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| 3/7/1988 12:00:00 AM

EL PLEBISCITO UNA SOLUCION NACIONAL

Una conferencia de un estudiante de Derecho, Alberto Hernández Mora inspiró el plebiscito del 57. SEMANA la reproduce

Parece ser un hecho evidente de nuestro tiempo que el principio democrático, como sistema de gobierno, logra sincera o calculadamente, una adhesión unánime. Tanto los pueblos que después de un largo y accidentado proceso han conseguido estabilizar formas políticas de libertad, como aquellos que todavía no las han conquistado o que las han perdido, oyen de sus gobernantes la defensa repetida de los ideales de la democracia. De sus principios se declaran convencidos con igual fervor, tanto los dirigentes políticos que defienden la libertad, como aquellos que la utilizan como medio para destruirla desde el poder.(...)
A pesar de esta aceptación general, el mundo contemporáneo es un tenebroso paisaje de autocracia y de opresión a la persona humana, apenas iluminado por pequeños islotes de libertad, y nosotros mismos, en Colombia, casi siglo y medio después de haber creído alcanzarla, estamos luchando nuevamente por ella.

LA SOBERANIA POPULAR
El problema central de la ciencia política es el de regular las relaciones entre gobernantes y gobernados.
Siendo el gobierno una necesidad inevitable de la vida social, el esfuerzo continuado a través de muchos siglos ha sido el de encontrar instituciones políticas que garanticen a la persona humana una zona de libertad frente al poder del gobernante. En la intrincada discusión sobre el origen del poder político, desde la edad media pensadores católicos, entre ellos Santo Tomás de Aquino y Suárez, empezaron a elaborar la teoría del pueblo soberano, la que se va estructurando en un largo período, hasta que en el siglo XVIII, bajo la inspiración de Juan Jacobo Rousseau y los enciclopedistas, se precisa en la escuela del derecho natural. Suárez declaraba que el poder viene mediatamente de Dios, pero, inmediatamente, de los hombres: "El poder, por la naturaleza de las cosas, reside esencialmente en la comunidad", y para que pase legítimamente a las manos de alguna persona, es necesario que esta última lo obtenga con el consentimiento del pueblo. (...)
El pueblo soberano, es un concepto que surge históricamente en la lucha contra las monarquías absolutas, como un intento de control del poder, para garantizar la libertad individual. "El concepto de soberanía popular, -dice Burdeau-, Traite de science politique, Tomo V, nació de la crisis del siglo XVI que esboza los grandes temas del pensamiento político moderno. Desde el momento en que este concepto se manifiesta es para afirmar la idea de libertad individual. En el origen de todas las autoridades el espíritu humano advierte que la sociedad política es una institución establecida por los hombres y para los hombres y que, en consecuencia, la autoridad que allí se ejerce es la obra del consentimiento y del acuerdo mutuo de los interesados. El fundamento del poder no está, pues, en la fuerza del príncipe, ni en una delegación divina, sino en el grupo mismo". (...)
Considerado desde el punto de vista político el principio de la soberanía nacional, que Rousseau concebía como la suma de las que pertenecen en particular a cada uno de los individuos que integran el cuerpo social, conduce normalmente al manejo democrático de las instituciones establecidas por la nación en ejercicio de su soberanía, y concretamente al derecho del pueblo a elegir sus mandatarios y a darse sus propias leyes, que son los dos grandes pilares del estado democrático. Reclamando el derecho a elegir los gobernantes, el ciudadano entiende controlar el poder. Atribuyéndose el derecho de dictar sus propias leyes, el pueblo entiende colocarlas fuera del alcance del gobernante y hacerlas superiores a éste para que sus normas marquen límite infranqueables a sus actos. Como garantía de la libertad encuentran los pensadores de la Revolución que ley no sea obra del gobernante."La ley debe proteger la libertad pública individual contra la opresión de aquellos que gobiernan" decía Constitución francesa de 1793 en Declaración de Derechos. Para Rousseau el poder de hacer la ley no puede pertenecer sino al pueblo mismo, legislando directamente. Montesquie acepta que este poder puede delegarse en un cuerpo legislativo, pero a condición de que éste sea distinto del gobierno, para que, separando órgano y funciones, se evite por una confusión de gobierno y legislador, que aquel pueda tener como "ejecutor de las leyes todo el poder que se ha dado como legislador". Julián Laferriére actual profesor en la Facultad de Derecho de París, dice que en síntesis la consecuencia fundamental del principEo de la soberanía nacional, que implica todas las otras, es el poder para la nación de hacer y modificar su Constitución con completa independencia de toda acción o concurso de cualquiera otra autoridad".

