Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2001/08/20 00:00

El peor negocio de la historia

Por 15 contratos que firmó para ampliar su red de telefonía local, Telecom tendrá que pagar entre 800 y 1.500 millones de dólares. SEMANA revela cómo se cocinó semejante descalabro financiero.

El peor negocio de la historia

En abril pasado un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá dictaminó que Telecom debía pagarle 72 millones de dólares a la multinacional Nortel en compensación por un contrato de instalación de líneas telefónicas que habían suscrito hace ocho años. La suma en su momento parecía exorbitante pues superaba incluso la del famoso fallo de TermoRío. Sin embargo es apenas la punta de un gigantesco iceberg. El problema financiero que enfrentará Telecom en los próximos tres años por cuenta de otros 14 contratos similares al suscrito con Nortel es de una magnitud nunca vista en el país.

La empresa estatal podría llegar a pagar entre 800 millones de dólares, si le va bien, o 1.500 millones de dólares, si le va mal, según como evolucionen dichos contratos. A medida que vayan venciendo los plazos de estos joint ventures (convenios de riesgo compartido) que Telecom hizo con gigantes mundiales de las telecomunicaciones, como Siemens, Alcatel, Ericsson, Nec, Itochu y la misma Nortel, se sabrá hasta dónde llega el descalabro.

Semejantes montos pueden poner en riesgo la existencia misma de Telecom. Así mismo podrían descuadrar las cuentas fiscales del gobierno. Sólo para tener una idea de la magnitud de lo que tendría que pagarse, el monto sería equivalente a la ayuda estadounidense para los dos primeros años del Plan Colombia. O podría llegar a representar una suma 10 veces mayor a lo que costó la ayuda de emergencia que el gobierno dio a los cafeteros este año.

Aún no es del todo claro de dónde va a salir tanta plata. Pero lo cierto es que directa o indirectamente la cuenta les llegará a los contribuyentes.



Jugar de local

Para entender cómo se llegó a semejante situación hay que remontarse a principios de los 90. Colombia tenía en ese entonces un largo camino por recorrer en materia de telefonía. El servicio tenía un cubrimiento muy bajo, pues apenas llegaba al 11,4 por ciento de la población cuando el promedio en América Latina era muy superior. En muchas zonas del país el teléfono seguía siendo un accesorio de lujo reservado para unos pocos y aun en las ciudades capitales había una enorme demanda insatisfecha.

De otro lado, Telecom se encontraba en una encrucijada. En esa época ya era evidente que el negocio de la larga distancia, el jugoso monopolio que generaba la mayoría de los ingresos de la empresa estatal, se iba a acabar. La entrada de la competencia era cuestión de tiempo, y con ella vendría una dramática reducción de las tarifas —como efectivamente ocurrió a partir de noviembre de 1998 con la llegada de Orbitel y el 007 Mundo—.

De manera que para sobrevivir Telecom necesitaba con urgencia buscar otras fuentes de ingreso. La alternativa más lógica era fortalecer su presencia en telefonía local. Según aseguran los expertos hoy en día en el mundo de las telecomunicaciones la plata la hacen los operadores locales. Es decir, la empresa que llegue con el cable hasta la puerta de la casa del usuario final lo tiene de alguna manera cautivo. Los intermediarios, en cambio, como aquellos que sólo prestan el servicio de larga distancia pero no le facturan directamente al cliente, están en una situación más débil pues al usuario le basta con marcar un indicativo distinto para pasarse a un operador más barato.

En 1993 Telecom no tenía más de medio millón de líneas locales instaladas en el país —directamente en las zonas rurales o a través de varias de sus empresas telefónicas en ciudades intermedias—. Pero necesitaba muchas más para seguir siendo un jugador importante en el largo plazo. Los contratos de riesgo compartido, que por esos días se empezaban a poner de moda en Colombia, le venían como anillo al dedo a la empresa estatal para cumplir su objetivo de hacerse fuerte en telefonía local.

Esta figura jurídica tiene una lógica similar a la de las concesiones viales o a la de los contratos de asociación petrolera, pues permite vincular inversionistas privados que ponen la plata y después comparten con el Estado las ganancias del negocio. A través de los joint ventures la empresa estatal podía multiplicar el número de líneas sin tener que desembolsar la plata.

La ley 37 de 1993, la misma que permitió el inicio de la telefonía celular, les dio piso legal a los contratos de riesgo compartido. A partir de ese año, y hasta 1997, Telecom firmó 15 convenios con proveedoras de equipos de telecomunicaciones.

