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| 1/14/2012 12:00:00 AM

El Palacio en la Corte

Colombia está a punto de ser condenada en el Sistema Interamericano por las violaciones a los derechos humanos de 17 familias durante la toma del Palacio de Justicia.

El caso de las víctimas del Palacio de Justicia está a un paso de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. SEMANA conoció el informe de fondo en el que se responsabiliza a Colombia por la desaparición de 12 personas, la detención ilegal y tortura de otras cuatro y la desaparición y ejecución de una más, en los hechos ocurridos en noviembre de 1985. El informe, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una especie de acusación previa en la que la probabilidad de condena para el Estado es muy alta. Los 11 casos anteriores que han llegado a ese punto han sido fallados contra el Estado.

Las víctimas de desaparición que reconoce la Comisión son los empleados de la cafetería y visitantes del Palacio: Cristina Guarín, Luz Mary Portela, Gloria Lizarazo, Carlos Augusto Rodríguez, David Supes, Jaime Beltrán, Bernardo Beltrán, Norma Constanza Esguerra, Gloria Isabel Anzola, Lucy Amparo Oviedo y Ana Rosa Castiblanco.

Además, la Comisión encontró responsable al Estado por la desaparición de Irma Franco, una guerrillera que participó en la toma, salió viva del Palacio y posteriormente desapareció. En criterio de la Comisión, al momento de su salida ella no hacía parte de las hostilidades y se debió respetar su vida.

Los casos por las desapariciones han sido parte del proceso que se abrió en 1990 cuando los familiares de las víctimas acudieron al organismo internacional en vista de los pocos avances en las investigaciones. Pero el informe también reconoció la responsabilidad del Estado en la desaparición y posterior asesinato del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán. La Comisión subraya que la necropsia de Urán arrojó información sobre el maltrato que recibió y el tiro en la cabeza que lo mató, disparado a menos de un metro de distancia.

El informe también responsabilizó al Estado por las detenciones ilegales y torturas a las que fueron sometidos Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson. Ellos eran dos estudiantes de Derecho de la Universidad Externado de Colombia que fueron al Palacio a presentar un examen ante un magistrado.

Dos casos, menos conocidos, son los de Orlando Quijano, un abogado que escribía para una revista de Derecho, y José Vicente Rubiano, un trabajador de obras públicas que fue retenido por militares mientras se desplazaba de Zipaquirá a Bogotá en un bus. Quijano dijo a la Fiscalía en 2006 que estuvo retenido por más de seis horas. Rubiano, en cambio, permaneció desde el 7 hasta el 23 de noviembre, según consta en el expediente.

La defensa del Estado primero alegó que la Comisión no tenía competencia y, en segundo lugar, que la investigación no ha parado en estos 25 años por lo que el plazo no es "irrazonable". Además, agregó que no debían tenerse en cuenta las solicitudes de reparación monetaria pues el Consejo de Estado ya ha indemnizado a los familiares de las víctimas de desaparición.

No obstante, la Comisión dejó claro que sí tiene la competencia porque Colombia ha suscrito las convenciones para prevenir la tortura y la desaparición forzada. Y señaló que en 25 años solo se han producido dos sentencias condenatorias que fueron apeladas: la del coronel retirado Alfonso Plazas Vega y la del general retirado Jesús Armando Arias Cabrales. En su análisis, enfatiza en que desde el principio se intentó ocultar la verdad afectando los derechos de las víctimas.

Al final del informe, la Comisión hace recomendaciones al Estado en las que pide sancionar a los culpables en un plazo razonable, localizar a los desaparecidos y reparar a las familias, entre otras. Le da un plazo de dos meses (que se cumplieron la semana pasada). SEMANA conoció que la Cancillería pidió un mes de plazo adicional para responder. Aunque esta puede expresar su desacuerdo con las recomendaciones o alegar que los organismos del Estado han avanzado en su cumplimiento, es improbable que la respuesta detenga la llegada del caso a la Corte. En ese caso, según la experiencia, es muy seguro que al cabo de dos años se produzca un fallo condenatorio.
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