El nuevo lío con los camiones recolectores

Esta semana comenzarán a rodar los primeros 25 vehículos compactadores de basura por Bogotá alquilados por el Distrito. Después de casi tres semanas en que los equipos permanecieron en el puerto de Cartagena a la espera de que se resolviera el trámite legal para su nacionalización, por fin, tienen luz verde para llegar. Sin embargo, los problemas para que el sueño del alcalde Gustavo Petro de tener una flota recolectora de basura se cumpla, no terminan.

La entrada de esos camiones arrancó mal. El deterioro evidente de los equipos y la falta de limpieza, casi dan al traste con el plan de Petro. Tanto así, que hace más de una semana el alcalde encargado, Óscar Sánchez, tuvo que renegociar el contrato de alquiler de los vehículos. El Distrito decidió que solo ingresarían al país 70 camiones compactadores, en lugar de los 170 que inicialmente aparecían en los contratos.

SEMANA conoció tres facturas en las que la empresa Aguas de Bogotá, que es del Distrito, aparece como compradora de 22 vehículos compactadores, dos barredoras y un camión a la empresa Capital Técnico (una empresa panameña con sede en Miami). Las facturas tienen montos por 784.410 dólares (1.383 millones de pesos); 51.100 dólares (90,1 millones de pesos) y 28.580 dólares (50,3 millones de pesos) respectivamente. El hecho no tendría la menor importancia si desde el comienzo la Alcaldía no hubiera dicho que los carros —de segunda mano— que llegarían, no los estaba importando el Distrito, sino que serían alquilados por seis meses a la Unión Temporal Districapital.

¿Por qué ahora aparecen facturas a nombre de una empresa distrital entre los papeles de importación? Las normas colombianas impiden importar vehículos usados. De eso era consciente la alcaldía. Un documento elaborado por el Acueducto, que da cuenta del plan de Petro para activar la empresa distrital de aseo a finales del año pasado, advierte que “el Concepto 54 de 2007 de la Dian, prohíbe la compra y adquisición de vehículos usados”. No obstante, cuando se trata de un asunto de emergencia, una entidad del Estado puede importarlos. Este era el caso.

Sin embargo, los vehículos llegaron a Cartagena y los contratistas pretendían entrarlos al país como “bienes de capital”. Fue entonces cuando se suspendió el proceso de nacionalización, pues bajo esa figura no era posible que las autoridades aduaneras permitieran su ingreso. El tiempo corría y la crisis por las montañas de basura sin recoger alcanzaba cotas no imaginadas. Entonces, la Dian y el Distrito comenzaron a buscar las fórmulas para permitir la entrada de los vehículos. Al final se resolvió que el Distrito y los contratistas agregarían un otrosí al contrato para pasarle los carros y así el primero podría aparecer como responsable de la nacionalización. Y así se hizo. Hasta ahí no hay nada ilegal, según explicaron varias fuentes.

El problema surgió porque ahora entre los papeles aparecen las facturas con fechas del 11 de diciembre en las que el Distrito figura como comprador. Aunque María Victoria Duque, vocera del Distrito, indicó que esas facturas no tienen validez ni sirven para nada en el proceso de importación, reconoció su existencia. “La ciudad solo pagará cuando los camiones comiencen a rodar aquí, según dice el contrato”, dijo.

En el mismo sentido el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, explicó que las facturas mencionadas no hacen parte del proceso de importación. “Esos documentos, en nuestra presunción son falsos”, dijo. Y César Álvarado, abogado de los contratistas, señaló que los compradores son los socios de la Unión Temporal Districapital, no el Distrito.

Es probable que en el afán de agilizar el trámite para ingresar los vehículos, a alguien se le ocurriera pedir el cambio del nombre del comprador en la factura. De todas maneras, eso tendrá consecuencias legales. Alguien debe responder por lo que podría constituirse como un fraude en documento. La irregularidad se añade al rosario de tropiezos por falta de previsión que ha tenido Petro para llevar a cabo su plan “basura cero”.