De éstos, cuatro se firmaron entre 1993 y 1994 cuando Clara Elsa Villalba de Sandoval era presidenta de Telecom, bajo el gobierno de César Gaviria. En 1995, ya en la administración de Ernesto Samper, se suscribieron otros cuatro convenios, cuando Julio Molano presidía Telecom. Y los últimos siete se firmaron, entre 1996 y 1997, durante la gestión de José Blackburn. Son estos 15 contratos en su conjunto los que tienen ahora a la empresa en el abismo.

Pague despues

¿Pero por qué, entonces, si los contratos de riesgo compartido parecían la solución ideal, se llegó a semejante desastre? Parte de la explicación está en que el éxito o fracaso de estos negocios depende de las condiciones que se pacten en los contratos.

En un negocio de riesgo compartido, como en cualquier otra iniciativa empresarial, existe la expectativa de lograr unas ganancias, pero también la posibilidad de tener pérdidas. La clave, entonces, está en cómo los socios se distribuyen las utilidades, cuando las hay y, más importante aún, cómo se reparten las pérdidas cuando por alguna razón se presentan. La idea es que los diferentes riesgos inherentes al negocio se distribuyan entre la empresa contratante —Telecom—, que asume algunos de ellos, y las compañías asociadas, que asumen otros.

Pues bien, ocurre que en los joint ventures firmados Telecom arriesgó mucho y las compañías privadas más bien poco. En otras palabras, los convenios tuvieron mucho de riesgo y poco de compartido.

Según las condiciones pactadas las compañías asociadas se comprometían a instalar un determinado número de líneas telefónicas —alrededor de un millón y medio en total para los 15 contratos— a un precio fijo. Si el costo de instalación a la postre resultaba ser mayor al previsto era problema de ellas. Las deudas que tuvieran que contraer para financiar las inversiones también eran responsabilidad de las empresas.

Por otro lado, estas compañías tenían el derecho de recibir un porcentaje de la facturación que generaran esas líneas durante un tiempo determinado —entre tres y 10 años, según el contrato—. En principio este ‘peaje’, que oscilaba en alrededor del 80 por ciento de los ingresos por línea, debía bastar para que recuperaran su inversión y obtuvieran una rentabilidad sobre la misma -—en dólares—, según las proyecciones de un sofisticado modelo financiero.

Ahora bien. Si por alguna razón los ingresos generados por las líneas resultaban ser inferiores a los previstos inicialmente empezaban los problemas para Telecom. Si las tarifas caían por debajo de las proyecciones iniciales, o los minutos consumidos por línea resultaban menores a lo esperado, o la cartera no se recuperaba, la empresa estatal le pagaba al socio la diferencia. Pero no se la giraba de inmediato sino al final del contrato. Es por eso que apenas ahora que se empiezan a vencer los primeros convenios el problema está saliendo a flote.

¿Entonces cuál era el riesgo que asumía el socio privado? Muy poco. Apenas, si los ingresos por línea, por todas estas razones, bajaban en un 10 por ciento de lo esperado, ellos asumirían la diferencia. Si bajaban más de este porcentaje Telecom ponía la plata, como en efecto ha venido sucediendo.

Hay que tener en cuenta que estas condiciones se pactaron en situaciones muy diferentes. Colombia estaba en mejor posición económica y había optimismo por la apertura. De ahí que las proyecciones de ingresos de los joint ventures que entonces podían parecer aceptables hayan resultado, a la postre, absurdas.

Así, por ejemplo, se estimó que cada línea tendría al mes 450 marcaciones, que era el promedio de la época. Hoy en día está en 200. El cargo de conexión de una nueva línea entonces era de por lo menos 300 dólares y hoy lo máximo que se paga es 100 dólares.

Ilegibles

Más allá de los problemas con las proyecciones del negocio los contratos fueron redactados en forma confusa y, a veces, contradictoria. “Unos son casi ilegibles”, dijo uno de los asesores jurídicos de Telecom para estos convenios.

En los primeros joint ventures, firmados bajo el gobierno de Gaviria, no era claro si Telecom garantizaría el pago por líneas instaladas que no se vendieran y que por tanto no generarían recursos.

Pero en los siguientes contratos, firmados a partir de 1995, sí se hizo explícito que Telecom sólo respondería por las líneas vendidas y facturando, y no por todas las instaladas. No obstante en los anexos financieros de algunos contratos se incluyeron cláusulas contradictorias, dando lugar a interpretaciones que podían resultar demasiado favorables a los intereses de los socios extranjeros.

Una de esas interpretaciones que hizo el vicepresidente financiero de Telecom, Jesús Arturo Valencia, bajo la presidencia de Molano, fue, según los abogados de Telecom, una de las principales razones por las cuales esta empresa perdió el pleito de 72 millones de dólares contra Nortel ante el tribunal de arbitramento.

