Lunes, 16 de enero de 2017

| 2000/05/08 00:00

El Pastranazo

El presidente Andrés Pastrana ha puesto en riesgo las principales iniciativas de su gobierno al declararle la guerra al Congreso. En el camino, hasta su presidencia podría peligrar. ¿Se justifica semejante apuesta? Análisis de SEMANA.

El Pastranazo

Andres Pastrana regresó a la profesión que más le gusta: la de candidato. Pero esta vez puso en juego lo que durante año y medio había trabajado como Presidente, con esas características tan impropias de los candidatos: la persistencia y la discreción. Al jugarse a fondo con la idea de reformar el Congreso por la vía del referendo el candidato Pastrana subió en las encuestas y recuperó un apoyo popular que mucha falta le hacía. Adicionalmente, trancó el avance de un escándalo que amenazaba con llevarse por delante a su Ministro del Interior y a altos funcionarios de Hacienda. Pero al hacerlo, el candidato puso en riesgo tres ejes fundamentales de la política gubernamental del Presidente: el proceso de paz, la recuperación económica, y el Plan Colombia.

Como si lo anterior fuera poco, la alianza política que lo sostiene se ha resquebrajado. Si a ello se le suma que el referendo requiere en principio de la aprobación del Congreso —el único afectado por el referendo— todo pareciera indicar que en esta oportunidad el Presidente dobló la apuesta, que ya era considerablemente alta en las mesas de la paz y la recuperación económica. Todo parece indicar que tiene muchas probabilidades de perder hasta la camisa.

¿Por qué motivos el Presidente decidió jugarse a fondo con esa carta en apariencia tan incierta? Como buen político, el Presidente decidió montarse en la cresta de la ola de una opinión enfurecida por los últimos acontecimientos dentro del Congreso. Aunque para nadie fuera una sorpresa la corrupción en las cámaras legislativas, la verdad es que hacía años no había tanta indignación en la opinión frente a las corruptelas del Legislativo. Pastrana encontró en la serie de renuncias de la mesa directiva de la Cámara ambiente perfecto para una nueva campaña.

Un grupo integrado por el ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez; el canciller, Guillermo Fernández; el ministro de Justicia, Rómulo González; el secretario general, Juan Hernández; el secretario privado, Camilo Gómez; el secretario jurídico, Jaime Arrubla, el constitucionalista Manuel José Cepeda y algunos asesores externos de comunicaciones del Presidente, puso en marcha la operación inicial de la ‘campaña del Sí’. Con esta iniciativa el Presidente busca ganar un segundo aire para su gobierno.



El imperio contraataca

Pero las campañas se ganan o se pierden, y la actual no está ganada. Las primeras horas de vida del referendo presidencial fueron muy buenas. Ante semejante propuesta pocos dirigentes políticos pueden oponerse. De hecho, quien no se monta en el carro del referendo corre el riesgo de ser atropellado por él. En los días posteriores a la propuesta hasta el senador Miguel Pinedo Vidal y el propio Armando Pomárico, dos políticos tradicionales de pura cepa, expresaron su apoyo irrestricto a la reforma del Congreso.

A medida en que el humo del ataque presidencial empezó a disiparse las fuerzas en el Legislativo se reagruparon. Si la propuesta oficial se hubiese limitado al temario de reforma de las costumbres políticas y los mecanismos de elección de los parlamentarios quizás la reacción hubiese sido distinta. Pero el proyecto de ley propuesto por el gobierno incluyó un punto adicional: la revocatoria del mandato del actual Congreso. Tal como está escrito, el cronograma establecido por el Ejecutivo busca que en las próximas elecciones de octubre, en las que se eligen gobernadores, diputados, alcaldes y concejales, sea elegido un nuevo Congreso que se instalaría, en teoría, el primero de diciembre de este año.

El anuncio del presidente Pastrana cayó como una guillotina afilada sobre las cabezas de los parlamentarios. Ni el más pesimista de ellos se llegó a imaginar que el referendo presidencial podría costarle la curul: “Todas las veces que hablamos con el ministro Néstor Humberto Martínez y con el propio Presidente siempre descartaron esa posibilidad”, dijo uno de los senadores inconformes a SEMANA.

Para muchos, al Presidente le faltó tacto y le sobró prepotencia. El solo hecho de haber generalizado sobre la corrupción de todo el Congreso, y no haber salvado el honor de muchos de ellos, ni siquiera sus amigos, cayó muy mal en un amplio sector de parlamentarios para quienes las frases de Pastrana fueron injustas y desobligantes.

