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| 1/2/1989 12:00:00 AM

EL PRECIO DE LA LEY

Vericuetos legales permitieron dejar en libertad a los responsables del asesinato del Procurador y del secuestro de Andrés Pastrana.

EL PRECIO DE LA LEY EL PRECIO DE LA LEY
Cuando todavía no comenzaba el debate y a sólo cinco días de anunciada por el presidente Virgilio Barco la cadena perpetua para los terroristas y autores de crímenes contra funcionarios y dirigentes el país entero vío con sorpresa una notícía que ponía en duda la efícacia de la medida: los acusados de se autores del asesinato del procurador Carlos Mauro Hoyos y del secuestro de Andrés Pastrana, quedaron en líbertad.

Por una de esas peripecias que hace la justicia colombiana, Valentín de Jesús Taborda Echeverry, el hombre que no pudo escapar cuando se partio una pierna el día de la liberación de Andrés Pastrana, Jorge Hernán Carvajal Restrepo y Marta Lourdes Velásquez, empleados de la finca "El Retiro" en donde se encontró a Pastrana, recuperaron la libertad luego de pagarse una fianza cercana a los 7 millones y medio de pesos por los tres.

De acuerdo con el Código de procedimiento penal, en su artículo 439, la persona que esté detenida durante más de 180 días sin que el proceso haya sido calificado, es decir, sin que se le haya dictado auto de detención, podrá gozar de libertad mediante el pago de una fianza. Y aunque el juez segundo Especializado de Medellín, quien había conocido el caso, dictó resolución acusatoria contra los tres sindicados, ésta posteriormente fue declarada nula por el Tribunal Superior de Medellín. Según pudo establecer SEMANA, el juez dictó resolución acusatoria con el fin de que se juzgara rápidamente a los únicos capturados y no tuvo en cuenta algunos testimonios que podrían servir para llamar a juicio a los autores intelectuales, por lo que el Tribunal Superior de Medellín declaró nula la providencia, ya que, iniciando prácticamente de nuevo el proceso, es la única forma de lograr que los otros testimonios sean tenidos en cuenta.

Los testimonios en cuestión son precisamente los que comprometen a Pablo Escobar con el caso del Procurador. Estas declaraciones están basadas fundamentalmente en las pruebas aportadas al juzgado por el general Jaíme Ruíz Barrera, luego de los allanamientos que se hicieron en abril de este año en la finca "El Bizcocho".
Según varios documentos, entre ellos una cinta en donde al parecer Pablo Escobar da la orden de rematar al Procurador, la operación costó a Los Extraditables alrededor de 80 millones de pesos, los cuales se invirtieron en la compra de dos vehículos Mazda, y el pago a por lo menos 20 sicarios que actuaron en este caso.

Según estas informaciones y algunas otras investigaciones hechas por el F-2, el encargado de comprar los carros fue un individuo de nombre Jorge Aristizábal Vélez, quien realizó la operación comercial con un cheque de gerencia del Banco de Crédito y Comercio girado a nombre de Fabio Hernán Pérez, el cual aparece como dueño de la finca en donde se encontró el cadáver del Procurador. Este individuo, así como algunos de los otros comprometidos con el crimen del Procurador y del secuestro de Pastrana, aparece vinculado de alguna manera a Escobar, de acuerdo con los documentos adjuntados al proceso y enviados por el general Ruiz Barrera. En uno de ellos se encontró una tarjeta con membrete de la hacíenda "Nápoles" que dice: "Héctor:
Pasquín está autorízado para entrar a mi habitación", al parecer firmada por Escobar.

Otro de los testímonios que parecen también comprometer a Escobar con el asesinato del Procurador, es el seguimiento hecho por las autoridades a las llamadas que se hicieron desde un carro utilizado por los secuestradores de Andrés Pastrana. Este automóvil, provisto de radioteléfono, era un Renault 21 que había sído robado a la empresa Simesa. Desde allí se hicieron varias llamadas el día del asesinato del Procurador. Entre otras, se encontraron las hechas a las cadenas radiales RCN y Caracol, al padre del escritor Gustavo Alvarez Gardeazábal y a una modelo que resultó ser la compañera de uno de los implicados en el crimen, José Luis Ospina Alvarez, de quien más adelante se supo era el famoso "Pasquín".
A este índividuo le fue encontrada, en el momento de su captura, una nota que decía: "Que por favor José se comunique con Gustavo Gaviria y llame a Adriana Duque, la hija de Alvaro Duque y Dorís Montoya, que llamó Gloria Arboleda". Gustavo Gavíría es el nombre del prímo de Pablo Escobar.

Lo cierto es que de acuerdo con todas las pruebas aportadas por el general de la IV Brigada, Escobar parece estar metido hasta las cachas. Y al parecer, también fue uno de los hombres que dialogó con Andrés Pastrana mientras estuvo secuestrado. Y, aunque el alcalde de Bogotá ha manífestado en varias ocasiones que no pudo establecer a ciencia cierta con quién fue que habló porque las personas que se entrevistaron con él lo hicieron encapuchadas y a sus espaldas, las informaciones que reposan en el expediente indican que las características de la persona que dirigió realmente la operación son las de Pablo Escobar.

Pero también resulta cierto que los desagues del derecho y los vericuetos por donde se meten los abogados defensores, se han convertido en el principal factor que atenta contra la aplicación real de justicia. Esta situación tal vez es la que ha llevado a algunos analístas a expresar su escepticismo frente a las medidas adoptadas en el nuevo decreto antíterrorísta, pues afirman que de nada sirve la cadena perpetua si ni siquiera se identifican los autores de los delitos. -

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