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| 5/29/2013 12:00:00 AM

El otro lío de la magistrada Ruth Marina Díaz

¿Podía la magistrada sacar expedientes del país para llevárselos a su crucero?

El pasado 25 de mayo y en una medida que algunos calificaron como desesperada, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Marina Díaz, envió un comunicado a los medios donde reveló los detalles de su viaje en un crucero en compañía de varias colegas suyas.

La magistrada creyó que con ese escrito lograba apagar las llamas del escándalo que surgió por su caribeño viaje. Ocurrió todo lo contrario. Ahora está obligada a dar explicaciones de por qué se tomó una licencia remunerada sin justificación alguna como obliga la ley.

Pero hay algo más que eso. En su comunicado y tratando de explicar que en su viaje de placer dedicó espacio a la lectura de procesos judiciales que lleva su despacho, escribió: “Estudié los proyectos de casación presentados por mis compañeros de la Sala Civil y revisé el proyecto que dejé listo para repartirles el lunes 20 de mayo, los cuales serán examinados por la Corte la próxima semana”.

Pocos repararon en esta curiosidad que ahora se le podría convertir en un problema mayor a esta magistrada. Quien sí lo hizo, código en mano, fue el acucioso director de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, quien se preguntó: ¿Hasta qué punto es legal que una magistrada traslade procesos judiciales al exterior?

Según él, aquí hay una flagrante irregularidad. Por esa razón radicó dos quejas disciplinarias en el Consejo Superior de la Judicatura y en la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que se investigue a las magistradas por el aspecto de territorialidad. Esto es, hasta qué punto una magistrada de la Corte Suprema de Justicia puede sacar un expediente de Colombia para tomar decisiones en el exterior.

Semana.com tiene en su poder las dos quejas radicadas por Bustos, en las cuales se pide expresamente que se investigue la presunta violación de los principios básicos de soberanía y jurisdicción relacionados “íntimamente con la competencia de los magistrados de decidir sobre procesos judiciales dentro de la jurisdicción colombiana”.

Para Bustos, quien ha promovido los más duros casos de pérdida de investidura contra congresistas, haber sacado del país expedientes o información judicial reservada puede comprometer la independencia, la imparcialidad y la autonomía de la justicia”.

“Sacaron piezas procesales fuera del territorio colombiano. Es un acto atípico e inusual”, dijo el veedor, al tiempo que asegura que el tema no es de poca monta y sí de extrema gravedad porque alguien ha podido manipular esos procesos o incidir en ellos. “Eso es más grave que el viaje mismo de la magistrada”, concluye.

El representante de la red pide expresamente que se investigue también a las magistradas de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, María Patricia Cruz Miranda, Luz Estella Rocca, Clara Inés Márquez, Ruth Elena Galvis, así como a Álvaro Fernando García, quienes hicieron parte del paseo por Curazao y Bonaire.
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