“El país no ha entendido la dimensión del desastre”

Si a Jorge Londoño, expresidente de Bancolombia, se le conoce como el zar de la reconstrucción, Everardo Murillo, gerente del Fondo de Calamidades de Colombia Humanitaria, es el mariscal de campo encargado de hacer llegar la ayuda humanitaria -comida y vivienda- a los afectados por el invierno. Hoy son ya más de tres millones de personas afectadas. En solo este mes, las inundaciones y los deslizamientos de tierra han dejado más de dos muertos diarios, y desde abril de 2010 -porque no ha dejado de llover en todo un año- ya son 418 las personas muertas.

Murillo, tal vez el colombiano que hoy más sabe sobre lo que está ocurriendo, habló con SEMANA de las duras críticas por los supuestos retrasos en las entregas de las ayudas, dice que el fallo de la Corte Constitucional alarmó a gobernantes locales y advierte que la geografía del país no será igual después de esta catástrofe.

SEMANA: Les han llovido críticas por las demoras de las ayudas y la lentitud de los operadores. ¿Cuál es su explicación?

E.M.: Este es el desastre más grande causado por la naturaleza en la historia del país. Hay 1.400.000 hectáreas inundadas; eso nunca había sucedido en Colombia. Eso es como tener la totalidad de los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda bajo el agua. Enfrentar eso significa montar una operación logística gigantesca, y no se hace de un día para otro. La Dirección General del Riesgo (DGR) es la que atiende estas emergencias desde 1989 pero con una pequeña infraestructura, ¿cómo podía darles alimentación a 2.100.000 personas que teníamos en noviembre? Eso es como darle de comer a toda Medellín todos los días.

SEMANA: Y entonces por eso acudieron a este esquema de girar la plata a los gobernadores y estos, a su vez, ponen un operador privado que contrata la compra y entrega de los mercados…

E.M.: El gobierno decidió poner un operador para atender la emergencia, porque si bien los alcaldes tienen un comité local de atención de emergencias, no tenían recursos ni experiencia para desplegar una logística tan compleja como esta. Hay quienes dicen que por qué no pusimos a las grandes cadenas a repartir los mercados, pero las primeras que se rehusaron fueron ellas. Así que recurrimos a organizaciones vinculadas con cada territorio. Es una experiencia inédita. Algunas como la Cruz Roja y la Defensa Civil, han estado siempre allí, pero los demás (las cajas de compensación o el Club de Leones) no tenían experiencia. Y eso de buscar a los damnificados, meterse por los ríos y contratar camiones tiene su ciencia.

SEMANA: El desastre invernal comenzó en abril del año pasado y empeoró en noviembre. En algunos departamentos se entregaron las primeras ayudas solo en febrero. ¿Se reaccionó tarde?

E.M.: El Fondo de Calamidades comenzó a actuar jurídicamente el primero de enero de 2011. No existía esta estructura.

SEMANA: Entonces fue el gobierno el que se demoró creando el nuevo sistema...

E.M.: El presidente Santos llegó en agosto y creó el programa Colombia Humanitaria el 23 de noviembre, para recoger recursos para el invierno. El 7 de diciembre de 2010 se declara la emergencia y se comienzan a expedir los decretos. Pero no significa que no se estuviera haciendo nada. La oficina del Ministerio del Interior, la DGR, atendió el invierno con otras entidades y se invirtieron más de 500.000 millones de pesos.

SEMANA: ¿Pero entonces qué es lo que está fallando para que se den críticas de lentitud? ¿Las autoridades locales o el sistema no dan la talla?

E.M.: Tenga en cuenta que no estamos hablando solo de alcaldes de ciudades grandes como Medellín y Cali. En algunos casos son alcaldes a los que el tamaño del invierno supera su capacidad de gestión. El sistema no tiene problemas legales, sino de logística. ¿Cómo se hace para llevar 3.000 mercados desde Bogotá a Tamalameque? ¿Quién los compra? ¿Cómo se entregan?

SEMANA: ¿Los fallos de la Corte Constitucional han tenido algún efecto sobre el flujo de la ayuda?

E.M.: Mucho. Como los alcaldes no tienen un abogado, sino hasta tres y cuatro, estos interpretan el fallo de la Corte y le dicen al alcalde que como se cayó el decreto, no hay plata y no ejecutan.

SEMANA: Pero entonces no es el fallo de la Corte el que afecta, sino una mala interpretación…

E.M.: Exacto, porque técnicamente, según dijo el presidente de la Corte en una entrevista a SEMANA, el decreto del presupuesto del Fondo no se ha caído. El gobierno expidió 39 decretos y la Corte ha fallado en 27. Mientras ese decreto no se caiga, nosotros seguimos.

SEMANA: La Contraloría ha encontrado sobrecostos en cuatro departamentos, ¿son graves?