Valencia dijo a SEMANA que su interpretación era fiel a lo que dice el anexo financiero del contrato, pero el texto principal del contrato decía otra cosa.

¿Por qué se diseñaron contratos confusos, contradictorios y posiblemente demasiado favorables a los socios privados? ¿Fue inexperiencia? ¿Afán por atraer a socios extranjeros a un país difícil, otorgándoles condiciones muy beneficiosas? ¿Corrupción? Quizá fue una mezcla de todo lo anterior, y de ahí los problemas que hoy existen para entenderlos.

La puesta en marcha

Pero la deblacle económica que enfrenta Telecom por cuenta de estos contratos de riesgo compartido no sólo se originó en las condiciones que se pactaron al inicio. Fue quizá más grave la forma como se llevaron a la práctica en los años siguientes.

Los contratos contemplaban la creación de unos comités de seguimiento y ajuste —compuestos por personal de Telecom y de cada empresa privada— que debían vigilar de qué manera se iban desarrollando los planes de negocios. Parte de esta labor consistía en ajustar los modelos originales según como evolucionara el negocio en la práctica. De ahí que podían aprobar la instalación de un número menor o mayor de líneas. Fue en las debilidades de los comités de los primeros años de desarrollo de los convenios en las que se cocinaron muchas de las diferencias que hoy tienen Telecom y sus socios privados.

Primero, según lo han explicado a SEMANA varias fuentes, en los comités imperó un criterio político. “Era popular instalar líneas telefónicas masivamente sin tener que poner ni un peso y sabiendo que los siguientes gobiernos tendrían que pagar”, dijo un experto en el tema.

El afán de instalar líneas a diestra y siniestra sin mayor reparo en los problemas financieros que se derivarían quedó patente en el caso de Capitel, la subsidiaria que creó Telecom en Bogotá para competirle a la ETB. Se les puso teléfono a usuarios que vivían en barrios marginales, que no tenían ni dirección, y Capitel tenía que dejar los recibos de cobro en las sedes de las juntas de acción comunal.

Fue en 1995, bajo la presidencia de Julio Molano en Telecom, cuando se hicieron los convenios de asociación para instalar las líneas de Capitel. Molano, un empresario muy cercano del entonces presidente de la República Ernesto Samper, se defiende asegurando que había hecho detallados estudios de demanda y que cada uno de los convenios que se hicieron para las líneas de Capitel contemplaban una mezcla de estratos que resultaba en un negocio sostenible financieramente.“No obstante, el presidente que me sucedió, José Blackburn, autorizó que se cambiaran los estratos y esto desequilibró todos los planes”, dijo Molano.

Blackburn, por su parte, aseguró que, por el contrario, él encontró una tarifa local demasiado baja y tuvo que meterse en otras capitales con clases medias con mayor capacidad de pago, como Pereira, Manizales, Bucaramanga y Cali, para “equilibrar la ecuación que Capitel había dejado fuera de balance”. Pero en Cali, por ejemplo, se repitieron los errores de Bogotá y una buena parte de las líneas las instalaron en el paupérrimo barrio de Aguablanca.

Es cierto, entonces, que el populismo contaminó la puesta en marcha de los contratos de asociación de Telecom, algo bastante explicable en momentos en que el gobierno de Samper necesitaba desesperadamente ganar adeptos para mantenerse en el poder en esos días aciagos, luego de que estallara el proceso 8.000.

Sin norte

Pero es que Telecom nunca había manejado contratos de riesgo compartido y sus técnicos tenían más experiencia en contratar suministros de equipos. De ahí que en muchos de los comités hubiera más preocupación por los problemas técnicos de la instalación que por hacerles un seguimiento financiero y jurídico cuidadoso a los contratos.

Pocos pensaron en la debilidad institucional de Telecom frente a sus socios, las multinacionales de telecomunicaciones más grandes del mundo. Estos llegaban a los comités con los mejores analistas financieros, abogados y técnicos disponibles.

Además los socios sabían impresionar. No es casualidad que uno de los comités, bajo la presidencia de Molano, se haya llevado a cabo en Madrid, España. Valencia, vicepresidente financiero que participó en ese comité, aseguró que “el presidente de la filial española de Alcatel, con la que se había firmado uno de los convenios, estaba aburrido de viajar siempre a Colombia a los comités, y por eso resolvieron hacerlo en aquella ocasión en Madrid”. Aclaró que todos los funcionarios de Telecom fueron con viáticos de la misma.

