Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2009/05/23 00:00

El precio de la seguridad

A todos les gusta la seguridad democrática pero pocos quieren pagar por ella. Aún así, no hay duda de que habrá más impuestos para sostener el ritmo de la guerra.

El precio de la seguridad

Dos de los rasgos que definen el rostro de una Nación son su modelo de seguridad y su estructura tributaria. Justamente los dos asuntos que están sobre la mesa en el debate sobre la perpetuación del impuesto al patrimonio. Este gravamen, que se termina de recaudar el año entrante, le ha dado a la Nación 8,5 billones de pesos que han sido cruciales para incrementar el pie de fuerza militar y para modernizar los equipos para la guerra. Hasta ahora, esta plata ha salido de las arcas de las empresas más grandes y tenía un carácter temporal. Pero el gobierno ha empezado a hablar de que se convierta en un cobro permanente, y empresarios, como el banquero Luis Carlos Sarmiento, han planteado que debería ser un rubro que paguen todos los colombianos.

Hay por lo menos tres interrogantes sobre la mesa. Primero, si es necesario mantener el gasto militar en los niveles que está o si los éxitos de la seguridad democrática exigirían una contracción del aparato militar. El segundo debate es si el impuesto se hace permanente, en qué se debe invertir. Y el tercer punto es quién debe pagarlo.

En el debate sobre el gasto militar, la mayoría de analistas coincide en que en el mediano plazo será muy difícil reducirlo, por dos razones: la complejidad de la geografía colombiana y la red de violencia que ha generado 40 años de insurgencia y el narcotráfico. Oficialmente el gasto militar propiamente dicho representa 3,9 puntos del PIB y esto sube a 4,6 con pensiones (cifras dadas después de un ajuste en la medición hecho por el Ministerio de Defensa y Planeación Nacional). Aunque este monto está por encima del promedio de América Latina, hay que considerar que Colombia es el único país del continente con una guerrilla activa y con bandas emergentes y paramilitares.

Lo que ha demostrado la experiencia de estos años recientes es que el control territorial es costoso, pero necesario para contener estos grupos armados. Especialmente cuando estos operan en zonas apartadas, de difícil acceso, donde el Estado nunca, hasta ahora, había llegado. Las Fuerzas Armadas son grandes (460.000 hombres) pero, según Alejandro Gaviria, decano de economía de la Universidad de los Andes, "están dimensionadas en el nivel de las necesidades". Es decir, se necesita dinero si se quiere ejercer control en zonas apartadas donde se requieren helicópteros, lanchas, aviones y vehículos, además de tecnología para lograr un monitoreo aéreo del territorio.

Hay un sector de analistas -encabezados por José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo, y por Jorge Iván González, de la Universidad Nacional- que considera que se ha hecho una escalada innecesaria del gasto militar y que si se adoptan otras estrategias, como la negociación política o la legalización de las drogas, el modelo de seguridad podría cambiar.

Pero eso es irreal en la Colombia de hoy, con el clima político existente y el consenso que se ha construido alrededor de la seguridad democrática. Entonces se impondrá sin duda la idea de que la plata del impuesto se necesita. Más aun de cara al "salto estratégico" que anunció el hoy ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, y que implica el copamiento militar de zonas donde las Farc todavía son fuertes.

La segunda discusión sobre la mesa es en qué invertir ese dinero, y esto depende mucho del análisis que se haga sobre en qué momento está el conflicto, y las estrategias futuras. Muchos analistas ven que Colombia cada vez tiene más problemas propios del posconflicto -como las mafias y la criminalidad- que de la guerra propiamente dicha. Y por eso consideran que la plata se debería ir sobre todo a la Policía, la justicia e incluso la reparación de víctimas y reinserción. En últimas, lo que Alejandro Gaviria llama "desfarizar la estrategia de seguridad". Más que quitar de un lado para poner en otro, lo que parecería imponerse es la idea de conseguir nuevos recursos para nuevas necesidades. "No creo que se puede disminuir el gasto, pero hay que complementarlo con el de la consolidación. Desafiar y poner en su sitio a la elites locales para que impere el Estado: jueces y Policía, salud, educación y democracia", dice el ex ministro Rudolf Hommes.

Lo que sí ha generado dudas es qué tan sensatas fueron algunas de las inversiones hechas con el impuesto al patrimonio que generarán gastos muy fuertes de mantenimiento hacia el futuro. Se compró armamento propio de guerras convencionales -aviones K-fir y repotenciación de submarinos y fragatas, por ejemplo-. El asunto es que, aunque Colombia tiene líos diplomáticos con países fronterizos, es remoto pensar que puede haber un conflicto bélico con Venezuela o Ecuador. No obstante, las compras ya están hechas y ahora sale más barato sostener estos equipos que abandonarlos.

Por último, el gran debate es quién debe pagar el impuesto. Hay dos posiciones sobre la mesa. Quienes plantean -como Salomón Kalmanovitz- que este debe ser un impuesto permanente y progresivo a los ricos, que son finalmente, quienes más se benefician del clima de seguridad, porque mejoran sus inversiones y por las exenciones que han recibido. Del otro lado están quienes, como el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, piensan que lo deben pagar todos los colombianos. La propuesta de Sarmiento no cayó bien, especialmente porque el gobierno ha venido dando gabelas muy importantes a las empresas más grandes, como los pactos de estabilidad jurídica y las zonas francas, y porque de hecho grandes rentistas (como los terratenientes) siguen sin tributar.

Esta discusión no se ha saldado, pero todos los economistas coinciden en que lo relevante y urgente es reformar la estructura tributaria colombiana porque es injusta y precaria. Hay bajo recaudo y demasiadas excepciones a los más ricos. Dado que la guerra no se ha acabado y que habrá posconflicto para rato, el gasto de seguridad se debe incorporar al presupuesto, tal como está. Y de todos modos el gobierno tendrá que buscar más recursos, posiblemente a través de una reforma tributaria. Pero eso le tocará ya a quien sea Presidente en 2010. Y ni Uribe ni ninguno de quienes aspiran a sucederlo bajarán el presupuesto de Defensa. Eso es lo único seguro.

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