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| 8/14/2010 12:00:00 AM

El primer chicharrón

La millonaria concesión de la Transversal de las Américas, que va de Venezuela a las puertas de Panamá, calibrará al gobierno Santos en su capacidad para sortear enredos dejados por el de Álvaro Uribe.

Días antes de su posesión, Juan Manuel Santos como presidente electo habló con el gobierno panameño y le expuso las bondades que a su juicio tiene construir una carretera que conecte a los dos países a través de la inhóspita selva del Darién. De haber logrado su aprobación, se le habría aliviado la carga que le dejó el ex presidente Álvaro Uribe, quien, días antes de culminar su mandato, adjudicó la Transversal de las Américas. Se trata de una concesión por 1,2 billones en su primera fase, que requerirá 8,5 billones en total, y que ahora enfrenta dos grandes dolores de cabeza. Uno jurídico, ya que, según la Procuraduría, el contrato no cumple con conectar a los dos países, lo que para ellos justificaba el proyecto; y uno ambiental, pues un sector de lo concesionado es una vasta área de manejo especial y en algunos puntos colinda con el Parque Nacional de los Katíos.

En Panamá, además del tema ambiental también hay motivaciones políticas. Temen, por ejemplo, que se abra un vaso comunicante de los problemas de violencia de Colombia con su territorio. A esto se suman serias inquietudes sobre la efectividad de materializar el sueño de conectar las Américas a través de una vía, como siempre se ha argumentado. "Nadie cree que un ganadero argentino necesite esta vía para llevar sus reses desde la Patagonia hasta Alaska", comentó con ironía uno de los críticos de la vía.

En Colombia, pese a los reparos de los ambientalistas, el Consejo de Política Económica (Conpes) aprobó esta megaobra que, además de conectar al país con Panamá, busca mejorar la conexión con Venezuela. Una vía que en materia de intercambio comercial tiene un gran potencial. El problema es que sin el visto bueno de Panamá la nueva autopista se estrella contra la selva.

Además, parte de los problemas que la Procuraduría le ve a la concesión es que se dejaron solo como optativas y en fase preliminar obras y diseños del tramo clave para llegar a Panamá. Por esto, para el ente de control "no cumpliría con el fin último perseguido y planteado desde un inicio", que es conectar a Venezuela con Panamá vía Colombia. Especialistas en la materia consideran que lo que se hizo fue comprometer multimillonarios recursos destinados para una integración trinacional, en una obra de impacto regional en la que el departamento de Antioquia sería el primer beneficiado, pues hay un punto de la nueva concesión que conecta con la Transversal de la Montaña que va de Medellín a Urabá.

Pese a la importancia de tener conectadas grandes vías, para la Procuraduría el que no se cumpla con el objetivo de interconexión puede entenderse como una modificación en materia contractual. Esto pondría en grave riesgo el erario pues el concesionario puede alegar el cambio en las reglas del juego, ya que los contrataron con la expectativa de hacer una cosa y resultan haciendo otra.

La directora encargada del Inco, Gloria Beatriz Álvarez, dice que lo que hay es una confusión y que para darle más tranquilidad al ente de control firmaron un acta de entendimiento con el concesionario, con la cual cerraron las puertas a reclamos económicos. "El contrato está blindado por donde se lo mire" dice. Sin embargo, el país ya tiene un antecedente con este tipo de documentos de entendimiento, que fue en la remodelación del aeropuerto El Dorado. Allí, la falta de claridad sobre los alcances jurídicos de estos acuerdos ha sido una de las trabas en las obras, que si bien hasta el momento no han significado millonarias demandas, sí se han traducido en demora en los trabajos y pérdidas para el país.

Maria Eugenia Carreño, la procuradora a cargo del caso, ha señalado de forma categórica que son insuficientes los estudios técnicos que se hicieron para el contrato, lo que no permite tener claridad sobre su viabilidad técnica y financiera, y deja expuesto el patrimonio del Estado. Tanta es la inquietud con la Transversal de las Américas que ya el nuevo ministro de Transporte, Germán Cardona, le ha dicho a su equipo que él mismo será el primer interventor de este proyecto.

El otro gran lío es el tema ambiental. En el Ministerio de Medio Ambiente dicen que hace algunos años trabajaron con el Inco para buscar opciones para el trazado de esta vía que tuvieran el menor impacto posible en un ecosistema de gran fragilidad. Esas conversaciones se suspendieron y ellos dicen que solo en marzo se enteraron a través de la prensa del avance del proyecto. La alta consejera presidencial para el Medio Ambiente y ministra designada en el tema, Sandra Bessudo, es categórica en decir que "está descontado de plano" que no habrá vía por el Parque Nacional de los Katíos. Que si bien la zona aledaña al parque puede tener un manejo especial, no se aceptará ninguna alternativa que no cumpla con todos los requisitos.

Lo llamativo de la concesión de la carretera es que al observar en un mapa los puntos que, según esta, se deben conectar, que son los sitios de Lomas Aisladas, Cacarica y Palo de Letras (ver mapa), no pareciera haber muchas opciones que no afecten el Parque Nacional de los Katíos, a menos que se incurra en insólitos y costosos trazados, que de entrada descartarían su ejecución, lo que les da más argumentos a los que piensan que es una obra que se contrató para no hacerse. Al respecto, Bessudo no duda en calificar lo sucedido como una improvisación y una falta de coordinación entre las entidades.

¿Qué se impondrá al final? ¿Una solución que respete lo aprobado por el Conpes, que lleve la carretera a las dos fronteras y contenga los eventuales líos jurídicos que se enfrentarían si la obra no llegara hasta allá

, o ¿la preservación de una zona selvática considerada Patrimonio de la Humanidad? La disyuntiva de entrada calibrará al gobierno Santos en dos de los temas que anunció como bandera desde su discurso de posesión: la preservación del medio ambiente y el avance en estrategias para mejorar la competitividad del país. Una disyuntiva que también tendrá que enfrentar en un sector que ha denominado como una de las cinco "locomotoras del progreso" de su gobierno, el de la minería.

Por ahora, las carreras de último minuto del gobierno Uribe dejan a la nueva administración en una encrucijada en la que quedará en evidencia su capacidad para superar y conciliar posiciones, para muchos, irreconciliables.
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