El otro tráfico de drogas

Seguramente a usted le ha pasado, como a cualquier colombiano que toma un medicamento con alguna frecuencia: por alguna razón la medicina no le hace efecto. Entonces toma otra dosis o consulta al médico a ver si algo puede haber cambiado en su metabolismo. Así, muchos tratan de encontrarle explicaciones a la gripa que no se cura con nada, al dolor de cabeza resistente a cualquier pepa o a la eruptiva que vence la vacuna.

Sin embargo la verdadera razón podría ser la menos esperada pero la más perversa: la droga que tomó para combatir estos malestares no lo alivia porque es falsificada, robada o de contrabando.

“Cuatro de cada 10 medicamentos en el país provienen del mercado negro”, afirma Miguel Germán Rueda, director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Un mercado cuya magnitud es imposible de calcular con certeza pero que Rueda estima podría mover unos 500 millones de dólares anuales (la industria legal registra 1.500 millones de dólares, según la Cámara de la Industria Farmacéutica).

Aunque lo anterior no implica que todos los medicamentos del mercado negro sean dañinos o falsificados, el problema es que por su misma clandestinidad evaden todos los controles de calidad y por eso quienes los consumen no pueden tener garantía de que van a ser eficaces o, peor aún, de que no los van a enfermar.

Así, un remedio que provenga del mercado negro puede causarle la muerte a un paciente porque, por ejemplo, se le aplicó directamente al corazón una adrenalina de pacotilla o se le suministró a un diabético una insulina diluida (dos medicamentos falsificados que han sido incautados en las redadas de la Fiscalía). O puede hacer que alguien contraiga polio porque la vacuna de contrabando que se inyectó había perdido su capacidad curativa por no estar debidamente refrigerada.

Sin embargo estos son dramas silenciosos porque los médicos rara vez sospechan de las drogas en caso de que sus pacientes mueran o se agraven. “El médico prefiere pensar que la enfermedad progresó mucho o que el paciente no tuvo las suficientes defensas antes de imaginar que consumió una droga falsificada”, dice Jaime Cañizares, director médico del laboratorio Smithkline Beecham.

Fue exactamente lo que hizo el doctor Silvio Rosales, actual director del Hospital de Puerto Asís (Putumayo), cuando hace seis meses más de 20 pacientes salieron infectados de las cirugías. Haciendo cábalas con sus colegas sobre qué estaría pasando, sospecharon primero de la limpieza del hospital y de los procedimientos quirúrgicos. Pero luego descubrieron que sólo se infectaban las cirugías ortopédicas y ginecológicas, en las cuales los médicos utilizaban el mismo antibiótico para controlar las infecciones. Entonces reportaron el caso al Invima, que confirmó que los antibióticos (penicilina, anticoagulantes y cefalosporina) utilizados eran falsificados y, por lo tanto, carecían de su capacidad curativa.

En un operativo en Popayán el año pasado el Invima descubrió que el Hospital Susana López de Valencia, una de los principales de la capital caucana, compraba anestesia de contrabando y en una redada en Pereira encontraron que, de 26 droguerías, 16 vendían medicamentos del mercado negro.

Por otro lado, al Seguro Social llegan constantemente denuncias de médicos internistas en todo el país de que sus pacientes no responden a una droga para bajar la presión arterial. El Instituto tiene, además, evidencia de que alguna ciclosporina utilizada en pacientes con trasplantes en todo el país es falsificada, lo cual ocasiona que el trasplantado rechace el nuevo órgano y que la millonaria operación sea un fracaso.



Lógica económica

Un censo realizado por el Invima recientemente reveló que 41 de los 166 laboratorios farmacéuticos que operan en Colombia reportaron robos de medicamentos en carreteras por 350 millones de dólares entre junio de 1998 y junio de 2000. La firma de abogados Baker & McKenzie representa en el momento a laboratorios en más de 30 procesos por falsificación de medicinas. Y sólo en la última semana la Fiscalía incautó en Cúcuta una tonelada de medicamentos contra la impotencia sexual, laxantes y purgantes sin registro sanitario.

Detrás de cada uno de estos eventos hay manos criminales que conforman un poderoso cartel. Este, el de las ‘otras’ drogas. Pero tan peligroso como el del narcotráfico.