Al meter a todos los congresistas en el mismo saco de la corrupción el Presidente despertó, como era apenas natural, la solidaridad de cuerpo entre los parlamentarios. Sobre todo los liberales, quienes ante el ataque oficial terminaron unidos, algo que hasta el momento nadie había podido lograr.

La bisagra de la unión liberal fue la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, que busca dejar sin piso al referendo presidencial sin oponerse a la reforma. Se trata de una estrategia oportuna y audaz. Oportuna, porque el Partido Liberal demostró capacidad de reacción al poder darle la vuelta al golpe de opinión del Presidente. Audaz porque, sin duda alguna, la Asamblea Nacional Constituyente, al ir más allá de la reforma política, es mucho más ambiciosa que el referendo anticongreso del Presidente.

Pero la propuesta de los liberales oficialistas —a la que se sumaron la mayoría de los llamados colaboracionistas de la Gran Alianza y unos cuantos independientes— también se metió en uno de los terrenos en los que el gobierno ha mostrado mayor aplicación: el proceso de paz con las Farc. Los promotores de la idea consideran que el proceso de paz se debe ‘descaguanizar’ y que llevar a cabo una reforma política de esta magnitud que no sirva a la vez para desmovilizar a las Farc sería una pérdida de tiempo.

La situación de la Gran Alianza no es menos complicada. Es indiscutible que la fuerza que tenía hace una semana se ha resquebrajado.

“El Presidente tacó burro, dijo a SEMANA Juan Manuel Santos. Se metió a un referéndum que recogía el sentir nacional de reacción contra las porquerías del Congreso, pero por improvisar y por ser tan arrogante en la forma como procedió para aprovechar esa coyuntura, creó una situación que va a ser muy adversa para él y para el país. Además perdió sus mayorías legislativas, se quedó sin capacidad de gobierno y no tiene relaciones institucionales con los partidos porque los ha ignorado”.

La verdad es que en materia política el escenario no es nada gratificante: los actuales parlamentarios paralizaron sus labores por cuenta de la posible revocatoria —los más optimistas se alistan para las elecciones de octubre— y los que podrían llegar lo van a pensar muchísimo en la medida en que su período no sería superior a dos años. Con seguridad se preguntarán si vale la pena invertir una buena cantidad de millones de pesos en una empresa tan fugaz.



Las Farc y el ex presidente López.

Pero ahí no terminan los detractores. El referendo es, además, un baldado de agua fría para el proceso de paz. Sin duda la dinámica de un proceso de reforma que hace uso por primera vez de un instrumento consagrado en la Carta del 91, y que lo hace en contra de un Congreso que no podía estar más desprestigiado, eclipsa el protagonismo del proceso de paz. Eso explica la reacción de Raúl Reyes, quien dijo que para ese movimiento guerrillero el referendo carece de importancia.

El referendo conspira contra la estrategia política de las Farc. Es decir, que mientras le da más legitimidad al gobierno para negociar le arrebata a las Farc la más importante bandera política por la cual se alzaron en armas: la lucha contra la clase política. Precisamente por su valor táctico las mismas Farc habían dejado para el final de la negociación la discusión sobre poder político.

Pero el hecho de que las Farc no aprueben el referendo de Pastrana no quiere decir que vean con buenos ojos las propuestas liberales. Es fácil imaginar que ese grupo guerrillero no va a respaldar una Asamblea Constituyente que tenga su origen en los actuales congresistas, a quienes ellos sindican de ser los causantes de la mayoría de los males de la Nación. Y por su parte existen vastos sectores de la opinión que no verían con buenos ojos la participación de una guerrilla armada y apenas iniciando un proceso de diálogo con el gobierno en una Asamblea Constituyente.

El último embate provino del ex presidente Alfonso López Michelsen, quien afirmó en radio el pasado jueves que detrás de la propuesta de Pastrana se oculta el propósito de anticipar las elecciones de Congreso y no de renovar la política o de luchar contra la corrupción. La aplanadora oficial no tardó en reaccionar. Pocos minutos después de que terminara de hablar el ex presidente liberal Pastrana lo retó a que liderara la campaña del ‘No’. La fuerza de la macartización oficial y la ola de opinión en la que se montó el gobierno han logrado que muy pocos se opongan al referendo.



Un acto de brillante oportunismo

El Presidente ha recibido una lluvia de críticas por parte de la clase política y de varios comentaristas políticos. Algunas válidas, dicho sea de paso. Pocos dudan que el referendo no sea un acto de oportunismo político por parte de Pastrana. Pero en la misma medida es una oportunidad sin igual para llevar a cabo una reforma del Congreso en poco tiempo. El dramático apoyo popular, a manera de cañón de revólver en la sien, no le hará fácil al Congreso oponerse a su propia reforma.

