Martes, 24 de enero de 2017

| 2004/09/19 00:00

El pasado no perdona

Drogas La Rebaja quedó en manos del Estado. Pero lo peor para los hermanos Rodríguez Orejuela está por llegar: la solicitud de extradición de otro de sus hijos.

Mientras los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela se rigen por 'la ley del silencio' las autoridades norteamericanas los golpean sin descanso. Para nadie es un secreto que el gobierno de Estados Unidos no se detendrá hasta ver a los ex jefes del cartel de Cali en una de sus cárceles. Mientras esto sucede, está dispuesto a dejarlos sin cinco centavos a ellos y a sus familias. Y como si fuera poco, ahora va a enfilar todas sus baterías para solicitar en extradición a Jaime Rodríguez Mondragón. "Me deja frío esa noticia -le dijo a SEMANA el hijo de Gilberto Rodríguez-. Le garantizo que yo no voy a esconderme. Tengo mi conciencia tranquila y sé que he actuado bajo la ley. Pero si es así, me tocará defenderme".

La razón por la cual la justicia norteamericana podría requerir a Jaime Rodríguez Mondragón se remonta a octubre de 1995, cuando él se desempeñaba de gerente y dueño de Drogas La Rebaja. En ese mismo año fue capturado en Cali su padre Gilberto. El entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, sostuvo en una Asamblea de la ONU que la guerra contra las drogas era un problema de seguridad nacional y anunció la firma de la orden ejecutiva 12978, que les impuso sanciones económicas a los narcotraficantes colombianos. En la llamada 'Lista Clinton' fueron incluidos Gilberto, Miguel Rodríguez Orejuela, 93 integrantes de sus familias y Drogas La Rebaja. A partir de esa fecha todas sus cuentas en los bancos y en las corporaciones de ahorro y vivienda del país fueron bloqueadas y se les prohibió a las multinacionales norteamericanas tener cualquier negocio con la empresa.

La justicia colombiana por su parte también adelantaba una investigación desde 1991 para determinar el origen de los dineros de La Rebaja. Sin embargo, en este caso a los Rodríguez les fue bien. La Fiscalía precluyó la investigación en febrero de 1996, cinco meses después del pronunciamiento del presidente norteamericano. Aun así, Jaime Rodríguez Mondragón consideró que la única salida que le quedaba era ofrecerles la empresa a los trabajadores. Para ello constituyeron legalmente la cooperativa Copservir. Luego les consultaron a todas las entidades oficiales, a la Fiscalía, a la embajada de Estados Unidos y a las Superintendencias de Sociedades y Bancaria sobre la transparencia del negocio. Nadie lo objetó. La compraventa se cerró por 35.000 millones de pesos, que serían pagados a 20 años. "El compromiso de los 4.100 empleados fue pagar quincenalmente la deuda con el 10 por ciento de nuestro salario. Nos entregaron 320 establecimientos comerciales y hoy tenemos 442 en 122 ciudades que son los que conforman la cadena de droguerías más grande del país y estamos dentro de las 50 empresas más grandes de Colombia", sostuvo el representante legal de Copservir, Ricardo Calderón.

Sin embargo no fue fácil borrar la historia y pretender arrancar de cero. Dos años después de la negociación comenzó otro capítulo de Drogas La Rebaja, esta vez con sus nuevos dueños, a quienes no se les perdonó su pasado. La cooperativa Copservir y 100 de sus trabajadores fueron incluidos también en la 'Lista Clinton'. Como consecuencia se les negó el acceso a la seguridad social, a los fondos de pensiones y se les cerraron las puertas del mundo financiero y comercial. Y aunque la cooperativa ha hecho toda una labor de lobby para demostrarles a las autoridades que la cadena de droguerías no se sigue moviendo con dineros ilícitos, no lo ha podido lograr.