“Esto es una mafia con unos capos”, afirma categóricamente el fiscal de la Unidad de Delitos contra los Derechos de Autor, encargado de desmantelar la red de falsificadores. Según este funcionario, este cartel lleva en el negocio de la comercialización ilícita de remedios más de 10 años, tiempo durante el cual sus integrantes han montado una infraestructura criminal para la recolección, producción, distribución y venta de todo tipo de fármacos.

La organización, dice el fiscal, cuenta con las bodegas donde desmontan el producto de los empaques originales, los laboratorios en donde en algunos casos adulteran el contenido de la droga, las tipografías donde fabrican cajas y etiquetas iguales a las originales, locales donde almacenan la mercancía y droguerías donde venden los productos. Esto sin contar sus cómplices dentro del Seguro Social y las EPS, que ‘filtran’ al mercado medicamentos costosos. Y no les tiembla la mano para amenazar de muerte al que atente contra sus intereses, como lo han hecho con el director del Invima por sus operativos.

Su lógica es eminentemente económica. “Este es un negocio redondo, afirma un investigador del DAS. Los productores compran a bajos precios, luego venden los productos a los dueños de las droguerías con descuentos del 80 por ciento y ellos las ponen en el mercado a precios reales”.

Por eso los medicamentos que trafican son de dos tipos: los muy usados, como analgésicos, antibióticos y vacunas. O los muy costosos, como los utilizados para los transplantes, el tratamiento del cáncer y del sida.

Si bien en principio una pastilla falsa para un resfrío no mata a nadie, dejar de tomar una droga contra el sida puede ser mortal. “El efecto es criminal porque la enfermedad se le recrudece y puede morir”, afirma el médico infectólogo Guillermo Prada. Además si el producto contiene pequeñas cantidades de la sustancia activa pero no lo suficiente para atacar al virus, la misma ‘medicina’ hace que éste se vuelva más resistente.

Específicamente, en el caso de las drogas contra el sida, lo que han descubierto las autoridades es que se roban el producto, generalmente del Seguro Social, cuando está a punto de vencerse o ya vencido, lo sumergen en agua caliente, lo etiquetan de nuevo y lo venden a un cuarto de precio, por unos 380.000 pesos, cuando en el mercado legal vale 1.280.000.



Medicamentos robados

En el menos malo de los casos los robos ocurren cuando éstos acaban de llegar al puerto porque aún cuentan con varios años de vida, aunque ni en el puerto de Buenaventura, ni en el de Cartagena, dos de los principales del país, ha habido robos de medicamentos recientemente. La situación más grave se presenta cuando, por ejemplo, se roban un cargamento que el Seguro Social devuelve para ser destruido porque su fecha de vencimiento ya pasó y las organizaciones criminales reempacan el producto y lo sacan al mercado con una fecha posterior de expiración.

Y es que aunque nadie ha valorado en qué magnitud, el Seguro Social es el mayor blanco de los carteles. Lo roban funcionarios que forman parte de la cadena criminal, quienes sustraen diariamente medicinas que revenden a las farmacias. Y que dados los problemas de seguridad interna y el deficiente manejo de inventarios del ISS, no les queda muy difícil. Ellos no sólo venden a las droguerías nacionales. “Se han detectado en Venezuela y Ecuador medicamentos de alto costo contramarcados del ISS”, afirma Francisco Yepes, vicepresidente de la EPS del Seguro Social.

También roban al ISS pacientes inescrupulosos que van a tres y cuatro clínicas ambulatorias y se hacen despachar varias fórmulas para revenderlas luego o afiliados con enfermedades graves, como el sida, que comercializan sus propios medicamentos.

La situación de desfalcos al Seguro es tan grave que sólo en la Operación Galenos, en marzo de este año, el DAS descubrió en una bodega de Barranquilla medicamentos robados al Seguro y a las EPS por un valor cercano a los 1.000 millones de pesos.

Para combatir este desangre el ISS va a contratar con una empresa privada para que le maneje los medicamentos hasta que lleguen a las farmacias. Y, por otro lado, está registrando a los asegurados en una sola clínica ambulatoria (que en un año se espera estén sistematizadas). “Ese carrusel se va a terminar”, asegura Yepes.

