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| 12/6/2010 12:00:00 AM

El Presidente y su gabinete evalúan medidas para atender emergencia

A esta hora el presidente Juan Manuel Santos se reune con sus ministros para estudiar las medidas que mejor se ajusten para atender la emergencia invernal que vive el país.

Para el Gobierno, atender la mayor tragedia invernal que haya azotado al país en tiempos recientes requiere de mayores recursos. Los graves efectos de la ola invernal desbordaron la capacidad de contingencia y atención del Estado, y quizás esa es la principal motivación para la declaratoria del Estado de Excepción, que podrá producirse en las próximas horas.
 
Y para tomar la decisión el Presidente se reune con sus ministros con el ánimo de evaluar cuál es la medida que más se ajusta al momento que vive el país.

La Constitución establece tres eventos para la declaración de este estado, que van desde alteración del orden público y político hasta la confrontación con países vecinos.

Pero la que aplica para las actuales circunstancias es la del Estado de Emergencia, ante la perturbación grave e inminente del orden económico, social, ecológico, o que constituyan grave calamidad pública. Ese sería el marco jurídico que permitiría al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos adoptar medidas para mitigar el invierno y controlar los efectos que ha causado en todo el territorio nacional.

Esta declaratoria le permitirá al Presidente expedir decretos con fuerza de ley para atender la emergencia.

Como el tema se concentra en recursos, el Gobierno tendrá la posibilidad de modificar el presupuesto vía decreto (algo que en condiciones normales sólo se puede hacer por vía del Congreso de la República), siempre y cuando sean exclusivos para atender la emergencia.

Los decretos en el Estado de Emergencia también podrán crear nuevos impuestos, tasas y contribuciones. Todas las medidas que se adopten regirán de forma inmediata y tendrían la posibilidad de estar vigentes hasta el 31 de diciembre de 2011, tal como explica el ex magistrado José Gregorio Hernández.

En el marco de este estado excepcional, el Gobierno también podrá suspender leyes vigentes o modificarlas y crear instituciones administrativas, por ejemplo, para el manejo de recursos y proyectos para atención de damnificados. En todo caso, el Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados.

Luego de esta declaración, la Corte Constitucional tendrá que estudiar si se ajusta al orden jurídico. Pero con los antecedentes de la actual catástrofe es casi improbable que no la declare exequible.

Desde la Constitución del 1991, sólo en dos oportunidades se ha declarado el Estado de Emergencia y ha sido avalado por la Corte. En 1994, tras la avalancha del río Páez en el Cauca, y posteriormente, en 1999, tras el terremoto en el Eje Cafetero.
 
La instrucción del presidente Juan Manuel Santos al Ministro de Hacienda fue precisa. Sentarse con juristas para atender las recomendaciones sobre qué Estado de Excepción se puede declarar “para tener todos los instrumentos a nuestro alcance y afrontar esta tragedia que infortunadamente se ha venido creciendo”.
 
¿Los alcances del Estado de Emergencia?

Podrá el Presidente con la firma de todos los ministros declarar el Estado de Emergencia por periodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el calendario.

Mediante tal declaración podrá dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.

Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes.

En estros últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente.

El gobierno, en el decreto que declare el estado de emergencia señalará el término dentro de la cual va a hacer el uso de las facultades extraordinarias a que se refiere este artículo, y convocará al Congreso, si este no se hallare reunido, para los diez días siguientes al vencimiento de dicho término.

El Congreso examinará, hasta por un lapso de treinta días, prorrogable por acuerdo de las dos cámaras, el informe motivado que el presente el Gobierno sobre las causas que determinaron el Estado de Emergencia y las medidas adoptadas, y se pronunciará expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas.

El Congreso, durante el año siguiente a la declamatoria de la emergencia, podrá derogar, modificar o adicionar los decretos en aquellas materias en que ordinariamente son de iniciativa del Gobierno. En relación con aquellas que son de iniciativa de sus miembros, el Congreso podrá ejercer dichas atribuciones en todo tiempo.

El Congreso, sino fuere convocado, se reunirá por derecho propio, en las condiciones y para los efectos previstos en este artículo.
 
El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este artículo, para que aquella decida sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento.

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