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EL NUEVO NARCOTRAFICO

El robo de gasolina y de petróleo por parte de paramilitares y guerrilla se ha convertido en otra gigantesca fuente de financiación que está desangrando la economía del país.

23 de septiembre de 2002

Sandra* es una rubia grande y esbelta, de ojos cafés y con una tímida voz de adolescente. Tiene pinta de ejecutiva atractiva y, sin embargo, esta joven de 26 años representa la punta de lanza de la nueva guerra que emprendió el Estado colombiano.

La misión de la teniente del Grupo de Hidrocarburos de la Dijin es combatir el robo de gasolina, un fenómeno que por su peligrosidad y por las millonarias sumas de dinero que involucra evocan las épocas del cartel de Pablo Escobar. El negocio es tan lucrativo que recientemente Carlos Castaño dijo en una entrevista por televisión que las autodefensas reemplazarán la financiación que les aporta hoy la coca con la gasolina robada.

El problema se ha vuelto crucial para el país. Si el petróleo se convirtió hace años en la sangre que bombea el corazón del ELN hoy los paramilitares se han convertido en los auténticos vampiros del poliducto. Y, desde hace un lustro, las Farc están tratando de desplazar al ELN de la regional petrolífera de Arauca para quedarse con la jugosa tajada de las regalías que ayudarían a aceitar aún más su artillería de guerra. Es decir, en el centro y norte del país los paramilitares succionan la gasolina y en el oriente la guerrilla le arrebata los recursos al Estado por la vía de las regalías del petróleo.

Este tema ha sido catalogado por el gobierno de Alvaro Uribe como de seguridad nacional debido a sus implicaciones militares y económicas. Primero, porque la gasolina se está convirtiendo en el mayor combustible de la guerra, acercándose cada vez más a las drogas ilícitas. Segundo, porque debido a la fragilidad económica que atraviesa el país no se pueden perder las divisas petroleras, uno de los pilares fundamentales de las finanzas públicas. Y tercero, porque mucho de lo que se roban por esa vía los actores armados ilegales es dinero que precisamente hace falta para combatirlos. En este sentido es peor para el Estado colombiano que los paramilitares y los guerrilleros se financien con gasolina o petróleo que con la coca.

Las cifras hablan por sí solas. Entre 1999 y julio de 2002 el país perdió por robo de combustible 255 millones de dólares, exactamente los recursos adicionales que el gobierno espera invertirles a las Fuerzas Militares con el nuevo impuesto al patrimonio. Por otro lado, de los 1.200 millones de dólares en regalías petroleras que le han entrado a Arauca las autoridades calculan que como mínimo unos 200 millones de dólares han llegado directamente a manos del ELN. Y sobre la inversión de los otros 1.000 millones de dólares ha tenido un control casi absoluto. Es decir, que el Estado, directa o indirectamente, le ha transferido a la guerrilla el equivalente a todo el dinero que dio Estados Unidos para los primeros dos años del Plan Colombia. Y ahora que las Farc son poderosas en Arauca es previsible que todo el dinero que pierdan por las fumigaciones de coca lo recuperen por la vía del petróleo.

En el norte, los paras

El robo de combustible ha crecido paralelamente al avance de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el Magdalena Medio, por donde pasa el principal poliducto.

En esa región la guerrilla tradicionalmente se había financiado a base de secuestros, abigeato y extorsiones. Pero desde mediados de la década pasada, cuando los paramilitares llegaron y se consolidaron en la región, convirtieron la gasolina en su fuente preferida de financiación. Dependiendo de su área de influencia los hombres de Castaño se repartieron por tramos los 1.170 kilómetros del poliducto. De éstos el punto más crítico es el tramo de 245 kilómetros que une a Barrancabermeja con Puerto Salgar, donde se registran dos de cada tres robos de combustible que hay en el país y que está bajo el control de dos jefes de las autodefensas, 'Botalón' y 'El Aguila'.

Las ganancias de este negocio ilegal son astronómicas pues la 'inversión' que se necesita es muy baja y la rentabilidad muy alta. Se calcula que les cuesta 500.000 pesos instalar cada válvula con la que perforan el poliducto y comprar las mangueras para extraer el combustible. El procedimiento no requiere mucha gente y es simple (ver gráfico).