La policía judicial sostiene que la negociación entre los trabajadores y los Rodríguez fue una operación ficticia para ocultar el producto del enriquecimiento ilícito de sus antiguos dueños y basó toda su investigación en un pilar de documentos contables como agendas, libros, discos compactos, casetes y extractos bancarios que obtuvo en junio del año pasado después de allanar la sede de Copservir y tres de las principales sucursales de Drogas La Rebaja en Cali. " La que funciona en el barrio Ciudad Jardín, al sur de la ciudad, tiene en seguida un minimercado. Cuando se allanó, encontramos una gigantesca caja fuerte que guardaba todos los libros oficiales, inventarios, los acuerdos con los acreedores y la contabilidad de las droguerías", le dijo a SEMANA uno de los hombres de la Dijin que participó en el operativo.

A partir de ese momento y durante los últimos dos años, los documentos que contenían toda la historia de Drogas La Rebaja desde que fue creada en 1972 fueron minuciosamente analizados por cuatro contadores del DAS, seis de la Dijin, dos peritos de la embajada norteamericana, expertos en cooperativas y una fiscal. Y un grupo especial de inteligencia analizó grabaciones telefónicas que sugieren que existe un encubrimiento de los trabajadores de La Rebaja a favor de la familia de los ex jefes del cartel de Cali.

Saber si la cooperativa va a lograr demostrar lo contrario es muy difícil. Los expertos de la Dijin, asesorados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, consideran que la empresa 'maquilló' sus estados contables y que es utilizada como una especie de fachada de los Rodríguez Orejuela. "El 5 por ciento del total de los activos es de los trabajadores. El resto son deudas con la segunda generación de la familia Rodríguez Orejuela por 132.000 millones de pesos. Tenemos las pruebas de que en el negocio siguen participando los hijos de los confesos narcotraficantes, y frente a la Fiscalía los argumentos de los trabajadores perdieron toda credibilidad", sostuvo un oficial de inteligencia de la Dijin, experto en delitos financieros.

Los expertos de la policía judicial y los funcionarios de la embajada norteamericana dicen que terminaron el análisis de toda la información en diciembre pasado y que desde entonces todo estaba listo para ocupar la cadena. Sin embargo, la decisión final se dio nueve meses después, en medio de presiones de la justicia norteamericana frente a la lentitud de la Fiscalía para darle el visto bueno a la extinción de dominio. Por lo menos eso fue lo que le dijo a SEMANA uno de los asesores norteamericanos, quien pidió la reserva de su nombre: "Nosotros comprobamos con la Dijin que en las operaciones financieras de La Rebaja existe un claro lavado de dinero pasivo para evadir la 'lista Clinton'. No vamos a permitir que se sigan burlando de la ley a través de una empresa de fachada. Por eso nos vimos obligados a poner casi un ultimátum".

El primero en celebrar la decisión judicial de Colombia fue el director de la Ofac, Rick Newcomb. El funcionario ambientó lo que iba a pasar con Drogas La Rebaja en una rueda de prensa el martes de la semana pasada cuando dijo: "Continuamos persiguiendo la red financiera de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, así como su uso de compañías farmacéuticas y cooperativas financieras en Colombia para lavar sus ganancias del narcotráfico e infiltrarse en la economía legal". La Ofac se encarga de investigar a todas las personas naturales y jurídicas que presten colaboración a los narcotraficantes colombianos en el blanqueo de sus capitales y aparecer en su lista es la muerte financiera con las bancas de Estados Unidos y de Colombia. Ese día añadieron 23 empresas y a 118 personas que tienen relación directa o indirecta con Drogas La Rebaja.

Como esta es la mayor incautación que hasta ahora se ha hecho en Colombia, la preparación de la diligencia administrativa no fue nada fácil. Desde que se dio la orden hace dos semanas, se prepararon 500 fiscales, 800 hombres de la Policía Judicial y Metropolitana de Cali y funcionarios de la Dirección de Estupefacientes (DNE). Se estudiaron las hojas de vida de cerca de 500 empleados de La Rebaja, quienes serán designados por el fiscal para actuar como depositarios provisionales de los locales y de las cuatro sucursales administrativas de la empresa que funcionan en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga y Cali. Y la DNE tiene que ejercer el control y las cuentas de las 442 droguerías y será la responsable del manejo de su operación hasta que un juez de la República defina el futuro de los bienes.

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