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| 11/4/2014 9:50:00 PM

El otro Uribe pedirá destitución de ocho generales

Alirio Uribe denunciará las Brigadas del Ejército que, según su investigación, cometieron ejecuciones extrajudiciales.

Alirio Uribe, representante a la Cámara del Polo Democrático, por su condición de haber sido abogado del Colectivo José Alvear Restrepo, y quien hizo campaña política con el eslogan de "el otro Uribe", puede ser uno de los hombres que más han investigado el fenómeno de los mal llamados ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales.

Sus investigaciones, que duraron una década, llegarán este miércoles al Congreso, cuando revele los nombres de los comandantes de las brigadas que más han incurrido en esta conducta.

Varias fueron las bases de datos consultadas y contrastadas por el dirigente del Polo. Información de la Fiscalía, la Procuraduría y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) llegó a su poder, y en el cruce de las mismas se atrevió a señalar a ocho generales como los mayores responsables de esta delicada conducta.

Uribe le presentará a la Cámara esa especie de lista negra,integrada por reconocidos generales de la actual cúpula militar (Ver video).

Uno de ellos es el general Juan Pablo Rodríguez Barragán, actual comandante general de las Fuerzas Armadas y que, de acuerdo con la Fiscalía, bajo su comandancia en el Comando Operativo 7, con jurisdicción en Cesar y La Guajira, se atribuyeron a esta unidad 21 casos de ejecuciones extrajudiciales entre l 2002 y el 2004.

También es señalado el mayor general Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, actual comandante del Ejército Nacional, que, según la información que se posee, bajo su mando en la IX Brigada, en el Huila, se cometieron 24 casos de falsos positivos, entre el 2006 y el 2007.

El brigadier general Henry William Torres, actual comandante del comando conjunto No. 2 del Suroccidente, fue comandante de la Brigada XVI en Casanare entre el 2005 y el 2007. La Fiscalía reportó 63 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidos a esa unidad.

Hay un caso particular, el del mayor general Hernán Giraldo Restrepo, quien es jefe de la junta asesora en Washington para el tema de los Derechos Humanos, cargo que ostenta a pesar de que la Fiscalía tiene un reporte de 72 casos de falsos positivos atribuidos a la Décima Brigada blindada, con jurisdicción en Cesar y La Guajira, entre el 2004 y el 2006.

“No podemos tener en Washington en temas tan delicados como derechos humanos a un general de quien la Fiscalía reporta que durante su jurisdicción ocurrieron 72 casos de falsos positivos”, explica Alirio Uribe.
La lista también la integra el brigadier general Nicasio de Jesús Martínez Espinel, comandante de la Quinta División, bajo cuya jurisdicción en la Décima Brigada, en la que oficiaba como jefe de Estado Mayor, y segundo comandante La Guajira, se reportaron 72 casos.

El brigadier general Emiro José Barrios Jiménez, actual comandante de la Fuerza de Tarea Júpiter, adscrita a la VI división (Eje cafetero), fue entre el 2006 y el 2008 comandante del comando operativo 3, con jurisdicción en Caldas. Allí se conocieron 23 casos. Y entre el 2008 y el 2009 fue comandante la Octava Brigada, y esa unidad, según la Fiscalía estaría comprometida en 17 casos de falsos positivos.

Cierra la lista el brigadier general Jorge Enrique Navarrete, comandante de la VII Brigada, bajo cuya jurisdicción se cometieron 24 casos de falsos positivos cuando era comandante del Grupo de Caballería Mecanizado 2 Rondón en La Guajira. También está el brigadier general Juan Carlos Pisa Gaviria, bajo cuya jurisdicción se cometieron 20 casos de falsos positivos, cuando era comandante de la IV Brigada, en Antioquia.

Uribe le pedirá al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que destituya a estos ocho generales por “estar comprometidos con graves violaciones de los derechos humanos en el sentido en que por acción o por omisión tienen algún nivel de responsabilidad por victimas de falsos positivos, que ocurrieron cuando ellos tenían mando militar”.

El congresista dice además que estos generales, de una u otra manera, se beneficiaron por el tema de los falsos positivos: “en la medida en que ellos ascendieron también en la cúpula militar como resultado de una política en la que se consideraban que los ascensos se hacían con bajas en combate”.

Uribe también pretende demostrar en el Congreso cómo en los últimos cuatro gobiernos esta ha sido una “práctica sistemática” y no “casos aislados”.

Durante el gobierno de Andrés Pastrana se cometieron 469 ejecuciones extrajudiciales, es decir, una persona asesinada cada tres días por el Ejército y que presuntamente fue presentada como guerrillero dado de baja en combate.

En los dos gobiernos de Álvaro Uribe, del 2002 al 2010, ocurrieron 5.326 ejecuciones extrajudiciales, es decir, durante esos ocho años ocurrieron dos ejecuciones extrajudiciales cometidas diariamente por el Ejército.

Según la investigación del congresista, esta situación no ha cambiado con el gobierno de Juan Manuel Santos. “Si bien hay una disminución ostensible”, entre el 2010 y el 2014 “hemos documentado 267 casos de ejecuciones extrajudiciales, es decir más o menos una por semana”.

Y otra preocupación de Alirio Uribe se relaciona con el tema de impunidad. La Procuraduría ha adelantado 5.600 investigaciones, tiene archivadas más de 2.500 y solamente ha abierto pliego de cargos y ha sancionado a 290 militares. Mientras que la Fiscalía tiene más de 3.400 investigaciones activas, pero solamente se ha emitido sentencias condenatorias contra 814 militares. “Y todo esto en el marco de tres reformas constitucionales y dos legales que pretenden que los casos de los falsos positivos pasen de la justicia ordinaria a la justicia penal militar”, dice el congresista del Polo.

Aunque, históricamente, cuando el Polo Democrático pide la renuncia de algún funcionario o miembro de las Fuerzas Armadas, estos terminan atornillados. Sin embargo, el propósito del congresista es que los comandantes cuestionados respondan por los casos de falsos positivos, muchos de ellos aún en la impunidad.

No obstante esta denuncia, los militares hasta ahora están libres de apremios judiciales y será la justicia la que decida si ellos están comprometidos o no con estas conductas.
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