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| 12/1/2012 12:00:00 AM

El Pacto de Bogotá, la primera baja

El Pacto de Bogotá se convirtió en la primera cabeza que rueda por efecto del fallo de la Corte de La Haya. El gobierno dice que el retiro es para evitar que se repita la dosis. ¿Qué tanto hay de jurídico y qué tanto de político en la decisión?

El pacto de Bogotá murió para Colombia tal y como había nacido: en medio de un profundo dolor. Lo firmaron 16 de los 21 mandatarios del continente que acudieron a la cita de la Conferencia Panamericana en una ciudad recién destruida por el 'Bogotazo' y cuando gran parte del pueblo no se reponía del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Y ahora, Colombia se retira de él cuando el país aún no se repone del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que le quitó 75.000 kilómetros cuadrados de mar Caribe.

El presidente Juan Manuel Santos dio la noticia del retiro el miércoles de la semana pasada. Y, según sus palabras, el aviso le fue entregado de inmediato al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. El chileno, al que le ha tocado lidiar con la crisis de este organismo, dijo que es "doloroso" que Colombia tome esa decisión cuando, por el contrario, lo que él está buscando es que los países ratifiquen los convenios.

El Pacto de Bogotá terminó siendo la primera cabeza que cae tras el descalabro que sufrió Colombia en la Corte de La Haya. ¿Qué tiene que ver uno con la otra? El punto clave es que el Pacto, que se firmó para buscar una solución pacífica de los conflictos entre los países firmantes, dice a lo largo de su articulado que los países llevarán a la CIJ cualquier diferendo que no se pueda resolver pacíficamente. De hecho Colombia llevó en 1950 su primer (y único) caso a esa jurisdicción, el del lío que se le armó con Perú por haberle dado asilo al político Víctor Raúl Haya de la Torre. Esa vez, la Corte le dio la razón a Colombia.

La salida del Pacto no quiere decir que Colombia quede por fuera de la Corte Internacional de Justicia. Hay 300 tratados y convenios que reconocen la jurisdicción de la CIJ como última instancia en solución de problemas entre los Estados y 127 de ellos son multilaterales. Entre estos últimos está, por ejemplo, el convenio para el combate del tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas. De hecho, por ese convenio Colombia en este momento tiene otro pleito abierto en la Corte ante la cual Ecuador demandó por la fumigación con glifosato cerca de su frontera.

Pero lo importante del Pacto de Bogotá es que era el único que comprometía a Colombia a ir a la Corte de La Haya para resolver asuntos de límites. En otras palabras, al denunciar el Pacto lo que hace Colombia es decirle a la Corte que se puede meter en lo que quiera, pero no a definir sus límites con otros países. Como dijo el presidente Santos al explicar la decisión de la salida, "las fronteras terrestres y los límites marítimos entre los Estados no deben quedar en manos de una Corte sino que deben ser fijados de mutuo acuerdo por los Estados mediante tratados".

Eso está claro. Sin embargo, el hecho de que Colombia se retire del Pacto de Bogotá no cambia para nada el fallo ya dictado por la CIJ sobre el diferendo con Nicaragua, no le devuelve a Colombia la tajada de mar que perdió. Por eso surge la pregunta ¿para qué sirve entonces el retiro?

El presidente Santos en un discurso en la Federación de Cafeteros (a escasas dos cuadras del Gimnasio Moderno, donde se firmó hace 62 años el Pacto) lo resumió en una sola frase: "Nunca más nos debe volver a suceder lo que ocurrió con el fallo del 19 de noviembre, proferido por la Corte Internacional de Justicia". El gobierno de Colombia está convencido de que con el fallo "se cambió la geopolítica del Caribe". Y aplicando la máxima de que en política exterior "no hay amigos sino intereses" piensa que se corre un riesgo alto de que otro país quiera ir a la Corte a morder otra tajada de ese cotizado mar.

El anuncio del presidente, sin duda, le cayó muy bien a la gran mayoría de colombianos que, según la encuesta que se publica en esta edición, rechazaron de manera tajante el fallo. El 91 por ciento de los encuestados considera que fue un fallo injusto y el 83 por ciento respondió que Colombia no debería aceptarlo. Aún más, cuando se les pregunta qué harían si desacatar el fallo tuviera como efecto la guerra con Nicaragua, el porcentaje interesado en desconocerlo aumenta a 85 por ciento.

A pesar de esa mayoría arrolladora no todos están convencidos de que la salida del Pacto sea útil o necesaria. En primer lugar, especialistas afirman que el retiro de Colombia solo se haría efectivo un año después de la denuncia. El artículo 56 del Pacto de Bogotá dice que este "podrá ser denunciado mediante aviso anticipado de un año, transcurrido el cual cesará en sus efectos para el denunciante". Es decir, si Nicaragua o algún otro vecino quisieran entablar una demanda tendrían plazo hasta noviembre de 2013 para hacerlo.

