiva del Estado será sostenida en el tiempo, intensa, y está siendo dirigida por los propios generales en el terreno.

Aunque el Plan Patriota se ha centrado en el combate a las Farc, los paramilitares han recibido más golpes que bajo ningún gobierno anterior. En el último año y ocho meses del gobierno Pastrana fueron abatidos 228 miembros del paramilitarismo, y en el mismo lapso de este gobierno han sido abatidos 664.



Tras el rastro del dinero

Si en el terreno militar las Fuerzas Armadas tienen un parte de guerra positivo, en el tema de las finanzas las Farc siguen siendo muy fuertes. Según el Ejército, los frentes del Ariari, que manejan parte del narcotráfico de las Farc, hasta ahora no han sido afectados.

La evidencia de crecientes nexos entre guerrilla y narcotráfico ha crecido. Por ejemplo, en la captura de Omaira Rojas Cabrera, también conocida como 'Sonia', el Ejército informó que en el computador que le incautaron encontraron evidencias de negocios con el condenado narcotraficante Leonidas Vargas.

Pero más preocupante es el hecho de que al país le salió un nuevo gran secuestrador: los grupos de autodefensa. Resulta irónico que quienes nacieron como una reacción contra el secuestro (hay que recordar que Muerte A Secuestradores fue el primer grupo paramilitar) comienzan ahora a aparecer en el escenario como el segundo grupo que más secuestra en el país. Entre enero y abril de este año, las Farc secuestraron a 85 personas y las AUC, a 52. Ya superaron al ELN (que secuestró 41) y si siguen a ese ritmo, al finalizar el año se habrá más que duplicado su récord del año pasado.



El fantasma de la extradición

La extradición se volvió también un tema común tanto de guerrilla como de paramilitares. Por el lado de las Farc, casi toda la comandancia está en la lista de grandes narcotraficantes, ya se pidió en extradición al 'Negro Acacio' y están listas las solicitudes de extradición del 'Mono Jojoy' y Fabián Ramírez. Así mismo, la extradición ronda los procesos de 'Sonia' y 'Simón Trinidad'.

En el caso de las autodefensas la solicitud de extradición de la mayoría de los 10 jefes que acordaron hace dos semanas concentrarse en Tierralta, Córdoba, pesa como una espada de Damocles en el proceso de paz. Como ya les dijo Uribe, si no hay propósito de enmienda, ahí está esperándolos una cárcel en Estados Unidos.

La justicia, que había sido incapaz frente a los jefes de las autodefensas y los del narcotráfico, también está apretando las clavijas. La semana pasada la Fiscalía profirió dos medidas de aseguramiento con orden de captura contra el jefe paramilitar Miguel Arroyave, por hurto de ganado, concierto para delinquir y entrenamiento para actividades ilícitas en el Meta y el Guaviare. Así mismo aceleró las investigaciones preliminares contra otro pez gordo del paramilitarismo, Javier Montañez, 'Macaco'.

La respuesta de los jefes de las AUC ha sido un cada vez más marcado discurso antigubernamental que incluso llega a parecerse mucho a la retórica izquierdista. "No sé con qué cara llegan (los militares) hoy a tantos territorios donde la población habría querido verlos cuando ondeaban las banderas del ELN y las Farc", dijo 'Jorge 40' en una entrevista reciente en el periódico El Tiempo.

Aunque las autodefensas hacen parte de un proceso de paz, su poder desestabilizador sigue siendo fuerte. En una de las reuniones de Santa Fe de Ralito, uno de los jefes paramilitares dijo que una prueba de que habían mantenido el cese del fuego era que la izquierda había llegado al poder en varias ciudades sin que hubiesen ocurrido magnicidios. Esta suerte de amenaza velada dejó en claro la gran capacidad de chantaje que tienen los paramilitares.

Aunque el potencial desestabilizador de los jefes paras no sea tan grande como lo fue el de Pablo Escobar cuando obligó al Estado a escribir las leyes a su acomodo, sí es considerable. Y estará ahí latente a lo largo de la negociación de paz de Santa Fe de Ralito.

Eso, sin contar con que puede haber disidencias de las AUC que estén dispuestas a arremeter contra el Estado. Según fuentes de inteligencia, ya hay un grupo que quiere, por ejemplo, montar una guerrilla de extrema derecha que atentaría contra figuras democráticas. Los analistas creen que con esto buscan a la vez reivindicar su condición política y ablandar la posición negociadora del gobierno.

No le ha quedado entonces más remedio al gobierno que jugar duro en la mesa con las AUC, a la vez que sostiene una difícil y costosa ofensiva contra las Farc y contra los capos del narcotráfico. No es probable que ceda en ningún frente. Como dijo un alto funcionario de gobierno, "el Presidente está jugado, y ya sabe que le toca pelear contra todos al tiempo".



¿Seguridad sostenible?

Este embrión de alianzas entre paras y guerrillas en distintas regiones del país, y con el narcotráfico siempre de telón de fondo, les impone nuevos desafíos tanto a la política de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe como a la negociación de paz que está adelantando con las autodefensas.

En una encuesta hecha por el gobierno para uso interno, en la que se incluye la percepción de los habitantes de pequeños pueblos, no le va tan bien a éste como en las difundidas encuestas de las principales ciudades: 49,5 por ciento de los encuestados consideran que su seguridad está mejorando gracias a las fuerzas estatales, pero 40,9 por ciento dicen que su seguridad no ha cambiado, aunque perciben una mejoría general. En algunas zonas, los resultados deben tener al gobierno preocupado: en la Costa Pacífica más gente percibe que su seguridad no ha cambiado que la que percibe una mejoría, y casi 10 por ciento cree que ha empeorado en el actual gobierno.

Es imposible recuperar un territorio en forma duradera si la gente no está del lado del Estado. La 'reconquista' no puede ser sólo militar, y eso lo reconoce la misma política de seguridad democrática. Quitarles definitivamente el dominio a las Farc y a las autodefensas implica protección social, oportunidades de empleo y prosperidad económica. Eso es construir la legitimidad del Estado.

Además, la capacidad que todavía tienen las Farc de hacer daño es enorme. El terrorismo urbano es una amenaza permanente. La sola incautación por la Dijin el viernes pasado de una tonelada de explosivo anfo, con el que al parecer querían volar un túnel de la vía de Bogotá al Llano, causa escalofrío.

Paradójicamente, en su ofensiva el gobierno puede terminar incentivando esa alianza siniestra, hasta ahora embrionaria, de paras, narcos y guerrilla, en contra del Estado. Y de paso, provocar un nuevo terrorismo, bien financiado. Los costos para el país serían muy altos, y pondría en riesgo muchos de los logros del actual gobierno.

Por eso es clave que donde el Estado está llegando con la guerra, se garantice además de la seguridad, la legitimidad democrática. Sólo así será posible enfrentar a ese nuevo enemigo que podría estarse incubando al calor del narcotráfico.
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