Es cierto también que la presentación del gobierno demuestra improvisación, tanto en el contenido como en la ausencia de un mínimo acuerdo político que garantice el tránsito por las cámaras, pero habría que decir en favor del gobierno que son pocos los que han estudiado con cuidado la propuesta oficial, menos numerosos los que la han mejorado y que un acuerdo político en el ambiente de polarización en que se encuentra el país no es fácil de alcanzar.

Se ha criticado también el cronograma. Al ser tan difícil que el Congreso apruebe el referendo la propuesta del 16 de julio parece ilusoria. Una fuente consultada por SEMANA dijo, sin embargo, que “el gobierno sabía que el Congreso no pasaría fácilmente una propuesta así de radical, de tal manera que en el cronograma se ha calculado lo que nos demoraríamos en llevar el tema a la gente y pasar por encima del Congreso”. El gobierno sabe que el referendo podría no ocurrir en julio pero está empecinado en que las elecciones tengan lugar, en cualquier caso, en octubre.

Es cierto también que el Presidente parece haber ignorado el impacto de su propuesta en los otros frentes de su agenda, particularmente en su plataforma legislativa. La reforma pensional, la del sistema de transferencias departamentales y la tributaria, de las cuales depende en parte la recuperación de un grado de sanidad fiscal que se ha perdido, corren el riesgo de no ser aprobadas en esta legislatura. Sin embargo hay quienes opinan que el gobierno había perdido toda esperanza de pasar por el actual Congreso esa plataforma y que, precisamente en esa medida, resultaba atractiva la revocatoria.

Por último, si en Colombia la situación es confusa, en el exterior, y particularmente en Estados Unidos, donde actualmente se estudia un paquete de ayuda económica por 1.300 millones de dólares para el gobierno colombiano, lo que hay es una combinación de perplejidad e indiferencia. Si bien la atención del establecimiento de Washington está concentrada en el debate presupuestal interno y el tema de Colombia no figura en el radar de los políticos gringos, la tormenta que ha causado el referendo envía hacia al exterior un mensaje de inestabilidad institucional que puede servirles de munición a varios congresistas para impedir que se le entregue la ayuda a Colombia. Lo mismo puede suceder con la mesa de donantes —conformada por países europeos— para entregarle recursos de inversión social al Plan Colombia. Como dijo a SEMANA un funcionario en Washington, “el peor enemigo de una ayuda económica no es sólo la corrupción sino la inestabilidad política”.

Pero la crítica de fondo más importante que se ha hecho contra la propuesta oficial es que ha eliminado por completo toda posibilidad de discusión alrededor de lo que debiera ser una reforma política, con lo cual se justifican los temores de quienes piensan que los referendos son instrumentos de naturaleza dictatorial y autocrática.



¿Y la clase política se queda o se va?

No son pocos los que han dicho que el referendo es un divertimento innecesario porque, si lo que busca es eliminar la corrupción, sus disposiciones no lo logran. “Además, como lo dijo López, con ese antecedente, cada vez que haya indelicadezas de cierto tamaño en el Congreso tendríamos que volver a revocarlo y eso no es posible”. Pero lo cierto es que la propuesta oficial de referendo no es un instrumento de lucha contra la corrupción, trabajo que corresponde a la Fiscalía y a la Procuraduría en mayor medida que a las disposiciones legales o constitucionales. Es más un instrumento de guerra contra la clase política.

“Por primera vez, dijo a SEMANA Manuel José Cepeda, va a ser posible en Colombia trazar reglas de juego político que no favorecen las prácticas clientelistas tradicionales y que favorecen una alternativa para los movimientos nuevos. A eso va dirigido todo el paquete: las reglas de financiación, el voto obligatorio en la elección de octubre, el mecanismo electoral que, contrario al anterior, hace que todas las curules deban repartirse entre el mismo número de votos, con lo cual no se benefician las operaciones avispa, en fin...”.

A lo anterior se suma la reducción del número de congresistas de manera dramática, la desaparición de las asambleas departamentales, la reducción del número de concejales y la decisión de eliminar la remuneración de los mismos. Nada de lo cual hace feliz a la clase política, si bien no logrará evitar que muchos de los actuales parlamentarios regresen al Congreso de la mano del voto popular.

“Por primera vez en 100 años, añadió Cepeda, existe la posibilidad de que el pueblo directamente fije las reglas de repartición del poder político. Lo que está haciendo el Presidente es crear una nueva gobernabilidad basada en la participación popular”.



