El otro proceso contra Juan Manuel Corzo

El senador conservador Juan Manuel Corzo fue el congresista al que buena parte del país de manera simbólica, le hizo una colecta para que pagara la gasolina de sus vehículos oficiales al argumentar que no le alcanzaba el sueldo para el ‘tanqueo’. También fue él quien se salvó de la ‘mano dura’ de la Corte Suprema, que le archivó una investigación por presuntos vínculos con paramilitares. Pero le falta algo por definir: el Consejo de Estado deberá estudia una demanda de pérdida de investidura por tráfico de influencias.

Semana.com conoció el oficio mediante el cual el Consejo de Estado le pide expresamente a la Corte Suprema de Justicia que le traslade toda la evidencia documental, física y testimonial contra el congresista, en la demanda en su contra que cursa en el Alto Tribunal.

El proceso tiene que ver con una aparente presión indebida para que el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional (Corponor de Occidente) nombrara al director Luis Lizcano, un hombre que se ha sostenido en el cargo en los últimos tres períodos gracias, según parece, al apoyo del senador.

La entidad es un fortín burocrático con un presupuesto cercano a 16.000 millones de pesos. Es tal la influencia de Corzo allí, que su hermano, Luis Alejandro, laboró en esa entidad y era el encargado de supervisar la contratación de la entidad. A esa Corporación la llaman ‘Corzolor’.

En la petición realizada por el Consejo de Estado se cuestiona la negativa a declarar del exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo -quien terminó involucrado por parapolítica-, quien ha sido citado en innumerables ocasiones para que rinda su testimonio en este proceso. “Se solicita por escrito los motivos de su inasistencia a rendir el testimonio para el cual había sido citado el pasado 3 de abril de 2013, dentro del proceso de pérdida de investidura que se adelanta contra del senador”, precisa el documento.

Dentro de las pruebas que pide el Consejo de Estado se destacan las declaraciones del exdirector de Corpornor Yesid Navas Peñaranda, así como la de una alto funcionario de esa entidad, Álvaro Quintero Gelves, y la del exrepresentante de la Federación Nacional de Cacaoteros Ciro Alfonso Ramírez Dávila. Para el Consejo de Estado las declaraciones de estas personas son definitivas para determinar la posible responsabilidad de Corzo en los hechos.

Otra prueba que ha solicitado el Alto Tribunal tiene que ver con un documento considerado clave: el informe final del proceso de selección de candidatos que adelantó la Universidad Francisco de Paula Santander, en octubre del 2006, para el cargo de director de esa corporación para el período 2007–2009”.

Con esta solicitud el Consejo de Estado entra en la recta final para definir si declara o no la ‘muerte política’ del congresista conservador, un senador que es considerado el ‘todopoderoso’ en Norte de Santander y que ha logrado romper el cerco de las investigaciones judiciales.