Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2009/01/11 00:00

El precio de la libertad

El anuncio de que el gobierno buscará la libertad de los guerrilleros que entreguen secuestrados prendió el debate sobre la impunidad y la relatividad moral de la justicia en Colombia.

El precio de la libertad

Zenaida Rueda pasó la mitad de su vida en las Farc. Como guerrillera, combatió con el Ejército y la Policía, y participó en decenas de actividades criminales, incluida la vigilancia de secuestrados. Pero hace una semana decidió escaparse con su rehén, Juan Fernando Samudio, un comerciante secuestrado por la guerrilla desde hacía 20 meses en el Sumapaz. Arriesgando sus vidas emprendieron la fuga, con tan buena fortuna que abrazaron la libertad. El problema es que según la ley, la guerrillera tendría que ir a la cárcel como cómplice del secuestro, pues este es un crimen de lesa humanidad al que no se le aplica el indulto ni el principio de oportunidad.

El caso de Zenaida, que ocurrió hace apenas una semana, es un ejemplo del tipo de situaciones que el gobierno quiere resolver con un nuevo decreto, que recogiendo artículos de varias leyes, les daría inmensos beneficios jurídicos a los guerrilleros que entreguen a los secuestrados.

Y es que las recompensas no bastan. Los guerrilleros saben -y más aún los mandos medios y altos- que aunque ganen muchos millones con la entrega de los rehenes, pueden terminar en la cárcel. Le pasó al tristemente célebre 'Rojas', el guerrillero que asesinó y le cortó la mano al comandante 'Iván Ríos', quien por su prontuario y por el mismo crimen de 'Ríos' está preso y en una situación jurídica muy complicada. También se abrió ese interrogante en el caso del guerrillero 'Isaza', quien a pesar de su loable actitud de fugarse y proteger a Óscar Tulio Lizcano, tenía procesos en curso, los cuales fueron finalmente precluidos.

Lo que el gobierno busca, según explicó públicamente el Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo, es por un lado que los guerrilleros puedan ser incluidos en la Ley de Justicia y Paz, gracias a un artículo que contempla que dicha ley no sólo se aplica a procesos de negociación sino de intercambio humanitario. Ya el gobierno había sacado un decreto meses atrás en el que daba por consumado el acuerdo humanitario entre un guerrillero y el gobierno, cuando el insurgente entregara a su víctima.

Pero la Ley de Justicia y Paz es insuficiente, porque de todos modos quienes se acogen a ella deben pasar un tiempo mínimo de cuatro años en la cárcel. Y es muy difícil ofrecerle a un insurgente que tome los riesgos que implica una fuga en la selva para que termine preso. Por eso el gobierno quiere usar también la Ley de Orden Público, que contempla la suspensión de penas cuando se trata de procesos de paz.

El esguince jurídico tiene un objetivo: la libertad para estos guerrilleros, si es que ellos han garantizado la libertad de los secuestrados. Detrás de los artilugios legales se reitera el mensaje político de que no habrá intercambio humanitario, y de que el gobierno confía en obtener más liberaciones a cuentagotas aunque le tenga que torcer el pescuezo a la ley. De hecho, los anuncios de Restrepo parecen ser la respuesta oficial al anuncio de las Farc de liberar unilateralmente a seis secuestrados.

Aunque el decreto aún no se conoce, el solo anuncio del gobierno prendió las alarmas entre analistas y defensores de derechos humanos. Nadie cuestiona la buena fe y el pragmatismo con los que el gobierno está actuando, pero para algunos sectores sí preocupan las consecuencias que un decreto de esta naturaleza podría tener.

En principio, el gobierno ha enviado un mensaje confuso al meter en un mismo costal a una guerrillera como Zenaida, que quizá no tiene en su prontuario otros crímenes de lesa humanidad y a quien el propio Ministro de Defensa definió como una "víctima" de las Farc; y al 'Mono Jojoy', de quien se sabe es responsable de algunas de las peores barbaridades contra la población civil en el país y que según los pronunciamientos oficiales, también podría recibir estos beneficios.