Pero el presidente Santos no lo cree así. Por el contrario, está convencido de que una vez lo denunció el miércoles pasado, el Pacto ya no tiene efecto sobre Colombia. Y es que el equipo de juristas que lo asesora, entre los cuales están Rafael Nieto Navia y Manuel José Cepeda, encontró una salida. Se apegó al segundo inciso de ese mismo artículo que, como lo dijo el propio Santos, hace que el anuncio del retiro de Colombia "surtirá efectos respecto de los procesos que se inician después de transmitido el aviso".

El debate está abierto. El propio secretario general de la OEA dejó en duda que ya esté en firme la salida de Colombia, pues en su declaración a los medios dijo: "Esperamos que con el correr de los meses, antes de que se haga efectiva esta decisión, resolver la cosas de manera que podamos aplicar el Pacto".

Pero, ¿qué países podrían demandar a Colombia? La canciller María Ángela Holguín ha dicho "nos preocupan Panamá, Costa Rica y Jamaica". No obstante, eso no está hasta ahora claro. Entre otras cosas porque en el fallo la Corte dice que se respetan los otros límites que ya se han definido a través de tratados. Y Colombia tiene todos sus límites marítimos definidos por tratados con excepción del de Venezuela. La Corte difícilmente va a aceptar una demanda que intente cambiar un tratado al que se llegó de común acuerdo entre las dos partes. De hecho, cabe recordar, la Corte respetó lo acordado entre Colombia y Nicaragua en el Tratado Esguerra-Bárcenas.

El otro que podría demandar es Nicaragua. Los nicas pedían a la Corte que les concediera no las tradicionales 200 millas sino 350 millas, alegando que tienen una plataforma marítima extendida, un nuevo concepto reconocido por la Convención sobre el derecho del mar de 1982. El tamaño de la plataforma debe ser probado ante una Comisión en un procedimiento que requiere tiempo y dinero y Nicaragua nunca lo completó. Por eso la Corte no tuvo en cuenta ese pedido.

Esas ambiciones de Nicaragua combinadas con el reciente fallo de la Corte, sin duda, son un coctel lo suficientemente explosivo para que cunda el pánico ante una eventual nueva demanda. Sin embargo, reconocidos juristas que han leído el fallo le dijeron a esta revista que la Corte, en uno de los artículos resolutorios del fallo, cerró la posibilidad de que el país centroamericano repita demanda.

Más allá de quién tiene la razón, lo cierto es que el anuncio del retiro del Pacto de Bogotá tiene tanto de jurídico como de político. El gobierno está en la tónica de que soldado avisado no muere en guerra. Y eso le ha salido bien porque a nadie en su sano juicio se le ocurriría correr el riesgo de una 'Nicaragua parte 2'. Pero también es cierto que con el retiro del Pacto de Bogotá el gobierno busca igualmente algo de oxígeno: primero, se sintoniza con la rabia y el dolor que produjo el fallo entre la gente; en segundo lugar, muestra que también es capaz de responder con 'fuerza', y en tercer lugar, así como le echó la culpa a la CIJ ahora le apunta al Pacto de Bogotá y así evita que la opinión adolorida le pase una cuenta de cobro. Que tampoco, valga decir, se merece.

Precisamente, en esa tónica de repartir culpas, la canciller Holguín, decía la semana pasada en San Andrés: "El enemigo no está entre nosotros: el enemigo es la Corte".

Retirarse del Pacto tampoco es el fin del mundo. De los 35 países de América lo firmaron 16 -entre ellos Brasil, México, Argentina y Estados Unidos- y dos de ellos lo han demandado -Colombia y El Salvador-. Y no permitir que sea la Corte de La Haya la que defina límites tampoco es cosa de parias: de los 196 países de la ONU solo 63 le han reconocido competencia a la Corte; y de esos 63, diez han condicionado a que la Corte no se meta en tema de límites. Entre estos, Noruega, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Ahora, y cerrado el capítulo del Pacto de Bogotá, Colombia comienza a abrir el camino para firmar un nuevo tratado con Nicaragua. El propio presidente Santos lo anticipó el viernes: "La Corte misma tiene unas instancias, una demanda de interpretación, es un camino, y está otro, el de un tratado con Nicaragua", dijo. Santos se reunirá con su colega de Nicaragua, Daniel Ortega, en el marco de la posesión del nuevo presidente de México. Esa conversación que se dará luego del cierre de esta edición puede ser definitiva. No solo para llegar a un acuerdo que les dé beneficios a los pescadores colombianos sobre el mar perdido -y así defender los derechos de los colombianos, de los que hablaba Santos-, sino también porque allí podría comenzar a negociarse la posibilidad de que en el acuerdo o tratado que se firme se descarte definitivamente una nueva demanda de Nicaragua.

