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| 10/25/2008 12:00:00 AM

El poder indígena

La violencia no ha dejado ver la verdadera problemática de los aborígenes. El tema de Cauca no es judicial, sino de tierras, autonomía de los cabildos e intereses estratégicos del Estado.

La refriega de bombas molotov y de gases lacrimógenos que han acompañado la protesta de los indígenas del Cauca, ha creado una cortina de humo sobre el profundo conflicto que hay entre estas comunidades y el gobierno nacional. Indígenas muertos por papas explosivas, un policía mutilado por un artefacto lanzado desde la turba y francotiradores de capucha y uniforme policial que disparan contra la multitud desarmada han concentrado la atención de la gente, que ha visto cómo la radicalidad de la protesta va creciendo, tanto como la agresividad de la respuesta estatal.

La discusión se ha centrado en establecer si hay infiltración de las Farc en esta marcha de 20.000 indígenas que partió del norte del Cauca hacia Cali, por la carretera Panamericana, cuyo principal objetivo, aparentemente, es la reivindicación de tierras que el Estado se comprometió a titularles. Pero el problema, aunque tiene hondas implicaciones de orden público, no es ni mucho menos un asunto meramente judicial ni de seguridad. Por el contrario, es un conflicto incubado durante muchos años, especialmente en Cauca.

El reclamo de las tierras ha funcionado como detonante para el estallido indígena y de la accidentada marcha por la carretera Panamericana. Los disturbios a lo largo de la semana pasada fueron creciendo en intensidad, a medida que tanto manifestantes como policías acentuaron el uso de la fuerza. La muerte de dos indígenas convirtió una protesta social en una crisis de grandes proporciones. Aunque el gobierno insiste en que los indígenas murieron mientras manipulaban explosivos –y así parecen ratificarlo las necropsias–, la cadena de televisión CNN demostró que por lo menos un patrullero de la Policía disparó contra la turba. El Presidente, que había asegurado que la Policía no había abierto fuego contra los manifestantes, tuvo que retractarse en una alocución televisada. ¿Por qué llegó a este punto la protesta?

Para empezar, este no es un movimiento simplemente reivindicativo, ni se trata d e exigencias coyunturales. Lo que se está viviendo en Cauca es una agria disputa política que tiene dos componentes: los incumplimientos del gobierno y la acción política de un movimiento indígena cada vez más fuerte. Los últimos gobiernos no han logrado cumplir a cabalidad con la reparación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos les ordenó a los indígenas de Cauca por la masacre del Nilo, ocurrida en 1991 y en la cual 21 personas de estas comunidades fueron asesinadas por miembros del Ejército. La reparación consiste en titular 23.000 hectáreas, de las cuales ya les han sido entregadas a los indígenas cerca de 16.000. No obstante, a raíz de la protesta, el Presidente ordenó la inmediata compra de los terrenos y cerrar ese capítulo que ha costado sangre y lágrimas en los últimos años.

Pero la otra cara de la protesta es que los indígenas de Cauca, especialmente los paeces, conocidos como el pueblo Nasa, han vivido en los últimos 20 años un formidable proceso de organización social que los ha llevado a mantenerse muy firmes en sus reivindicaciones de autonomía política. Tanto, que puntos importantes de sus solicitudes son la negativa a que Colombia firme un TLC con Estados Unidos, su oposición a la política de seguridad democrática, por lo menos en sus territorios, y sobre todo, la exigencia de que el gobierno ratifique la Convención de los Pueblos Indígenas de la ONU.

Pero, así como muchos proyectos políticos se construyen en las elecciones, el de los indígenas de Cauca tiene como uno de sus pilares la protesta. Posiblemente, porque ha sido la manera como históricamente han conseguido lo que tienen, es decir, tierras e inclusión política. Estas protestas casi siempre ha sido pacíficas, acompañadas por el famoso bastón de mando de la guardia indígena, que es símbolo de la resistencia pacífica. Pero en los últimos meses se ha empezado a conocer que en estas manifestaciones también hay una fuerza de choque, que se enfrenta a la Policía incluso de manera muy radical, y que se llama ‘Los nietos de Quintín Lame’.