E.M.: La Contraloría encontró que estaban cometiendo el error de incluir en los costos del mercado la operación logística. Es un problema de contabilidad, no de corrupción.

SEMANA: Da la sensación de que no se aprovechó el 'veranillo' que hubo para hacer jarillones y otras obras de prevención de mayores desastres...

E.M.: Es que el agua no ha bajado. Nosotros estamos aprobando una solicitud en el lapso de una hora. El 75 por ciento de los recursos del Fondo de Calamidades están comprometidos. En ayuda humanitaria ya se entregó el 85 por ciento: la gente ya recibió manutención, alojamiento y kit de aseo. Y ya hemos aprobado el segundo giro para ayuda humanitaria en 15 departamentos.

SEMANA: Pero de los 258.000 millones de pesos que ustedes han aprobado para 1.490 obras menores, ¿cuánto se ha ejecutado en realidad?

E.M.: Toda la plata se ha girado. Por ejemplo, para el Canal del Dique se han aprobado muchas solicitudes de obra, pero de 2.200 millones de metros cúbicos de agua que inundan el sur del Atlántico todavía quedan 150 millones de metros cúbicos por sacar. Así la plata esté lista ¿cómo actúo si todavía hay agua? Solo se podrá hacer reconstrucción cuando el agua lo permita.

SEMANA: Y según dijo un técnico del IGAC, el agua podría demorarse en secar todo un año...

E.M.: Apenas se han podido reducir hasta el 14 por ciento de las aguas de noviembre. Han pasado seis meses y aún falta. La gente no ha entendido que la emergencia no ha acabado.

SEMANA: ¿Pero eso quiere decir que si todavía faltan las lluvias de mayo y junio, el Fondo de Adaptación y Reconstrucción que se va a encargar de las grandes obras se demora en arrancar?

E.M.: Ya arrancó. Tiene junta directiva, fue avalado por la Corte Constitucional y estamos en la consecución de recursos para empezar a pensar en los diseños de las grandes obras.

SEMANA: Si de los 4,5 billones que tiene el Fondo de Calamidades ya están comprometidos el 73 por ciento de los recursos, ¿qué queda para 2011?

E.M.: Hay más de un billón de pesos para financiar la operación por un año.

SEMANA: Y si a fin de año se acaba la plata y hay más damnificados...

E.M.: Entonces, en enero de 2012 actuaríamos en ayuda humanitaria con los recursos de ese año. Mantendremos la atención el tiempo que sea necesario.

SEMANA: ¿Cuántos damnificados hay hoy?

E.M.: Hoy hablamos de tres millones. Para alojar estas familias se necesitaría construir 49 torres Colpatria o 54 estadios El Campín. Tenemos que reparar 118.000 viviendas. Pero estamos ya armando el censo. Mientras Katrina se demoró ocho meses y el Eje Cafetero seis, aquí lo logramos en tres. Hoy, para dar la ayuda humanitaria, no pedimos censo. Un gobernador y un alcalde nos dicen cuántos son los afectados y les giramos la plata para los mercados. Pero, en los segundos giros sí hay que tener más control: esos datos se cruzarán con los de los comités locales. Para el tercer giro tendremos en cuenta al DANE para saber cuántos damnificados verdaderos son.

SEMANA: ¿Hay pueblos que van a desaparecer?

E.M.: Van por lo menos siete pueblos que piden o necesitan ser trasladados. Útica, Gramalote, Santa Ana en La Mojana y algunos en el Meta. Están en estudio, pero son decisiones de los alcaldes y, sin duda, serán muchos más. La geografía va a cambiar.

SEMANA: ¿Cambió el mapa del país?

E.M.: Sí. Va a haber nuevos centros urbanos poblados y seguramente habrá pueblos en los que así el agua baje, no se podrá seguir viviendo.

SEMANA: ¿Está blindado el sistema ahora que viene la época electoral?

E.M.: Los mercados llevan una marca que deja claro que es ayuda humanitaria e hicimos una alianza con la Misión de Observación Electoral para medir el daño que puedan hacer políticos inescrupulosos. Vamos a hacer un convenio con la Iglesia católica, pastoral social estará en cada sitio y la Contraloría seguirá presente.

SEMANA: ¿Qué lo ha impactado?

E.M.: Las inundaciones en todo el país son tan impactantes como las que vimos en Chía. Nos montamos en un helicóptero para ir de Barrancabermeja a La Gabarra y durante los 40 minutos del vuelo todo estaba inundado. Hay unos dramas sociales terribles que me ponen el reto todos los días de lograr que esto funcione.

SEMANA: Dinero ha habido, solidaridad también, pero ¿siente que ha faltado más gente metiéndole el hombro?

E.M.: Tal vez no hemos comprendido que esta emergencia no ha terminado. Apenas con la inundación de Chía y de la Universidad de la Sabana los que estamos en los centros urbanos comenzamos a sentir el problema.