El ovillo de Mapiripán

En enero y febrero de este año, la fiscal Yolanda Prado, de la Unidad de Justicia y Paz, viajó hasta Mapiripán. Su objetivo era reconstruir lo sucedido entre el 15 y el 20 de julio de 1997, cuando paramilitares de Carlos Castaño, con ayuda de miembros del Ejército, mataron o desaparecieron, presuntamente, a 49 personas.

Prado llegó a dos conclusiones sorprendentes gracias, en parte, a un elemento que no tuvieron sus colegas de la Unidad de Derechos Humanos, los primeros en investigar la masacre y certificar ese número de víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, en 2005, condenó a Colombia a pagar una millonaria indemnización a sus familiares. La primera, que nueve de esas víctimas serían falsas, tiene conmocionado al país. La segunda, que existían otras ocho víctimas hasta ahora no identificadas, es una novedad en la que pocos se han fijado.

El elemento nuevo con el que contó la fiscal es que varios de los perpetradores de las AUC se habían desmovilizado y estaban rindiendo declaraciones en el proceso de Justicia y Paz, y ella pudo llevarlos a Mapiripán a reconstruir los hechos. Esto, sumado a nuevos peritazgos, testimonios de las víctimas y cruces con bases de datos de otras instituciones, llevó a los hallazgos que tienen a Colombia enfrascada en una discusión apasionada.

Es que por las características de esta masacre ha sido muy difícil establecer la identidad de sus víctimas. La Corte Interamericana, en su sentencia de 2005, que condenó al Estado colombiano a pagar más de 3 millones de dólares en reparaciones, solo individualizó a 20 personas y sus familiares.

A Mariela Contreras y su familia el Estado les giró 1.700 millones de pesos por la muerte de tres familiares en Mapiripán. Pero Justicia y Paz dice que a su esposo, Gustavo Caicedo, lo mató la guerrilla ocho meses antes de la masacre. Su hijo Hugo Martínez figura como desmovilizado de las Farc en 2008. Y su otro hijo, Diego Martínez, aunque hoy no se sabe dónde está, apareció tramitando cédula el primero de diciembre de 2001, cuatro años y medio después de la masacre. La señora Contreras lo confirmó, llorando, en televisión, y en declaraciones a la Fiscalía, que ahora la tiene como testigo protegido.

Por José Alberto Pinzón, la Corte ordenó pagar 430 millones de pesos. La Fiscalía encontró en la Registraduría que su cédula fue cancelada por muerte en 1989, y alega que no es un homónimo pues la fe de bautizo de sus padres coincide con la de la supuesta víctima. SEMANA supo que su familia se ratifica en que tanto José como otros tres hermanos Pinzón y Jaime Riaño, compañero de una de las hermanas de los Pinzón -sobre los que la Fiscalía aún no se ha pronunciado-, desaparecieron en la masacre de Mapiripán.

La quinta víctima en duda es Raúl Morales, quien apareció registrado el pasado 24 de febrero como desplazado en la Fiscalía. Según los investigadores, el hombre se presentó a las autoridades cuando vio su nombre en una lista en la que requerían a su familia por encontrarse supuestamente desaparecido. Aunque la Corte ordenó una reparación de 230 millones de pesos, ni él ni sus familiares la han cobrado.

La Fiscalía dice que Manuel Arévalo, otra presunta víctima, murió de manera natural el 3 de marzo de 1999 y está enterrado en el corregimiento de El Anzuelo, a hora y media de Mapiripán. Su familia declaró que luego de la matanza, María Bustos, quien entonces trabajaba en la Red de Solidaridad y se exilió en Canadá en 2002, los habría inducido a decir ante las autoridades que su familiar era víctima de la incursión paramilitar. Al parecer, Bustos habría hablado también con Mariela Contreras. Los 160 millones de reparación no se han pagado.

El séptimo caso es el de Eliécer Martínez: pese a que se reportó como inmolado en la masacre y a que la Corte ordenó reparar a sus familiares con cerca de 200 millones de pesos, estos dijeron a Justicia y Paz que fue asesinado por la guerrilla el 4 de diciembre de 2001 porque no se dejó "amarrar".

De Omar Patiño Vaca, por quien el Estado pagó unos 400 millones, su familia dice ahora que la guerrilla lo reclutó en 2002. Por último se encontró que Wilson Molina, incluido en la ampliación de la sentencia de la Corte Interamericana en 2009, tramitó el duplicado de su cédula el 8 de febrero de 2003 y está registrado en la Defensoría del Pueblo como desplazado de Mapiripán. Por él se ordenó pagar 260 millones de pesos.

Estas nueve víctimas falsas han levantado una polvareda nacional. La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía está por abrir una investigación sobre los falsos testimonios y el papel de quienes representaron a las víctimas ante la Corte Interamericana, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), entre otros. No pocos hablan de complots y conspiraciones y se está intentando extender las conclusiones, aún parciales, de la Fiscalía sobre Mapiripán, a otras masacres. Grupos de derechos humanos se han quejado de que funcionarios están utilizando el caso para desprestigiar a organizaciones como el Colectivo de Abogados y tender un manto de duda sobre los muchos asesinados en Mapiripán. Y hay todo un debate sobre si es o no legítimo que grupos de asesores de víctimas perciban sumas millonarias por asesorarlas (Cejil cobra las costas, pero no porcentaje sobre la reparación; el Cajar, que sí lo hace, recibió 7.000 millones de pesos por el caso Mapiripán).

La investigación para indagar si esas falsas víctimas actuaron por su cuenta o fueron inducidas y asesoradas apenas empieza. En el Colectivo dijeron a SEMANA que, al contrario de lo que Mariela Contreras sostiene, ella nunca los previno de la aparición de su hijo desmovilizado y que "suena ilógico" que cambie su testimonio tantos años después. Ellos asesoraron a las familias de 11 presuntas víctimas: entre ellas, los tres familiares de Mariela Contreras, que según la Fiscalía no murieron en Mapiripán; otras tres fueron ratificadas como víctimas reales, y lo que pasó con cinco más está aún por establecerse.

La investigación sobre Mapiripán dista de haber concluido -y no solo la de las falsas víctimas-. Pues hay otra sorpresa en la labor de la Unidad de Justicia y Paz que ha pasado casi inadvertida: la Fiscalía ha identificado, hasta ahora, a 13 personas que sí murieron o desaparecieron en Mapiripán; pero ocho de ellas son 'nuevas', que fueron individualizadas a lo sumo como NN en la investigación original de la Unidad de Derechos Humanos y en la sentencia de la Corte Interamericana. Los veredictos sobre siete víctimas más incluidas en esa sentencia se esperan próximamente. Todo esto puede añadir nuevas e inesperadas aristas a esta compleja madeja, tan emblemática de las contradicciones de la justicia y de las complejidades del conflicto armado colombiano, que apenas empieza a desenredarse.