Eso explica en parte por qué algunos indígenas han lanzado artefactos explosivos con rampas dirigidas a la Policía, y el estallido de varias bombas molotov con metralla, que han herido a 30 agentes. A eso se suma la infiltración evidente de las Farc en la marcha, para intentar polarizar y provocar a la Fuerza Pública. Informaciones de inteligencia revelan que por lo menos los comandantes del Frente VI de las Farc dieron órdenes a su gente de vincularse a la protesta y radicalizarla.

Pero todas estas realidades no justifican la desproporcionada respuesta del gobierno. Además de que la estigmatización de los indígenas ha cerrado los canales para el diálogo, la evidencia de que por lo menos un patrullero de la Policía abrió fuego contra los marchantes es inadmisible.

Un segundo elemento que está en juego en estas protestas es el económico. Es importante reconocer que la Constitución y las leyes colombianas han avanzado mucho en reconocer los derechos del casi millón y medio de indígenas que hay en el país. Es cierto que los 718 resguardos, donde habitan 84 etnias, representan el 27 por ciento del territorio nacional. Lo que pasa es que estas tierras son en el 90 por ciento bosques, páramos y selva amazónica. Áreas no cultivables.

Cauca es un caso especial, pues los indígenas representan allí el 20 por ciento de la población, y aunque tienen 700.000 hectáreas de resguardos, el 46 por ciento son bosques y páramos, y actualmente hay 230.000 hectáreas que fueron prometidas por gobiernos anteriores y no han sido tituladas. Buena parte de las tierras que reclaman los indígenas hace parte de una extensa área sembrada de caña de azúcar usada para producir biocombustible.

Empresarios y agricultores se quejan de que en la manos de los indígenas estas tierras se vuelven improductivas, pues ellos no las trabajan al ritmo que lo hacen las grandes empresas modernas. El problema es que los indígenas tienen, por tradición y por idiosincrasia, un manejo de la tierra en ciclos muy diferentes a los que se conocen en el sistema capitalista. Entonces la encrucijada del gobierno está en cómo garantizar los derechos de los indígenas sin que estos vayan en detrimento de la actividad productiva, que es una de las grandes preocupaciones del país.

Algo similar ocurre con la explotación de recursos naturales en territorios indígenas, pues si bien los territorios son de las comunidades, el subsuelo es del Estado, y éste debe definir sobre su explotación pensando en el bien común de la Nación. Recientemente la Corte Constitucional ratificó que es necesario consultarles a los indígenas sobre esa explotación cuando ésta se haga en sus territorios. Pero justo por este punto es que Colombia fue uno de los pocos países que se negaron a firmar la Convención de la ONU sobre los pueblos indígenas, pues el gobierno consideró que le quedarían atadas las manos en materia de explotación de los recursos naturales.

Finalmente, aunque la Constitución garantiza autonomía a los pueblos indígenas, existen en la práctica fricciones sobre cómo se entiende la soberanía en sus territorios. En Cauca los indígenas se han opuesto sistemáticamente a la seguridad democrática, en la medida en que ha militarizado sus comunidades y que la muertes de indígenas siguen siendo preocupantemente altas. “Sólo en Cauca este último mes fueron asesinados siete líderes indígenas”, aseguró a SEMANA Evelis Andrade, consejera mayor de la Organización Nacional Indígena (Onic).

Por eso no será un diálogo fácil el que tendrán este domingo el Presidente y los líderes indígenas. Aunque las soluciones no estén a la vuelta de la esquina, por lo menos se debe aspirar a ponerles fin a los episodios sangrientos y a la zozobra que en las últimas semanas ha vivido la carretera Panamericana.
 
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