Con pocas excepciones, los funcionarios de Telecom en los comités no revisaron las optimistas metas de líneas proyectadas a pesar de que el mercado estaba enviando señales preocupantes desde 1996. Lejos de frenar la instalación de líneas en algunos casos la ampliaron. El más insólito quizá se dio el 6 de agosto de 1998, un día antes de que asumiera el nuevo presidente, Andrés Pastrana, y cuando ya terminaba su gestión al frente de Telecom, Blackburn amplió en 80.000 el número de líneas contempladas en un convenio con la firma francesa Alcatel. El ex presidente de Telecom asegura que, aunque la firma fue la víspera de terminar el gobierno de Samper, este contrato venía preparándose año y medio antes y simplemente fue una casualidad que llegara a su despacho ese día. No es claro, sin embargo, por qué no le dejó a su sucesor una decisión tan delicada y de semejante monto: 80 millones de dólares.

Al sucesor de Blackburn, Eduardo Pizano, le tomó 16 meses de negociaciones con Alcatel para dar por terminada esta ampliación —que a esas alturas ya se sabía que Telecom no podría pagar— sin lugar a indemnización.

Pizano también logró echar para atrás o reducir, entre otros, dos acuerdos firmados por su antecesor. Uno con Siemens para entrar a Medellín con 60.000 líneas, que nunca había podido llevarse a cabo, y otro con Nortel en Bogotá, que se redujo de 85.000 a 50.000 líneas. Sólo en estos tres contratos los teléfonos que se dejaron de instalar —contando los de Alcatel— habrían costado 175.000 millones de dólares.

Las diferencias

A su llegada Pizano también encontró que la empresa no conocía a ciencia cierta cuál era la situación financiera de los joint ventures y no había hecho provisiones para los pagos compensatorios que a simple ojo se veían venir. En otras palabras, no se sabía de qué tamaño era el ‘hueco’ ni de qué forma se podía empezar a controlar.

Acudió al Banco Mundial, que convocó a una licitación para escoger un grupo asesor financiero y jurídico que pusiera la maraña de algunos de los joint ventures en orden. Ganó el consorcio conformado por Corfivalle y la firma de abogados Durán, Acero & Osorio. Para otros convenios Telecom contó con la asesoría de la abogada Marcela Monroy.

Con base en las recomendaciones de estos expertos Telecom ha adoptado una posición clara frente a los convenios. La empresa está dispuesta a responder por los riesgos que asumió explícitamente en los contratos y de ninguna manera asumirá el costo de las líneas instaladas que nunca se vendieron. Y mucho menos de las proyectadas que se instalaron. “Aspiramos a lograr un acuerdo con los socios en esos términos. Dispondríamos de los recursos para pagar siempre y cuando este acuerdo se logre”, afirma Hernán Román, actual presidente de Telecom.

Pero otra es la posición de los socios. Afirman que han hecho una inversión que deben recuperar y que la infraestructura está instalada. Esperan que Telecom asuma la pérdida por la demora en vender las líneas y por las que no se hayan vendido al final del convenio.

El futuro

Para saber quiénes son los responsables de estas decisiones y hasta qué punto pudo haber negligencia, o inclusive corrupción, las autoridades están investigando. En la Fiscalía el caso está en averiguaciones preliminares, la Contraloría ha producido varios informes acerca de los convenios pero no ha dictaminado responsabilidades fiscales.

Más allá de quiénes resulten responsables sobre lo actuado en estos joint ventures lo cierto es que Telecom y el Estado colombiano hoy enfrentan un problema financiero mayúsculo.

A diciembre pasado los socios de los joint ventures ya habían recibido ingresos por casi 837 millones de dólares por el peaje de las líneas locales que instalaron. Además Telecom ya liquidó dos contratos de los 15 y pagó en compensación final 15,4 millones de dólares por uno y 39,4 millones por el otro. En este último hizo un buen trato pues el socio privado aspiraba a obtener 83,3 millones de dólares (ver recuadro).

En el famoso pleito con Nortel la empresa estatal se fue a tribunal de arbitramento para definir cuánto le correspondía de una liquidación parcial del contrato y perdió 72 millones de dólares. Telecom no ha pagado y llevó el asunto al Consejo de Estado. Pero si no triunfa va a tener que pagarlos inmediatamente. Tiene otro pleito contra Alcatel en tribunal de arbitramento que podría costarle hasta 120 millones de dólares si se impone la aspiración del socio.

Los cálculos más conservadores indican que por la totalidad de los convenios el saldo final en contra de Telecom difícilmente será inferior a los 800 millones de dólares. Si a esto se suman los ingresos que los socios privados ya han recibido por el peaje de las líneas el costo total de las mismas se acercaría a los 1.700 millones de dólares. Es decir, que cada línea en servicio costó más de 1.200 dólares, un precio alto incluso para los estándares de hace una década. Lástima que el país no lo pensó antes de embarcarse en este arriesgado negocio que ha resultado ser uno de los peores de la historia en el país.

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