Las autodefensas luego venden la gasolina a estaciones de servicio. El dueño de una pequeña bomba ubicada entre Puerto Boyacá y Puerto Serviez contó a SEMANA que hace cuatro años los paramilitares comenzaron cobrándole un 'impuesto'. Luego llegaron con carrotanques y le dijeron que tenía la opción de comprar los 10.000 galones del carrotanque a mitad del precio legal o pagar la contribución. "Si uno compraba el carrotanque permitían que lo pagara en cuotas", explica el comerciante, que por razones de seguridad pidió omitir su nombre. Con el paso del tiempo la compra del carrotanque se volvió obligatoria. Además comenzaron a aparecer muchas estaciones ilegales nuevas y salir de la gasolina se volvió complicado. "Cada vez era más difícil conseguir la plata para pagarles y a muchos no nos quedó otra salida que cerrar los negocios y dejárselos directamente a ellos. Algunas veces le cambiaron el nombre al negocio, pero la mayoría de las veces éstos conservan la misma razón social", afirmó este hombre, que de la noche a la mañana terminó convertido en un testaferro involuntario de los paras.

El negocio de la gasolina robada beneficia a los paramilitares por punta y punta. Por un lado, les provee millonarias sumas de dinero en efectivo pues las autoridades calculan que desde comienzos de 2001 hasta la fecha les han entrado casi 200.000 millones de pesos por este concepto. Y, por el otro, el robo de gasolina les baja los costos de producción de cocaína pues un alto porcentaje del combustible se utiliza en el procesamiento de la pasta.

"Aparte de la gasolina se ha detectado también un preocupante incremento en el robo de nafta, otro derivado que los narcotraficantes están utilizando en el procesamiento de cocaína", agrega el funcionario. En los últimos dos años han sido robados 1,9 millones de galones de nafta del poliducto Ayacucho-Coveñas que -según las autoridades- han ido a parar a los laboratorios de los narcotraficantes y paramilitares en la Sierra Nevada. El robo es de tal magnitud que Ecopetrol está dudando si sigue adelante con este rubro de exportación. Más recientemente han detectado también robo de crudo.

Pero quizá lo más revelador de que los paramilitares se financien a través de la gasolina es que esta actividad ilegal les permite, de paso, construir una inmensa red social y de informantes que es clave para consolidar su control territorial.

El Grupo de Hidrocarburos de la Dijin, en el que trabaja la teniente Sandra, ha identificado unos 500 expendios clandestinos de gasolina robada, muchos de los cuales venden el galón de gasolina hasta 1.000 pesos por debajo del valor oficial. A lo largo del río Magdalena, por ejemplo, hay 13 haciendas plenamente identificadas en donde hay tanques enterrados y se distribuye gasolina robada. También han detectado tiendas cerca del poliducto que negocian desde un galón hasta los carrotanques de 10.000 galones, que son vendidos por 14 millones de pesos. Una 'pimpina' con capacidad de cinco galones cuesta 12.000 pesos y un galón de diesel vale 1.500 pesos. "Todo es ganancia", explica el oficial de Hidrocarburos.

En el oriente, la guerrilla

Todo también ha sido ganancia para la guerrilla en el oriente del país, que ha vivido como un parásito del oleoducto Caño Limón-Coveñas durante los últimos 15 años.

El ELN se ha beneficiado más del crudo que todas las multinacionales petroleras que se ha propuesto combatir. "Si no fuera por el petróleo el ELN habría negociado hace una década, pero Arauca es como un cajero automático para ellos", dice un analista militar.

Avidas de dinero que les permitiera reaccionar al Plan Colombia, las Farc también vieron en Arauca una oportunidad interesante para diversificar su portafolio de ingresos. Y entraron pisando fuerte al departamento en 1997. A fuerza de volar el oleoducto hoy en día ejercen allí una especie de 'miti-miti' con el ELN.

Gente que conoce los intríngulis de esa lucha cuenta que cuando en septiembre de 2000 subió el precio del petróleo y le llegaron a Arauca 50.000 millones de pesos adicionales en regalías las Farc le dijeron al entonces gobernador Gustavo Carmelo Castellanos que les repartiera la mitad de ese dinero o volaban el tubo y no había plata para ninguno. También sostienen las fuentes que se negoció el presupuesto de 2001.

Cuando salió elegido, el nuevo gobernador, Federico Gallardo, le pidió a Ecopetrol que girara ese dinero sólo hasta que él se posesionara, argumentando que los políticos se lo iban a robar. La estatal petrolera accedió.

El primero de enero de 2001 Gallardo asumió la gobernación y las Farc le dieron un mes para que cumpliera el acuerdo. El gobernador no accedió y el 31 de enero volaron el oleoducto 10 veces en el mismo día.

Por primera vez en la historia Caño Limón-Coveñas duró parado 201 días, con graves repercusiones para toda la región. El país dejó de percibir cerca de 500 millones de dólares por el crudo que no se vendió y se dejaron de generar 81,4 millones de dólares en regalías.