El demonio del medio día

El escenario perfecto para el gobierno es el de la aprobación de la Ley de Referendo por parte del Legislativo antes del mes de junio, de tal modo que una rápida revisión de la Corte Constitucional y una posterior declaratoria de exequibilidad permitieran la celebración de elecciones para Congreso en una fecha anterior a la del inicio de la próxima legislatura, es decir, antes del 20 de julio.

Eso no va a ocurrir. Lo que va a suceder es que, al ser evidente que el Congreso no daría trámite a la propuesta inicial, por lo menos no en los términos que Pastrana quisiera, la administración recurrirá a la recolección de firmas ciudadanas. Un 5 por ciento del censo electoral es suficiente para que el Congreso deba estudiar el proyecto de referendo. De negarlo, un 5 por ciento adicional bastaría para hacer obligatorio el referendo.

El trámite legal del referendo obliga a la Corte Constitucional a manifestarse antes de la fecha del pronunciamiento ciudadano. Varios expertos consultados por SEMANA creen que el paso por la Corte no será difícil tanto en lo que hace referencia con la posibilidad de que el Congreso modifique el texto oficial, como con un referendo convocado por la iniciativa ciudadana, cualquiera sea el caso.



La economía se resiente

Al tiempo que se caldeaba el ambiente político el precio del peso colombiano perdía 2,5 por ciento de su valor frente al dólar. Este hecho es un claro síntoma de que los agentes del mercado reaccionaron a los coletazos políticos que provocó el referendo y que esto puede tener consecuencias graves en la economía colombiana.

No precisamente por el contenido del mismo —que de por sí recorta burocracia en alrededor de 400.000 millones de pesos—, sino porque quedan aplazadas las reformas estructurales que había vendido el gobierno en el FMI como aspectos fundamentales para reducir el déficit fiscal y permitir un crecimiento del aparato productivo.

Para Santiago Montenegro, decano de economía de la Universidad de los Andes, la situación es bastante grave ya que en primera instancia se incumplen los acuerdos que se tenían con el FMI, lo que intranquiliza a los mercados, retrasando el regreso de la inversión extranjera al país. Esto desembocaría en una posible elevación de las tasas de interés, comprometiendo seriamente la recuperación económica.

No obstante, para el analista Javier Fernández-Riva existen una serie de razones que invitan a no entrar en pánico. Para él, que no se haga la reforma tributaria no es malo. Al revés, en su opinión lo último que necesita el país en la actualidad son más impuestos. Por otro lado, Fernández calcula que el gobierno no necesita durante este año ni un solo dólar del FMI, ya que el flujo de divisas para 2000 cubrirá sin mayores sobresaltos el déficit de la balanza de cuenta corriente.

Es evidente que la inestabilidad política tiene repercusiones negativas sobre las variables económicas. Sin embargo, en la medida en que se despeje el polvorín político y el país vuelva a la normalidad —y el gobierno logre venderle la idea al FMI de que el paquete sólo se está aplazando y lo que están en juego son reformas institucionales necesarias para el país— la situación económica es más manejable de lo que la gente piensa.



El leon está herido

Pero se requiere para ello que se despeje de veras el polvorín político. Y todo pareciera indicar que hará exactamente lo contrario. Abierta la caja de Pandora no hay quien pueda cerrarla. A diferencia de 1991, cuando la revocatoria fue un acto extremo de una Constituyente que se había declarado a sí misma omnipotente y que había dejado sin piso el temario limitado impuesto por un decreto presidencial, en este caso se trata de un jefe de Estado que no tiene mayorías en el Congreso intentando cambiarlo por la vía constitucional. La respuesta de éste amenaza con ser igual de agresiva y con incluir en el paquete al propio Presidente.

“El gobierno vio las encuestas y se montó sobre una emoción, lo cual es lo más fácil. Pero es muy riesgoso”, dijo a SEMANA Luis Guillermo Vélez, presidente de la DNL.

Lo más grave para el gobierno es el espacio de confrontación política que ha abierto sin tener la fuerza política para ganar la partida. En esta empresa el gobierno necesitará a la opinión como nunca antes la necesitó un jefe del Estado. Es el único instrumento que le queda al Presidente para hacer realidad la reforma del Congreso y la elección de un nuevo grupo de parlamentarios durante su gobierno.

En ese terreno el gobierno se parece a un cazador en un safari. Le ha disparado al león. Lo ha herido. Pero si no lo mata es muy posible que el león termine por comerse al cazador.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.