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| 6/7/2013 12:00:00 AM

El perdón que no pudo pedir el general León Riaño

Por cuenta de un viaje el director de la Policía no ofreció excusas a la familia Isaza, como ordenó un fallo.

Una sentencia del Consejo de Estado conminó al director general de la Policía, general José Roberto León Riaño, a pedir perdón por una falta que cometió su institución en 1996 con una familia de Buenaventura (Valle del Cauca).
 
El empresario Óscar Isaza y su esposa, Amparo Pinzón, pasaron del prestigio industrial al rechazo social cuando, según el fallo, el noticiero QAP y diarios como El País de Cali y El Tiempo los señalaron como narcotraficantes tras citar como fuente de información a los organismos de inteligencia.
 
Según el fallo, al que tuvo acceso Semana.com, el alto tribunal ordenó al director general de la Policía "realizar personalmente un acto público de desagravio y rectificación de las informaciones que la institución manejó y proporcionó, indebida y falsamente, en contra de la familia Isaza Pinzón".

La fecha de dicho acto fue confirmada el pasado 18 de mayo por la Policía, que en un comunicado aseguró: "El 6 de junio, en Buenaventura, se realizará un acto de excusas públicas al buen nombre y a la honra de Óscar Isaza, Amparo Pinzón, Óscar David Isaza y Margarita María Isaza, de acuerdo a la sentencia proferida por el Consejo de Estado".
 
No obstante, y para sorpresa de las víctimas, el general José Roberto León Riaño no llegó al esperado acto, que se realizó el pasado 6 de junio, por cuenta de un viaje que realizó en la noche del miércoles a Moscú (Rusia), donde se realiza la Cumbre Mundial Antidrogas en la que Colombia es país invitado de honor. Lo reemplazó el inspector general de la Policía Nacional, general Santiago Parra.

¿Cómo es la historia?

El 23 de octubre de 1996, el desaparecido noticiero QAP informó sobre la detención en Ecuador del barco 'Don Celso', que partió del terminal marítimo de Buenaventura cargado con cocaína y cuyos presuntos dueños eran el 'Cartel de Medellín' y el 'Cartel del Puerto'.

Ese medio, al igual que El País y El Tiempo, aseguró que, según organismos de inteligencia, en 1996 'O. Isaza' encabezaba la jerarquía del 'Cartel de la distribución de la droga en Buenaventura', junto a 'A. Pinzón', la mujer que, supuestamente, estaba a cargo de las relaciones públicas de la organización ilícita.
 
Esa emisión del noticiero fue el comienzo de una pesadilla para la familia de Óscar Isaza y Amparo Pinzón, empresarios reconocidos en Valle del Cauca y dueños en ese entonces de siete empresas, las cuales fueron creadas durante 15 años como negocios familiares.

Los graves señalamientos, que relacionaron a Isaza y Amparo con el ‘Cartel del narcotráfico de Buenaventura’, llevaron a esa familia a defender su buen nombre y su honra ante los tribunales. Por esa razón, Isaza y Amparo demandaron a la Nación, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional, y pidieron ser indemnizados, ellos y sus hijos, por los perjuicios morales y materiales.

En un principio, los esposos solicitaron a los medios rectificar la información y cuestionaron a las autoridades por la falta de certeza al presentar los datos de 'O. Isaza' y 'A. Pinzón'. Ante el reclamo, las autoridades aseguraron que en ningún momento se entregaron informes que vincularon a la familia Isaza Pinzón con actividades del narcotráfico, e incluso, precisaron que no se efectuaron allanamientos a sus propiedades ni existieron procesos penales en su contra.

No obstante, según el fallo, la información sí fue entregada a los medios a través de organismos de inteligencia, pero fue “liberada y manipulada indebidamente, contraviniendo los postulados de la reserva de las informaciones que tienen bajo su custodia y su estudio”.

Aunque nunca se abrió una investigación en contra de la familia Isaza Pinzón por narcotráfico, el alto tribunal aseguró que, con la información divulgada, se vulneraron los derechos al buen nombre, la honra, la dignidad, y los prestigios personal, social y empresarial.
 
El dolor de cabeza del grupo empresarial Isaza Pinzón comenzó con las entidades bancarias, las cuales, tras las incómodas noticias, no permitieron a los empresarios abrir cuentas y redujeron sus cupos para solicitar créditos. El oscuro capítulo también hizo fracasar varios negocios de sus empresas. En el proceso judicial, los empresarios evidenciaron los perjuicios con una encuesta contratada por ellos, en la que el 90 % de los empresarios asociaron sus nombres con el narcotráfico.

Se hizo justicia


En primera instancia, el 14 de noviembre del 2002, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca negó las súplicas de la demanda al considerar que los datos 'O. Isaza' y 'A. Pinzón' no representaban un daño para la familia Isaza Pinzón; pero la familia apeló y el caso llegó al Consejo de Estado, que en su primera decisión ordenó revocar la sentencia de dicho tribunal.

Tras 17 años de indignación, la justicia tocó la puerta de este hogar vallecaucano. El 19 de noviembre del 2012, con ponencia del magistrado Jaime Orlando Santofimio, el Consejo de Estado falló a favor de la familia y aseguró que sí se vulneraron sus derechos.

El alto tribunal declaró a la Nación, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional, administrativamente responsables por los perjuicios causados, y los condenó a pagar, a cada una de las cuatro personas (padres y dos hijos), 90,6 millones de pesos. Esto, solamente por los perjuicios morales.

Frente a los perjuicios materiales, el Consejo de Estado también condenó a pagar las pérdidas económicas que sufrieron los negocios del grupo empresarial, que aún están por establecerse. Según la familia, se perdieron más de 15.125 millones de pesos, un monto que, según los contadores contratados por la justicia, no está fundamentado en los registros financieros. Por esa razón, aún está por aclararse la cuantía de los perjuicios materiales.

En la sentencia, el alto tribunal precisó, además, que en este caso no hay reparos al ejercicio periodístico, y recomendó al Estado solicitar a la Defensoría del Pueblo elaborar un informe sobre los hechos y publicar este contenido en un medio de comunicación.

El fantasma del supuesto vínculo con el narcotráfico, que trasnochó a la familia Isaza Pinzón durante tantos años, terminó cuando el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, hizo un reconocimiento especial a su trabajo como empresarios en la inauguración del Terminal de Contenedores de Buenaventura, el 13 de mayo del 2011. “Sé que los esposos Óscar Isaza y Amparo Pinzón son unos empresarios que se han ganado el respeto y la admiración de los habitantes de Buenaventura, gracias a su espíritu emprendedor y liderazgo social. Son ellos los gestores de este terminal. Ellos buscaron con diligencia a los inversionistas y la financiación de esta obra que hoy aplaudimos”, dijo el jefe de Estado.

Sin querer, las palabras del presidente restablecieron la confianza de Buenaventura en los empresarios, quienes hoy aseguran, como lo publica El País de Cali, sentir "un profundo respeto por la Policía y agradecimiento hacia la institución".
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