EL EJERCITO DE LA SOBERANIA Y LA DEMOCRACIA DIRECTA
La soberanía del pueblo como fuente del poder político es hoy, no importa las variantes y matizes que en su desarrollo posterior al siglo XVIII le han dado las diferentes escuelas filosóficas, la medula del pensamiento democrático. Las diversas combinaciones ideadas por el derecho público para que la nación ejerza la soberania de que es titular, las clasifican los tratadistas en tres grupos: el gobierno directo o la democracia pura, el gobierno representativo y el gobierno semidirecto. En la época de la Revolución Francesa, "democracia", significaba una forma particular de gobierno o sistema de instituciones, caracterizado por el hecho de que el pueblo mismo tomaba sus decisiones. O sea el gobierno directo por oposición al gobierno representativo, en que la nación instituye autoridades en las que delega el ejercicio de las distintas funciones del Estado. El gobierno semidirecto combina los dos sistemas, se aplica especialmente en el campo legislativo, y según procedimientos distintos, hace intervenir directamente al pueblo como colaborador de los parlamentos, o aun contra el parlamento estatuyendo independientemente, en aquellas decisiones que interesan más a la vida del Estado.

Inicialmente el campo de intervención del pueblo estaba restringido a materias constitucionales, ya que tratándose de la ley fundamental del Estado, se consideró necesario que el pueblo pudiera manifestar directamente su voluntad. Su intervención se limita en principio a aceptar o rechazar la Constitución establecida por una asamblea constituyente, pero posteriormente se amplía en el sentido de que un número determinado de ciudadanos pueda solicitar reformas a la Constitución o inclusive presentar a la asamblea textos completos de reforma constitucional, que la asamblea en caso de rechazarlos debe someter directamente a la aprobación del pueblo. Del campo constitucional se pasa a la legislación ordinaria y a otras materias, en forma progresiva, hasta el punto de que puede afirmárse, como una tendencia del derecho politico moderno, la de aumentar la intervención directa del pueblo, a través de distintos procedimientos como el veto, el referéndum por "iniciativa no formulada", o por "iniciativa formulada" cuando se propone un texto completo, que conduce, en su aplicación práctica, al plebiscito. (...)
Es a la nación, y solamente a ella, a la que pertenece el poder
constituyente
Es en materia constitucional como ya se observó, el campo en que más ampliamente se practica la intervención directa del pueblo. Dentro de las formas de organización del Estado, el régimen constitucional, es el sistema en el cual los órganos que detentan el poder, lo ejercen de acuerdo con normas preestablecidas a las cuales deben acomodar sus actos. (...)
En la concepción democrática del poder, el establecimiento de una constitución es la consecuencia directa de la soberanía nacional. Es a la nación, y solamente a ella, a la que pertenece el poder constituyente.
"Siendo el acto que organiza el Estado y que instituye las autoridades que obrarán en su nombre, la Constitución es la manifestación primaria de la soberanía nacional. Ella debe ser, en consecuencia, la obra de la nación misma", dice Laferriére.(...)
El derecho político, desde la Revolución Francesa, ha estado dominado por el pensamiento de Rousseau que veía en la Constitución un contrato pacto social renovado, cuyas cláusulas podían elaborarse por un, asamblea elegida, pero con la necesaria aceptación posterior del pueblo. Esta idea, fuertemente arraigada en los creadores de la democracia clásica, da origen al referéndum popular como sistema para implantar normas constitucionales, que se aplica en Europa desde la Revolución y en América desde la Independencia.