Esta demostración de fuerza reposicionó a las Farc y pocos dudan de que en adelante su poder crecerá a costa del ELN.

La relación del ELN con el petróleo comenzó en los años 80, cuando la multinacional alemana Manessman le entregó 20 millones de dólares al frente Domingo Laín para que no dinamitara el oleoducto Caño Limón-Coveñas que estaba construyendo.

Desde entonces la guerrilla ha volado el tubo 933 veces con el supuesto objetivo de evitar que la Oxy "saquee al país de sus recursos naturales soberanos". Pero analistas dicen que en realidad la guerrilla de 'Gabino' nunca tuvo la intención de torpedear la producción. Prueba de esto es que dosificó sus atentados de tal forma que durante toda la década del 90 el oleoducto nunca paró por más de 26 días. El ELN descubrió que le era más rentable económica y políticamente manejar las millonarias regalías que le empezaron a entrar a Arauca que cortar ese chorro de dinero "Aprendió a ordeñar la vaca sin matarla", afirma uno de estos observadores..

A través de algunas Juntas de Acción Comunal y organizaciones con poder de convocatoria el ELN fue presionando la elección de gobernantes y dirigiendo la inversión de las regalías. "No hay un gobernador que no llegue puesto por ellos y la mayoría de los contratistas son apadrinados por los guerrilleros", asegura un dirigente araucano. Con él están de acuerdo todas las fuentes consultadas.

Los contratistas deben pagarles al ELN o a las Farc, dependiendo del municipio, entre el 5 y el 15 por ciento del contrato que les otorgue la alcaldía o la gobernación. Ninguna palanca le sirve tanto a un contratista como una carta de recomendación de la guerrilla. Y el sistema de contratación se ha perfeccionado a tal punto que una misma persona hace las tres cotizaciones que se requieren para cualquier obra y luego le gira un porcentaje a la guerrilla.

Esto cuando se realiza la obra. Porque con frecuencia se construyen puentes que misteriosamente son arrastrados por el río antes de que alguien los vea o se celebran fiestas, como un festival de joropo que se realizó hace un tiempo en Saravena, con el astronómico costo de 700 millones de pesos.

Como lo hizo explícito el presidente Uribe en su visita a Saravena hace dos semanas, las armas les han permitido a la guerrilla una penetración política tan profunda que en ese departamento nadie dice que un político es del Partido Liberal o del Conservador. "Aquí los candidatos son de las Farc o del ELN", dice un ciudadano. Por eso a ningún araucano le sorprendió la captura del senador Elías Matus Torres con su primo 'El Chino', comandante del Domingo Laín, el 3 de octubre de 2000 en Paloquemao (Bogotá).

El gobierno contraataca

Aunque la reciente entrada de las autodefensas bajo el mando de Boris, un ex comandante eleno, augura un recrudecimiento del conflicto muchos araucanos confían en que la situación mejore ahora que el Estado parece haber tomado finalmente cartas en el asunto.

A comienzos de 2002 el gobierno de Pastrana reforzó la protección militar del oleoducto. Pero, más importante aún, se creó una estructura de apoyo de la Fiscalía que cuenta con dos fiscales y varios agentes del CTI que viven en la Brigada. En menos de un año han podido capturar a 56 personas. Un logro impresionante dado que durante los últimos 15 años sólo se habían producido dos capturas por volar el oleoducto.

Gracias a esta labor conjunta entre el Ejército y la Fiscalía este año únicamente se han realizado 13 voladuras, cinco veces menos que durante el mismo período en el año anterior. Y se espera que con los seis millones de dólares que ya aprobó el Congreso de Estados Unidos para proteger el tubo y los 88 millones que están aún por conciliar para 2003 la situación logre finalmente ponerse bajo control.

Porque al igual que sucede con el poliducto, cuidar el oleoducto es una tarea titánica. El coronel Emilio Torres, comandante del Batallón Héroes de Tarazona, está a cargo de 600 hombres cuya misión exclusiva es proteger los primeros 100 kilómetros, que son los más vulnerables. Aunque ha habido varias propuestas para proteger el oleoducto, como radares, sensores y espumas para que la gente que toque el tubo se quede pegada, hasta el momento no se ha descubierto mejor protección que soldados caminando durante 24 horas a lo largo de este tramo.

Pero la labor no es fácil porque, al igual que sucede con la gasolina, muchos pobladores les ayudan a los guerrilleros. Vecinos del tubo cavan los huecos de noche y cuando no hay un soldado a la vista llega el miliciano del ELN o de las Farc con la dinamita y lo vuela.

