Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 1994/09/19 00:00

EL PRECIO DEL SILENCIO

A pocos días de su condena, todo parece indicar que la suerte de María del Rosario Casas, la esposa del viejo agente de la CIA que vendía información a los rusos, ya está echada. ¿Cuáles son sus posibilidades?

EL PRECIO DEL SILENCIO

En una estrecha celda de la Cárcel Distrital de Alexandria, en los suburbios de Washington, María del Rosario Casas espera impaciente a que llegue el 26 de agosto. Ese día, el juez Claude Hilton decidirá si fue o no fue un buen negocio para ella el haberse declarado culpable de conspiración, un cargo que la responsabiliza por no haber delatado a su esposo, el viejo agente de la CIA, Aldrich Ames, quien durante nueve años se dedicó a venderle información secreta de la agencia estadounidense a los rusos.
Pero aunque la defensa logró probar que ella nada tenía que ver en las actividades de espionaje de su marido -como se pensó en un principio- María del Rosario sigue convencida de que con ella se está cometiendo una injusticia. No solamente no se la acusó de encubrimiento -que hubiera sido el cargo más lógico-, sino que las legislaciones del mundo no han logrado ponerse de acuerdo sobre la conducta que hoy la tiene tras las rejas. Si el delito del que se le acusa hubiera sido cometido en Colombia, ella no estaría en la cárcel: la ley colombiana no obliga a una mujer a entregar o delatar a un criminal si éste es su marido o un miembro de su familia inmediata así esté siendo buscado por las autoridades.
Sin embargo, la legislación estadounidense es distinta. Para la Corte Distrital que conoce de su caso, María del Rosario estaba en el deber de denunciar las actividades de espionaje de Ames desde que ella se enteró de que su marido era un agente doble. Jurídicamente, la única opción distinta de entregarlo era la de abandonarlo. Pero María del Rosario no lo hizo. Aunqúe ella afirma que nunca estuvo de acuerdo con las actividades de su esposo, a los ojos de la ley el hecho de que ella hubiera permanecido a su lado constituye una aceptación de sus actividades. El dinero del espionaje siguió llegando a las cuentas bancarias de los Ames, y ella contribuyó a gastarlo. Por esa razón, hoy en día María del Rosario podría ser condenada a una pena de 63 a 72 meses de prisión por el delito de conspiración.
Y es que el cargo de conspiración se ha convertido en el arma preferida de los fiscales estadounidenses, pues casi cualquier conducta cabe dentro de esta definición. Este delito hace parte de una nueva legislación diseñada especialmente para castigar crímenes relacionados con la venta y el tráfico de drogas, pero es tan amplio y tan vago, que el sólo conocimiento pasivo de una conducta ilegal puede permitir acusar a un tercero de haber participado en la conspiración. Y aunque la justicia de Estados Unidos debe probar que hubo un acuerdo expreso de cooperar en el crimen, intención de infringir la ley o actos explícitos de participación, lo cierto es que María del Rosario Casas y su abogado defensor, William Cummings, prefirieron abdicar y aceptar los cargos. Optaron por negociar con la justicia y acogerse a la figura del plea bargaining, y con ello aplicaron el principio de que es preferible un mal arreglo a un buen pleito.