Es frecuente, además, que se roben medicamentos al momento de eliminar los productos vencidos, ya que varios laboratorios se desentienden una vez entregan la droga vencida a un contratista que se compromete a quemarla en hornos privados. “El problema es que le están entregando oro líquido para que lo quemen”, afirma el director del Invima. Y por eso a veces no los queman sino que los desvían para ser ‘reencauchados’ en el mercado negro.

“En el recorrido a los hornos la fuga de medicamentos es supremamente grande”, afirma Josué Giraldo, dueño de EPA Ltda., uno de los principales hornos en Bogotá, que incinera mensualmente medicamentos que, vigentes en el mercado, costarían 600 millones de pesos. “Es una mafia asesina”.

Giraldo lo ha experimentarlo en carne propia. Se va esta semana del país huyendo de amenazas de muerte que comenzó a recibir desde que denunció a cuatro empleados que estaban sacando droga del horno.

Por otro lado, a Colombia entran de contrabando por Maicao e Ipiales, principalmente de Venezuela y Ecuador, medicamentos que tienen vigilancia especial del Estado como el Fenobarbital para la epilepsia, y también vacunas, hormonas y analgésicos.

Sólo entre enero y agosto de este año la Dian decomisó medicamentos de contrabando por unos 1.257 millones de pesos en Cúcuta, Armenia, Ipiales e Ibagué.

Tanto en el caso de los medicamentos robados como en los de contrabando siempre se adultera el empaque. Por eso es tan importante verificar que la caja no tenga ninguna enmendadura ni que la fecha de vencimiento esté en una calcomanía.



¿Es peor la situación en Colombia?

El mercado negro de medicamentos siempre ha existido en Colombia y en el resto del mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que la circulación de medicinas falsas representa el 6 por ciento del mercado mundial, aunque en algunos países es mucho peor. En Pakistán, por ejemplo, estimaciones de origen privado hablan del 50 por ciento del mercado y en algunos países africanos supera el 60 por ciento.

Comparando a Colombia con los otros países en los que ha trabajado, Adrián Román, uno de los investigadores del Instituto de Seguridad Farmacéutica (PSI), creado por más de 20 farmacéuticas multinacionales para combatir la falsificación de medicamentos en el mundo y que se encuentra en Colombia asesorando a las autoridades, afirma que aquí “el problema es serio por la gran cantidad de productos que se han encontrado falsificados de tantos laboratorios y porque el canal de distribución está bien organizado”. Este ex agente del FBI destaca que existen ciertos factores que facilitan la existencia de este mercado negro. Entre ellos, la falta de una legislación adecuada para la distribución de medicamentos y la destrucción de los que ya están vencidos, la ausencia de controles a la cadena de distribución y la deficiente fiscalización de las droguerías y distribuidoras de éstos.

La cultura de los colombianos de autoprescribirse, de comprar medicamentos en cualquier establecimiento y de preferir lo barato a lo bueno, también favorece este tráfico. Y el que estos delitos sean excarcelables en el actual Código Penal no ayuda.

Sin embargo, dice Román que la preocupación de las autoridades es un buen paso para solucionar el problema.

En efecto, el Invima, pese a que hace el control de calidad de medicinas y alimentos en todo el país con sólo 150 funcionarios, incluyendo hasta los aseadores, ha comenzado en los últimos años a ejercer un control más estricto. Inclusive se ha salido de su jurisdicción propiamente dicha, que son los laboratorios, para colaborar con las secretarías de salud departamentales para vigilar las redes de distribución y los expendios de remedios. Y los laboratorios, que muchas veces para proteger su marca optaban por el silencio, están intercambiando cada vez más información de sus departamentos de seguridad con las autoridades, lo cual ha conducido al desmantelamiento de varias bodegas y a la captura de algunos capos

No obstante, el mejor control sigue siendo el que puede ejercer el consumidor al comprar sólo en sitios que le den garantías de seguridad y ninguna promoción o descuento, que están prohibidos por ley.

De lo contrario los escasos 50.000 pesos que gasta en promedio cada colombiano al año en remedios, uno de los presupuestos más bajos de Latinoamérica, terminarán fortaleciendo la mafia que está detrás de este millonario negocio. Y debilitando la salud de parte importante de la población. Porque si bien el riesgo de comprar estos medicamentos es casi nulo si se adquieren en una farmacia reconocida, éste aumenta para ese 50 por ciento de colombianos que no está asegurado y que le toca comprar por tabletas en la tienda del barrio.