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| 11/30/2010 12:00:00 AM

El precio de la justicia

En el Congreso les quieren poner coto a las acciones populares, que vienen convirtiéndose en una talanquera contra la corrupción. Aducen que los beneficios que logran quienes las interponen fomentan a los cazarrecompensas.

Las acciones populares, una especie de tutela que sirve para la protección de los derechos colectivos y la moralidad administrativa, están a punto de reformarse en el Congreso, y existe una fuerte polémica sobre las repercusiones del cambio. Según sus defensores, si se aprueba el proyecto, quedaría herida de muerte.

Y sus consecuencias serían graves. Esta figura constitucional sirvió para destapar escándalos como la compra irregular de acciones de Invercolsa por parte del ex ministro Fernando Londoño, para evitar la construcción en el humedal La Conejera en Bogotá y para atender las exigencias ambientales de quienes viven cerca de los basureros. Algunos municipios han realizado obras en el espacio público para atender las necesidades de los discapacitados, obligados por acciones populares.

A pesar de su utilidad, la figura tiene reparos. El principal es que en su aplicación se contemplan estímulos económicos a quien las interponga, si al final salen a su favor. De acuerdo con los críticos, esos pagos han facilitado la creación de carteles de abogados que se enriquecen a punta de demandar cualquier cosa. “Es un sistema de recompensas que en nada corresponde a las motivaciones esperadas por los ciudadanos al momento de defender intereses públicos o colectivos”, dice el senador Roberto Gerleín. Por su parte, quienes están a favor de que se mantengan los pagos dicen que sin esos recursos no hay cómo costear los gastos que exige un proceso de esta naturaleza. “El deber de solidaridad no es sinónimo de gratuidad”, argumenta el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, en un documento que enviaron al Congreso.

El mecanismo entró en vigencia en 1998, pero su uso se ha hecho más frecuente en la medida en que se han ido conociendo los fallos, luego de los ocho años que pueden tardar en resolverse los pleitos. En las acciones populares que velan por derechos colectivos los estímulos vigentes son de 10 a 150 salarios mínimos y se aplican a discrecionalidad del juez que falla. Según las estadísticas de la Defensoría del Pueblo, solo en el 1 por ciento de los casos se han reconocido incentivos superiores a 20 salarios mínimos.

El asunto de mayor sensibilidad es el relacionado con la moralidad administrativa. La ley prevé hasta un 15 por ciento de lo que el Estado recupere. “Aún en estos casos, el beneficio del actor popular no está por fuera de lo que el Estado pagaría si contrata a un particular para el cobro de una deuda”, dice Eduardo Quijano, representante de la Fundación Proteger, una de las entidades que lidera la idea de que se debata la regulación, pero no la eliminación de los estímulos.

Un estudio de la Corporación Excelencia en la Justicia realizado con ocasión de los 10 años de entrada en vigencia de la ley que les dio vida da cuenta de cómo “para algunos empresarios ha habido abuso en su ejercicio”, y dicen que hay un incremento en la temeridad con que se ponen las acciones populares que los involucran y que “las decisiones judiciales desconocen en muchos casos la situación económica del país, generando crisis económicas en las empresas”. Aun así, no se conoce de condenas que parezcan escandalosas a favor de quienes ponen estas medidas. Además, la misma ley contempla que el juez puede condenar al demandante a pagar los costos ocasionados al demandado si considera que la acción se presentó de forma temeraria o de mala fe.

Que las acciones populares sean un mecanismo para atajar la corrupción o una irregularidad en contra del Estado en su relación con los particulares parece ser el fondo del debate. Esto no ha tenido suficiente ilustración en el Congreso, pues la modificación se viene aprobando a pupitrazo, de acuerdo con quienes han seguido el trámite. La eliminación de los mencionados estímulos está a solo un debate de quedar en firme y ya está en el orden del día de la plenaria del Senado. Con la controversia planteada, y ante el riesgo de sacrificar una medida que puede ser efectiva en el control público, vale la pena que su discusión tenga mayor despliegue.
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