EL PLEBISCITO, ORIGEN DE LA IV REPUBLICA FRANCESA
El mismo principio de la ratificación popular inspira en el siglo XX el derecho público francés. En la Segunda Guerra Mundial, ocupado el territorio por los ejércitos alemanes la Asamblea Nacional dictó el 10 de julio de 1940, la famosa y controvertida ley que investía al Mariscal Petain de poder para promulgar la nueva Constitución del Estado francés, la cual "seria ratificada por la nación".

Después de la liberación, el referéndum ha sido el sistema adoptado para establecer las normas constitucionales de la Cuarta República. Este proceso de instauración democrática de un nuevo orden jurídico en Francia después de la guerra, tiene especial interés para los colombianos que estamos viviendo ahora una etapa de sorprendente similitud, por los problemas jurídicos y políticos que se afrontan, con la que vivió Francia después de la guerra. Por algo se ha dicho que durante la dictadura nosotros estábamos sometidos a la condición del país ocupado. En Francia como en Colombia, un orden jurídico de hecho, había sustituido el previsto en las constituciones de 1875 y 1886, constituciones que dejaron de aplicarse por periodos más o menos largos; allá como aquí, se planteó a los juristas el interrogante de saber si la Constitución estaba aún vigente, pero en Francia como en Colombia, la opinión estaba de acuerdo en que no podía haber un regreso al régimen constitucional anterior, sin modificación alguna.

El problema fundamental fue en Francia, como hoy es en Colombia, el del retorno a las instituciones republicanas y democráticas, y el tránsito del Gobierno de hecho al de derecho.
Francia adoptó un procedimiento ampliamente democrático de consulta directa al pueblo. Muchas veces durante la resistencia, el General de Jaulle habia afirmado que después de la liberación correspondería al pueblo decidir de sus futuras instituciones. El 31 de octubre de 1945 el cuerpo electoral de Francia fue convocado para elegir una Asamblea Nacional, responder a un cuestionario sí o no, aprobar o rechazar el texto de una ley que fijaba las atribuciones de la Asamblea que se elegía, el procedimiento para que ésta elaborara un proyecto de Constitución que debía someterse a los ciudadanos franceses por vía de referéndum, y la manera de legalizar el gobierno de hecho. La contestación a las preguntas formuladas fue afirmativa y se aprobó en forma plebiscitaria el texto legal considerando, que en su último artículo decía: "La presente ley, adoptada por el pueblo francés, tendrá fuerza constitucional y será ejecutada como ley del Estado ".

Esta ley fue redactada por una Asamblea consultiva que el General de Gaulle organizó de análoga manera a como nuestra Junta Militar ha creado la Comisión Paritaria de Reajuste Institucional. Aquella no tuvo como no lo tiene ésta, ni poder de decisión, ni origen popular; la francesa fue formada, como lo ha sido la colombiana, con el sólo concurso de unos pocos eminentes jefes políticos representativos, pero no representantes de los partidos políticos.

En Francia el electorado se pronunció en el plebiscito por una nueva Constitución. La Asamblea elaboró un proyecto que sometido a referéndum el 5 de mayo de 1946, fue rechazado por el pueblo francés por 10.584.359 votos "NO", contra 9.454.034 votos "SI", o sea 20.038.398 de votantes, sobre 25.849.425 de electores inscritos.

Una segunda Asamblea Constituyente elegida el 2 de junio de 1946, elaboró en tres meses una nueva constitución, sometida a referéndum el 13 de octubre de 1946, fue aprobada.

El artículo 3 de esta Constitución, que es la actual de Francia dize: "La soberanía nacional pertenece al pueblo francés. Ninguna sección del pueblo ni ningún individuo puede atribuirse su ejercicio.

El pueblo la ejerce, en materia constitucional, por el voto de sus representantes y por el referéndum.

En todas las otras materias la ejerce por sus diputados a la Asamblea Nacional, elegidos en sufragio uníversal, igual, directo y secreto" (...)

NATURALEZA DEL PLEBISCITO PROPUESTO EN LA DECLARACION DE SITGES
Este rápido bosquejo histórico de los principios fundamentales de la democracia y del proceso de desarrollo del gobierno directo en este siglo nos lleva a la conclusión de que el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, están en la fuente misma de la idea democrática y su implantamiento en las instituciones políticas es una de las tendencias más fuertes del derecho contemporáneo.

