El primer paso

Desde que los paramilitares anunciaron un cese de hostilidades en diciembre ha habido tal avalancha de anuncios que muchos colombianos están convencidos de que, aunque secreta, la negociación con ellos va viento en popa. La verdad es otra. Sólo hasta la semana pasada arrancó una comisión exploratoria que, como su nombre lo indica, sondeará las posibilidades de una negociación. Con base en estas recomendaciones el gobierno podrá empezar un proceso de paz real con las autodefensas que, en cualquier caso, no será fácil. El perfil de los miembros de esta comisión exploratoria sorprendió porque no se trata de personajes reconocidos de la vida nacional, como habían sido antes los comisionados de paz. No hay ningún Nicanor, ningún Serpa ni ninguna María Emma. Sin embargo sus nombramientos encierran un propósito estratégico. Cada uno de los seis miembros de esta comisión está muy entroncado con las regiones donde actúan los bloques de autodefensas con los cuales se adelantaría una negociación que, por lo menos al principio, se haría de manera regional y no con una cúpula nacional. Además cada comisionado tiene una amplia trayectoria y experiencia en cada región donde operan los paramilitares que le puede dar un valor agregado a esta primera fase. Eduardo Espinosa Faciolince, hermano del ex senador liberal costeño Carlos Espinosa Faciolince, pertenece a una familia con gran raigambre en Bolívar y con considerable influencia política, sobre todo en el sur del departamento, uno de los epicentros de la actividad del Bloque Central Bolívar. Su hermano Carlos participó en una comisión que le propuso durante el gobierno Samper a Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), explorar un camino legal para negociar con los paramilitares. Aunque es médico cirujano especializado en salud mental comunitaria (conocimientos que sin duda servirán en este proceso), es experto en temas de desarrollo regional y ordenamiento territorial, un componente que será clave en cualquier proceso de reinserción. También con experiencia en el tema de ordenamiento territorial y muy conectado con su departamento es Juan B. Pérez Rubiano, un político boyacense de una familia tradicional del departamento. Muy cercano a Ciro Ramírez, ex director del Partido Conservador, liquidó la Caja Agraria y fundó el Banco Agrario durante el anterior gobierno. Su experiencia como gerente de Minercol también le permitirá una interlocución importante con Víctor Carranza quien, si bien no forma parte de esta negociación, sí tendría capacidad de torpedear el resultado del proceso. Gilberto Alzate Ronga es hijo del caudillo conservador Gilberto Alzate Avendaño, de la aristocracia manizaleña. Además de ser muy amigo del ministro del Interior, Fernando Londoño, es uno de los abogados de confianza de la clase dirigente en el Viejo Caldas y sus conocimientos jurídicos contribuirán en toda la discusión. Con la misma raigambre en el Viejo Caldas, pero más por su carrera en el área cafetera, es el economista Ricardo Avellaneda, cercano al vicepresidente Francisco Santos. Es miembro de la junta directiva de la Fundación País Libre y tiene experiencia en asuntos agrícolas y específicamente en sustitución de cultivos ilícitos, tema fundamental en una eventual desmovilización. Todas estas personas seguramente desempeñarán un papel importante. Pero lo más probable es que quienes lleven la batuta de la comisión sean Jorge Ignacio Castaño y, especialmente, Carlos Franco. El primero es un geólogo paisa con contactos muy importantes en Antioquia y, sobre todo, en el oriente del departamento. Será un puente importante con el Bloque Metro de las autodefensas, que ha dicho que no está listo para entrar en un proceso de negociación. También podrá ser interlocutor con los elenos ya que fue miembro de la Comisión Facilitadora de Paz en Antioquia, desde que Alvaro Uribe era gobernador, y coordinador del Plan de Acción Social de la Cárcel de Itagüí, donde están recluidos dos de los voceros de esa guerrilla. Castaño ya facilitó en el pasado acercamientos confidenciales con frentes de las AUC. Carlos Franco, fuera de ser el actual director del Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, tiene un conocimiento profundo de la dinámica del conflicto. Como ex miembro del EPL, es muy cercano a ex militantes que manejan la vida política de Urabá (como el alcalde de Apartadó, Mario Agudelo) y conoce a Castaño. Su experiencia en reinserción y en negociación de conflictos será determinante en un proceso posterior. Este conocimiento e influencia de los comisionados con sus regiones les permitirá hacer un diagnóstico de cada uno de los bloques paramilitares que están interesados en negociar, pues hasta el momento no se sabe con exactitud cuántos hombres tienen ni qué tan profunda es su relación con el narcotráfico en sus zonas ni cuál es su entronque político y social. Los comisionados también deberán evaluar las reacciones de diversos sectores de los departamentos ante una eventual desmovilización, además de explorar posibilidades efectivas de reinserción para los combatientes rasos pues sólo un proyecto real de desarrollo regional específico para cada zona podrá garantizar la seguridad de estos acuerdos. Pero, más allá de todo esto, el verdadero papel que desempeñará esta comisión es el de ganar tiempo para que el gobierno arme una estrategia seria de negociación con los paras. El anuncio de Castaño de que estarían eventualmente dispuestos a desmovilizarse al parecer tomó por sorpresa al gobierno. Y no son pocos los obstáculos que se vienen. La primera gran dificultad, para lo cual se necesita tiempo, es conseguir un ambiente internacional propicio al proceso. Sería muy difícil otorgarles una amnistía con una presión adversa (y unas órdenes de extradición vigentes) por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea. También es complicado negociar su desarme sin que exista un proceso paralelo con las Farc y el ELN, pues estas guerrillas tratarán de copar rápidamente los vacíos territoriales dejados por los paramilitares y el Ejército no cuenta actualmente con suficientes hombres para garantizar que esto no suceda. Serán meses que el gobierno de Uribe tendrá que aprovechar para armar una estrategia de negociación que sea presentable ante la opinión nacional e internacional, que maneje con pinzas el sensible tema de la impunidad, que cuente con legitimidad y respaldo político y que no dificulte una negociación futura con la guerrilla. Los vientos soplan a favor pero el camino está lleno de nubarrones.