En el caso de la gasolina la amplia red de beneficiarios actúa como un cartel. "Los policías son monitoreados por redes de inteligencia de los paramilitares, que se camuflan como vendedores o viajeros y avisan sobre los movimientos. Esto les permite preparar emboscadas o simplemente fugarse", afirma uno de los miembros del Grupo de Hidrocarburos, cuerpo élite de la Policía creado hace tres años con apoyo de Ecopetrol para combatir exclusivamente este delito. "Cuentan con armamento de guerra que exige un gran despliegue de fuerza para repeler un ataque".

En efecto, para que Sandra y los otros 28 integrantes del Grupo de Hidrocarburos puedan efectuar cualquier operativo deben movilizar tres unidades de contraguerrilla de la Policía y del Ejército y contar con el apoyo de helicópteros artillados. Una operación típica en el Magdalena Medio involucra a más de 500 miembros de la Fuerza Pública. "En algunos operativos les han disparado a los helicópteros e incluso han puesto precio por la cabeza de algunos oficiales", cuenta el funcionario.

Esta respuesta de los paramilitares es casi tan feroz como los ataques del ELN y las Farc a los soldados bajo el mando del coronel Torres en Arauca. "En los sitios obligados de paso los guerrilleros siembran minas, colocan ramplas y cuando entran las patrullas les disparan de lado y lado, dice el comandante de 38 años. Ese sitio es una canoa en medio de montones de tiburones".

En los siete años de existencia de ese batallón 59 soldados han sido asesinados y 113 heridos. Dos están en el pabellón siquiátrico por la presión a la que fueron sometidos.

Es que en realidad muy pocos colombianos son conscientes del esfuerzo que hacen estos hombres y los que protegen el poliducto para garantizar que cuando cualquier ciudadano llegue a una estación de gasolina pueda tanquear su carro.

Por ejemplo, cada vez que el centro de control de Ecopetrol reporta una baja de presión en el poliducto entran en acción los recorredores, un grupo de empleados de la estatal que revisan a pie cada metro del tubo buscando válvulas clandestinas. Una vez que los 'sabuesos' ubican las válvulas -así los apodan porque las detectan a través del olor a gasolina- las cuadrillas de mantenimiento tapan las perforaciones con pedazos de madera mientras se realiza la reparación definitiva.

Su trabajo, no muy diferente al de cualquier plomero, es altamente peligroso: en los últimos cuatro años han sido asesinados 22 recorredores de línea y dos coordinadores de seguridad.

La mafia de la gasolina es poderosa y el Ejército no tiene ni tendrá el suficiente número de hombres para combatirla. Por eso analistas del sector creen que es indispensable ajustar la legislación para prevenir no solo el hurto sino también el contrabando de combustible, que es otra vena abierta de la economía (ver recuadro).

Hasta que el gobierno expidió el mes pasado el decreto 1900, amparado bajo la conmoción interior, para que alguien terminara en la cárcel por robo o contrabando tenía que ser capturado con combustible en su poder por un valor superior a los 200 salarios mínimos, una cantidad difícil de encontrarle al más arriesgado de los ladrones o contrabandistas. De lo contrario, sólo se ganaba un regaño.

"La acción disuasiva es prácticamente nula ya que los delincuentes saben que pueden robar gasolina y si los cogen estarán en la calle de nuevo tres días más tarde", dijo a SEMANA uno de los fiscales que ha iniciado varios de los 1.041 procesos por robo y contrabando de combustibles que la Fiscalía General ha abierto entre 1999 y julio de este año.

Esto cambió con el nuevo decreto. La norma eliminó las cantidades mínimas de combustible y aumentó sustancialmente las penas para robo y contrabando, que en adelante no serán excarcelables. "El gran problema es que cuando finalice la conmoción las penas volverán a ser irrisorias", afirmó Jorge Cañizales, presidente de Fendipetróleo, el gremio que agrupa a los distribuidores minoristas de combustible.

Por eso el gremio petrolero espera que el Congreso convierta esta norma transitoria en ley. El gobierno tiene el desafío de consolidar una estrategia integral para ponerle un torniquete a esta hemorragia de recursos -por robo, contrabando y atentados al oleoducto- y volverla una verdadera prioridad nacional. Con esto no sólo dejaría sin combustible a uno de los motores clave del conflicto armado sino que fortalecería una de las principales fuentes de financiación del Estado, ahorrándose para el futuro tener que cobrar nuevos impuestos o congelar el gasto público.



*Nombre cambiado por obvias razones de seguridad