Un reparo que se hace al plebiscito, es el de que ha sido un medio usado por los dictadores. En si mismo este es un elemento extraño a la indole del procedimiento, a su naturaleza y significado político, porque si la tirania algunas veces apeló al plebiscito, muchas más se ha valido del sistema representativo o de las instituciones clásicas de la democracia para acabar con la libertad. A este respecto cabe hacer una anotación de carácter histórico. Cuando el plebiscito ha sido utilizado por los dictadores, la consulta hecha al pueblo implicó siempre, directa o indirectamente, una adhesión a la persona del dictador, los Bonaparte, Mussólini, Hitler, etc. En el caso colombiano, a la consideración del pueblo se va a someter simplemente un proyecto de estatuto, sin que en el proceso de consulta vaya implicada la adhesión personal a ningún gobernante presente o futuro. Esta circunstancia le da al plebiscito propuesto en la declaración de Sitges un claro y preciso alcance de autenticidad, ajeno a toda sospecha de caudillismo. (. .)

EL PLEBISCITO, UNICA SOLUCION DEMOCRATICA EN LA ACTUAL CRISIS INSTITUCIONAL DEL PAIS
Colombia vive un momento revolucionario de su historia política. La tremenda conmoción social de los últimos años ha hecho nacer en el anhelo colectivo nuevos principios rectores de nuestro derecho público que implican modificaciones sustanciales al régimen constitucional anterior, cuya adopción es la primera urgencia del país porque constituyen las bases del nuevo orden jurídico. En las democracias, el pueblo es el único legislador autónomo que puede con absoluta independencia decidir la forma de sus instituciones de gobierno. Para la adopción de estos principios no existe otro procedimiento que el de apelar directamente al pueblo en plebiscito nacional, porque aun en la Constituyente Paritaria que seria el otro sistema de superar la crisis institucional, la paridad tendría que ser proclamada previamente a su elección, por un órgano sin poder legítimo emanado del pueblo.
La clara comprensión de lo que significa el gobierno de hecho como rompimiento del orden jurídico en su parte política o de organización y delimitación de los poderes públicos, y solamente en esta parte porque el principio de continuidad del Estado implica que las normas no políticas continúan vigentes, es esencial para adoptar un criterio adecuado de recuperación institucional de las formas democrácticas de gobierno.

Los fenómenos revolucionarios no se pueden interpretar con una mentalidad legalista. Revolución significa, y revolución es la del 10 de mayo, el derrocamiento de un gobernante y la destrucción del orden politico impuesto por éste. Por su propia naturaleza la revolución es un acto contra la ley y las instituciones existentes, para destruirlas. Toda revolución se expresa en un gobierno de hecho que legitima sus actos haciéndose intérprete de la opinión popular, gobierno de hecho que no puede buscar soporte en normas legales anteriores porque su origen es esencialmente ilegal y que se justifica en el derecho público como organizador del nuevo orden juridico que la nación quiere. El gobierno de hecho se forma fuera de las reglas constitucionales, contra lo dispuesto en la misma Constitución como origen de la autoridad, y en consecuencia no se puede hablar a la vez de gobierno de hecho y de Constitución vigente. Son dos nociones que se contraponen. (...)
* * *
El plebiscito implica una nueva política, una política de puertas abiertas, un gran avance en nuestras costumbres para sacar las decisiones más trascendentales del Estado del control de unos pocos para convertirlas en la preocupación de la nación entera. Su antecedente necesario debe ser un gran debate público en que se discutan todos los aspectos de la crisis colombiana y las fórmulas propuestas.
El plebiscito no debe ser sólo el procedimiento para regresar al estado de derecho y adoptar las reformas que necesita la vieja Constitución, sino también la oportunidad de enseñar al pueblo colombiano el significado y alcance de las instituciones democráticas, para que el pueblo no permanezca ignorante de las formas políticas que lo gobiernan y se convierta así, en su activo defensor; para que la democracia que consagran los textos viva también y, principalmente, en la conciencia del ciudadano.--Bogotá, agosto 2 de 1957
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