Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2016/06/18 00:00

En defensa de su territorio

Las comunidades afro de Buenaventura piden que los proyectos de expansión portuaria y turística respeten su derecho a participar en las decisiones que afectan su tierra.

En Buenaventura, desde el año 2000, se están ejecutando varios megaproyectos que buscan mejorar la competitividad del país. Foto: León Dario Peláez

El Estado debe emprender la construcción de megaproyectos para mejorar las condiciones de vida de la población y estimular la competitividad nacional. Pero en el caso de Buenaventura, el esfuerzo por expandir la infraestructura portuaria y turística se convirtió en un dolor de cabeza. En efecto, en repetidas ocasiones las comunidades afrodescendientes no han podido ejercer su derecho a participar en las decisiones que afectan su territorio.

En agosto del año pasado el Comité de la ONU sobre Discriminación Racial alertó sobre la vulnerabilidad de esta población. Y la ausencia de consulta previa es una de las principales causas. El informe determinó que algunos de estos proyectos “ponen en riesgo la forma de vida y las prácticas ancestrales de dicha población”.

El diagnóstico se refería específicamente a cuatro iniciativas que se están ejecutando desde comienzos de 2000: la terminal marítima de contenedores, el malecón Bahía de la Cruz (el plan de renovación urbana más ambicioso en la historia de la ciudad), la ciudadela San Antonio (donde se han reubicado 1.200 de las 3.400 familias que viven donde se está construyendo el malecón) y la variante Alterna-Interna.

Quizá el caso más emblemático es el de las familias que vivían a la orilla del mar y fueron trasladadas a la ciudadela San Antonio. Se trata de un complejo habitacional en la zona continental de Buenaventura cuyo plan contempla un centro hospitalario, un centro de atención de seguridad, un megacolegio, un hogar infantil del ICBF, un centro comercial, un polideportivo, comedores comunitarios y salones comunales.

Temístocles Machado, líder comunitario, sostiene que ese traslado vulnera las tradiciones de su pueblo: “En el puerto la gente se va al estero, coge su piangua, su camarón y sobrevive. Pero ¿acá qué? ¿A comer pasto? Allá la galería queda a 500 metros, la gente iba sin pagar transporte, ahora tiene que coger un bus de ida y de vuelta para ir a trabajar. Antes tenían sus embarcaciones en sus casas, ¿ahora cómo se van a cargar la canoa hasta San Antonio? ¿En helicóptero?”

El Estado ha argumentado que en el caso de la ciudadela San Antonio la consulta previa no es obligatoria, porque la comunidad afrodescendiente que fue y será reubicada no cumple los requerimientos de la Ley 70 de 1993. “Esa ley define al pueblo negro como aquel que vive junto al río y está organizado en Consejos Comunitarios, lo cual es una mirada muy rural del asunto”, contraargumenta Constanza Millán, coordinadora del informe sobre Buenaventura que el Centro de Memoria Histórica publicó el año pasado.

Pero el gobierno se mantiene en su punto de vista: “La población que sería reubicada está en la zona de Bajamar, que forma parte de la zona urbana de Buenaventura, y la Dirección de Consulta Previa (del Ministerio del Interior) no tiene información de que dicha población corresponda a un Consejo Comunitario; por lo tanto, no fueron objeto de consulta previa”. En respuesta a ese argumento, la comunidad interpuso una acción de tutela que resultó en lo que ellos llaman “una victoria inservible”. A pesar de que la Corte Constitucional ratificó en 2014 su condición de afrodescendientes y su derecho a la consulta previa, las cosas siguen igual.

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