Una política de seguridad, como el estímulo de la deserción, por importante y eficaz que sea, no puede convertirse en patente de corso para la impunidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Con la Ley de Justicia y Paz las instituciones y la sociedad han hecho un esfuerzo demasiado grande para que se respeten estándares mínimos de justicia, verdad y reparación, y pasar por encima de ellos es una bofetada a las víctimas.

Pero si en el plano ético y político el gobierno tiene dificultades para que su propuesta sea aceptada, en el plano jurídico hay muchos más obstáculos. Por un lado, la Ley de Justicia y Paz cubre los delitos cometidos hasta julio de 2005, en consecuencia, los secuestros vigentes en los últimos tres años y medio no están cubiertos por esta ley. Tampoco es muy claro si se puede aplicar la suspensión de la pena que contempla la Ley de Orden Público, pues ésta autoriza esta medida excepcional en contextos de procesos de paz.

"Veo difícil que se pueda evitar una pena privativa de la libertad aunque sea mínima. Pero tampoco creo que Colombia quede expuesta ante la justicia internacional en un contexto de liberación de secuestrados" dice el experto de derecho internacional humanitario Rafael Nieto Loaiza.

Existen antecedentes internacionales de leyes para beneficiar a los desertores de las guerrillas. En los años 70 Italia lo hizo con las Brigadas Rojas, y luego con la mafia, dando rebajas de pena a quienes delataran a sus jefes. Se les conocía como los pentiti o arrepentidos, y aunque tuvo relativo éxito como política de seguridad, los abusos de estos personajes, la reincidencia y las venganzas que propició hicieron que se terminara.

En 1992 Alberto Fujimori también expidió en Perú un decreto con vigencia de dos años para otorgar beneficios a los desertores. En dos años hubo 6.000 'arrepentidos' del Mrta y de Sendero Luminoso, entre los que se cuenta el hombre que delató a Abimael Guzmán. Eso sí, Fujimori manejó directamente este programa de beneficios pues ya el Congreso y la Justicia estaban en sus manos.

El riesgo grande que tiene Colombia es que los imperativos de la guerra terminen cambiando las leyes por la puerta de atrás. Hace apenas dos semanas el gobierno anunció que postularía a los presos de las Farc a la Ley de Justicia y Paz, apoyándose en una exótica interpretación de esta ley que fue hecha para procesos de paz, y no para jubileos.

Ahora se trata de buscar la libertad de los guerrilleros que se arrepientan específicamente en casos de secuestro. Y hace meses el gobierno busca también cómo ofrecerles incentivos jurídicos a los mandos medios que deserten de sus organizaciones (aun sin secuestrados). Si bien es cierto que muchos de ellos, como 'Karina' han preferido entregarse, acogerse a Justicia y Paz y pasar una temporada en la cárcel, estos son casos excepcionales. La cárcel era para 'Karina' -y para otros como ella- la mejor opción, pues estaba derrotada y cercada. Pero muchos jefes de las Farc que podrían desertar no lo hacen por temor a quedarse toda la vida en la cárcel.

El peligro es que a punta de decretos, se esté abriendo una gran compuerta para la impunidad, primero con los guerrilleros presos, después con el argumento de liberar secuestrados, y luego con el fin de destruir a las Farc. Es el viejo dilema entre la búsqueda desesperada por la seguridad y la tranquilidad ciudadana y los cauces de la justicia y de los imperativos éticos y morales.

En todo caso, la experiencia demuestra que decretos tan excepcionales como el que el gobierno está redactando sólo pueden ser manejables por poco tiempo, con objetivos y destinatarios muy precisos. De lo contrario, se pueden convertir en armas de doble filo que terminen por menoscabar el Estado de Derecho y la moral política de una sociedad. ¿Será ese el precio que pagará Colombia por la libertad de los secuestrados? n

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