Mientras el arreglo pacífico con Nicaragua se consolida, no deja de ser paradójico que Colombia haya tenido que demandar un Pacto que lleva el nombre de su capital. Y más paradójico aún es que ese nombre, Pacto de Bogotá, fue una de las razones de mayor peso para que el gobierno de Pastrana y la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de la época decidieran no retirar a Colombia del Pacto cuando Nicaragua demandó al país en 2001. Si así hubiera sido, tal vez otra sería la historia.
 
Ficha Técnica

Persona natural o jurídica que la realizó: Ipsos Napoleón Franco, inscrito ante el Consejo Nacional Electoral. Encomendada y financiado por: Alianza de Medios, RCN Radio, RCN Televisión, La FM y Revista SEMANA. Grupo objetivo: Población general, hombres y mujeres, mayores de 18, de estratos sociales 1 al 6, residentes habituales de las áreas urbanas de 13 municipios en Colombia, seleccionadas aleatoriamente entre las 28 poblaciones con más de 200.000 habitantes el país, de modo que se trata de una muestra representativa del 67% de la población urbana adulta. Para esta medición, el grupo objetivo incluye además a los residentes en San Andrés Isla. Tamaño de la muestra: 1.006 encuestas reales, 1.006 encuestas ponderadas por nivel socioeconómico, género y rangos de edad, con base en información del Censo DANE 2005 con proyecciones de población 2012, para la muestra ‘continental’ y 153 encuestas para la muestra de San Andrés Isla. Técnica de recolección de datos: Mezcla de entrevista personal y telefónica en hogares. Se realizaron entrevistas telefónicas únicamente en estratos 4, 5 y 6 de algunas de las ciudades, mientras que las entrevistas presenciales fueron en estratos 1, 2 y 3 de todas las ciudades, y para estratos 4 al 6 en algunas de ellas (según penetración telefónica y cantidad de hogares en estos estratos). En San Andrés Isla, la totalidad de la muestra se realizó personal. Margen de error observado: Para el total de la muestra ‘continental’, 3,1% con 95% de confianza para fenómenos de ocurrencia del 50%; Para la muestra en San Andrés Isla 8.0% con 95% de confianza para fenómenos de ocurrencia del 50%. Entidades por las que se indagó: Corte Suprema de Justicia; Congreso de la República; Corte Constitucional; Partido Liberal; Partido Conservador; Partido Cambio Radical; Polo Democrático Alternativo; Partido de la U; Partido Verde; Grupo guerrillero FARC; Iglesia Católica; Fuerzas Militares de Colombia; Policía Nacional; Grupo guerrillero ELN; Grupos paramilitares; Medios de comunicación; BACRIM o nuevas Bandas Criminales; Nicaragua como país. Tipo de la muestra: Para la muestra ‘continental’: Muestreo estratificado, multietápico, primera etapa selección de municipios, segunda etapa selección de secciones cartográficas, tercera etapa selección de manzanas a visitar (en cada conglomerado se seleccionan los hogares a entrevistar). Para las entrevistas telefónicas, muestreo aleatorio a partir de bases de datos propiedad de Ipsos-Napoleón Franco. El método de selección del entrevistado en el hogar, es la persona presente en el hogar y residente habitual del mismo, mayor de 18 años, próxima a cumplir años. Para la muestra en San Andrés: Muestreo por cuotas en varias etapas, primera etapa selección de sectores, segunda etapa selección de hogares y por último selección de la persona a ser entrevistada. Muestra autoponderada. Preguntas concretas que se formularon: Ver cuestionario anexo. Tema o temas a los que se refiere: Seguimiento a la opinión de los colombianos sobre el rumbo del país, el gobierno del Presidente Santos y otros temas de opinión de actualidad nacional. Fecha de realización del trabajo de campo: Del 23 al 25 de Noviembre de 2012. Personajes por los que se indagó: Alejandro Ordóñez; Álvaro Uribe; Angelino Garzón; Barak Obama; Gustavo Petro; Hugo Chávez; Juan Manuel Santos; Rafael Correa; José Roberto León Riaño; Eduardo Montealegre; Sandra Morelli; Humberto de la Calle Lombana, Rodrigo Londoño Echeverri alias “Timochenko”; Daniel Ortega; María Angela Holguín; Mauricio Cárdenas; Juan Carlos Pinzón; Germán Vargas; Juan Camilo Restrepo; Fernando Carrillo Flórez ; Comandantes Fuerzas Militares; Ministros y principales funcionarios del Presidente Juan Manuel Santos. Área / Cubrimiento: Área urbana de Armenia; Bogotá; Barranquilla; Cali; Envigado; Floridablanca; Itagüí; Manizales; Medellín; Montería Palmira; Soacha y Soledad; San Andrés Isla. Para acompañar cualquier publicación de los resultados, considerando la legislación vigente, la siguiente ficha técnica debe ser incluida en su totalidad.

 
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