¿POR QUE NO IR A JUICIO ?
El plea bargaining, o acuerdo de culpabilidad, es una figura existente desde hace muchos años en el sistema jurídico de Estados Unidos, y que Colombia adoptó, en principio, para lograr el sometimiento a la justicia de los cabecillas del narcotráfico. Gracias a este sistema, el acusado de un delito puede aceptar su culpabilidad, confesar, negociar con la Fiscalía y, eventualmente, en virtud del valor de la confesión, obtener una rebaja en la pena.
En el caso del espía Aldrich Ames y de su esposa, el acuerdo de los abogados de la defensa fue posible por varias razones. La primera, es que al gobierno de Estados Unidos le convenía evitar un juicio en el cual se ventilaran públicamente las ineficiencias de la CIA, la cual tardó nueve años en descubrir al peor espía de su historia. Por otro lado, la experiencia ha enseñado al gobierno estadounidense que discutir en un estrado con espías traidores puede convertirse en un bumerán: generalmente los abogados de la defensa acaban desempolvando documentos y episodios que involucran al gobierno y que terminan siendo más graves y bochornosos que los cargos de los mismos acusados.
En segundo lugar, el caso de Aldrich Ames ha sido considerado uno de los episodios de contraespionaje más graves de la historia de Estados Unidos, y las esperanzas de que éste tuviera una pena distinta de la de cadena perpetua eran más que remotas. Sin embargo, para Ames existía una razón de mucho peso para negociar con la justicia: su esposa. Y el acuerdo que le propuso la Fiscalía contemplaba rebaja de penas para María del Rosario si él confesaba y colaboraba eficientemente con las autoridades.
Por último, a María del Rosario Casas también le convenía negociar, no porque quisiera aceptar su responsabilidad por haber callado o por no haber abandonado a su esposo, sino porque acogerse a la figura le garantizaba una pena máxima de 72 meses, mientras que si se exponía a ir a juicio se arriesgaba a que la declararan culpable y la condenaran a una pena de 25 años o cadena perpetua.
A pesar de todo, aún es mucho lo que está por definirse. El acuerdo establece para María del Rosario Casas una pena mínima y una máxima. El juez, en vista de las pruebas aportadas, de los testimonios y de la eficacia de la colaboración de Ames y de su esposa, determinará a cuánto ascenderá la condena. No obstante, lo establecido en el acuerdo no es definitivo. Si el gobierno de Estados Unidos estima que el señor Ames no está cooperando, puede retractarse y retirar la oferta, alegando que los términos de la negociación fueron violados.
Pero todo parece indicar que no será necesario. Hasta el momento, las declaraciones de María del Rosario ante la justicia han sido consideradas satisfactorias por las autoridades y si bien no han aportado elementos de juicio nuevos para juzgar a Ames, lo cierto es que ni siquiera los testimonios realizados con detectores de mentiras han arrojado inconsisíencias o contradicciones con respecto a las declaraciones de su esposo. En estas circunstancias, es de prever que el acuerdo sea respetado y que María del Rosario Casas pueda ser condenáda a la pena mínima.
Una vez procesada, la Oficina de Prisiones Federales se encargará dc transferir a María del Rosario a una nueva prisión, distinta a la de Arlington, donde estará recluida hasta que la sentencia en su contra sea proferida. El juez será el encargado de recomendar a cuál cárcel será enviada y todo parece indicar que podría ser enviada a un campamento, pues reúne las condiciones: es su primer delito, no es violento, la pena es de menos de cinco años y su presencia en una cárcel de baja seguridad no presentaría mayores riesgos.
Los campamentos presentan grandes ventajas sobre las prisiones estadounidenses: las visitas son bastante libres, puede estar con sus familiares sin que un vidrio los separe y, con el tiempo, cuando se haya ganado la confianza de las autoridades, podrían concederle permisos especiales para salir durante el día. Adicionalmente, su pena es susceptible de ser reducida por buena conducta, a razón de 54 días por año, lo cual equivaldría a una reducción de nueve meses sobre cinco años de condena. "Asumiendo que reciba la sentencia mínima de 63 meses, con el tiempo que lleva recluida y con las expectativas de buena conducta, se espera que la señora Casas salga libre en algo más de tres años y medio", dijo a SEMANA William Cummings, el abogado de la defensa.
¿UNA INJUSTICIA?
A pesar de que las perspectivas para María del Rosario Casas son más alentadoras hoy que hace unos meses, lo cierto es que ella sigue considerando que su caso no ha sido el más justo. Y no le faltan razones para creerlo. En primer lugar, por cuenta de la confiscación de los bienes de la familia Ames-Casas, ni ella ni su marido tuvieron el dinero suficiente para pagar los servicios de un abogado. Ambos defensores son de oficio, es decir nombrados por la Corte a partir de un listado de profesionales remunerados por el Estado. Y es bien sabido que la motivación y el grado de involucramiento de un abogado de oficio no son los mismos de los de uno contratado privadamente.
Por otro lado, en la historia de los juicios por espionaje en Estados Unidos, existe un precedente mucho más grave, que fue tratado con mayor benevolencia que el caso Ames. Se trata de los esposos Pollard, quienes hasta 1985 suministraban información secreta de Estados Unidos al gobierno de Israel. Ann Pollard, esposa del espía involucrado, participó activamente en los asuntos secretos de su marido: llevaba y traía documentos, conocía a los agentes israelíes que recibían la información, se reunía con ellos e incluso les recibía regalos. Cuando el caso fue descubierto y al verse perdida, ella llegó a esconder y a tratar de destruir evidencias y documentos. Pero el delito del que fue acusada no fue conspiración sino una figura penal mucho más favorable, llamada "asistencia y complicidad posterior al inicio de las actividades ilícitas". Paradójicamente, la diferencia con el caso de la colombiana no sólo radica en los cargos, sino también en la dureza de la sentencia. Ann Pollard fue condenada a dos penas consecutivas de cinco años cada una. Inicialmente quedó bajo libertad condicional y no fue recluida en una cárcel, pero tras una aparición en el programa 60 Minutes -durante la cual Ann no solamente confesó su culpabilidad sino que además se enorgulleció de su actuación- el juez que conocía del caso se enfureció y le revocó el derecho a excarcelación. En esa ocasión, la justicia la condenó a cinco años de cárcel, pero a los tres años se le volvió a conceder el derecho a libertad condicional.
Sin embargo, desde 1987 los delitos federales no son susceptibles de excarcelación y todo parece indicar que, en el mejor de los casos, la suerte de María del Rosario Casas ya está echada. Falta por ver si la justicia estadounidense considera que Ames y su señora colaboraron de manera suficiente, y si el juez decide si el acuerdo fue respetado o no. En todo caso, para María del Rosario, cinco años de condena sigue siendo un precio demasiado alto por su silencio.

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