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| 1/30/2013 12:00:00 AM

El primer tropiezo del proceso de paz

La caída de dos policías en manos de las FARC pone sobre la mesa los equívocos y riesgos.

La caída de dos policías en manos de las FARC en el Valle, que produjo un inusual comunicado de esta guerrilla y la primera declaración pública del jefe del equipo negociador del Gobierno sobre un hecho del conflicto, arriesga convertirse en la primera ‘papa caliente’ del proceso de paz y es todo un ejemplo de las paradojas que acechan la negociación en Cuba.

Pese a que las partes acordaron no discutir los temas de la guerra en la mesa de negociaciones, ni ventilarlos públicamente, la caída de dos patrulleros de la Policía en manos de la columna Manuel Galvis de las FARC, en la vereda La Granja, entre Pradera y Florida, el pasado 25 de enero, es el primer evento de la confrontación que genera reacciones tanto de las FARC como del Gobierno.

Aunque no aceptó explícitamente que las FARC tienen a los dos uniformados, en un comunicado expedido cuatro días después de que se los llevaron, su delegación en Cuba reafirmó que se ha puesto fin a las “retenciones de carácter económico” (léase secuestro extorsivo), pero precisó: “Nos reservamos el derecho de capturar como prisioneros a miembros de la fuerza pública que se han rendido en combate. Ellos se llaman prisioneros de guerra, y este fenómeno se da en cualquier conflicto que haya en el mundo”. Guerra es guerra, poco más o menos.

El mismo día, al partir a Cuba para la quinta ronda de conversaciones, Humberto de la Calle respondió. Calificó lo sucedido como una “respuesta equivocada que atenta contra el proceso” y llamó a los guerrilleros a que, si su intención es llegar al fin del conflicto, lo digan de una vez y “no hagan perder el tiempo”. Duros términos para el jefe del equipo negociador oficial, que se ha caracterizado por el más completo mutismo frente a las declaraciones cotidianas de las FARC en La Habana.

¿Cuáles secuestros?

Lo ocurrido a los policías ha tenido amplio despliegue en los medios como una muestra de que esta guerrilla no cumple su promesa de poner fin al secuestro. Pero, pese a lo que muchos creen, al llevarse a los dos uniformados, las FARC están cumpliendo exactamente lo que prometieron. El problema es que, de persistir en una modalidad que recuerda al país el calvario que vivieron cientos de uniformados, encadenados en la selva por años, pueden estar plantando una 'bomba' de profundidad contra el proceso de paz.

Pese a que casi todos los medios lo dieron por hecho, las FARC nunca prometieron poner fin por completo a la práctica del secuestro. En el comunicado del 26 de febrero del año pasado en el que hicieron ese anuncio dijeron que abandonaban la “práctica (…) de las retenciones de personas, hombres o mujeres de la población civil, que con fines financieros efectuamos”, es decir, solamente el secuestro extorsivo y sólo el de civiles, no de uniformados.

En ese mismo comunicado añadieron una precisión preocupante, a la que tampoco se prestó atención: dijeron que no renunciaban a “la necesidad de recurrir a otras formas de financiación o presión política”. Es decir, además de la extorsión, las FARC dejaron la puerta abierta a tomar rehenes civiles y uniformados, no para pedir rescate, sino como mecanismo de coerción política.

Esto es lo que ha ocurrido con los dos patrulleros en el Valle, como las FARC se apresuraron a puntualizar desde Cuba. Pero el hecho tiene implicaciones más complejas.

Dos caras

Una cara de lo sucedido muestra que la asimetría de la guerra en Colombia no es sólo en el campo de batalla, sino en el de la propaganda. Los partes de guerra de las Fuerzas Militares se suceden a diario, con guerrilleros muertos y capturados, lo cual, supuestamente, no debe afectar la marcha de las negociaciones en Cuba, pues así está acordado entre las partes. Pero, mientras un bombardeo como el de Ricaurte, Nariño, a fines del año pasado, en el que murieron cerca de 20 guerrilleros, se reporta como un hecho más de la guerra, el plagio de los dos policías se presenta como un crimen de lesa humanidad y un atentado contra el proceso, y quienes lo cometieron como si incumplieran algo que en realidad nunca prometieron.

Para muchos colombianos, esa asimetría se justifica porque las FARC son un grupo ilegal y las Fuerzas Militares, representantes legítimos de la sociedad. Sin embargo, se trata de dos partes enfrentadas, como de hecho lo asume el Gobierno, que ha reconocido que en Colombia hay un conflicto armado y negocia con ellas en La Habana. Tanto la captura de los dos policías como los bombardeos contra la guerrilla (y otros hechos cruentos que sin duda sobrevendrán mientras se siga negociando en medio de la confrontación) son parte de la trágica rutina de una guerra que continúa en pleno curso.

Esta, sin embargo, es una cara del problema.

La otra –a la que las FARC no prestan atención, pero que explicaría la inusual reacción de Humberto de la Calle– es que hay hechos del conflicto que representan para la negociación costos ‘soportables’ y otros que pueden introducir tensiones tales que pongan en riesgo el proceso mismo.

Lo señaló en estos días el expresidente César Gaviria, quien dijo que, pese a que se negocia sin cese al fuego, las FARC no pueden “hacer todo lo que se les pase por la cabeza”.

Una cosa es que, en el marco de una confrontación con un Estado, una guerrilla capture en combate a miembros de sus Fuerzas Armadas, lo cual se podría considerar parte ‘normal’ de la guerra. Esto es lo que sostienen las FARC en su comunicado, reivindicando su “derecho” a ese tipo de acciones. Pero es enteramente distinto cuando eso sucede en un país donde la guerrilla convirtió el secuestro en una epidemia y cuyo imaginario está marcado por cientos de policías, soldados y políticos civiles que pasaron años encadenados en la selva, para presionar su intercambio por guerrilleros presos, hasta cuando, en medio de manifestaciones masivas de repudio, sus captores debieron liberar a los últimos que tenían en sus manos.

Al llevarse a los dos policías en el Valle, las FARC reabren esta página que se creyó cerrada. En su comunicado, además, insisten en el intercambio de prisioneros y en su propuesta de pactar un acuerdo que “regule” la confrontación, lo que abre, para muchos, la inquietante pregunta de si las FARC van a volver a plagiar uniformados para ejercer “presión política”.

Desde cuando se empezó a hablar en secreto con las FARC, hace casi un año, este es el primer hecho del conflicto que se le atraviesa al proceso. La respuesta de Humberto de la Calle refleja lo sensibles que son estos temas en la opinión pública. Trenzarse en debates públicos con las FARC sobre ellos puede responder a las necesidades políticas del momento o a las pugnaces críticas del uribismo, pero dificulta el trámite de los hechos del conflicto en medio de la negociación. Las FARC, por su parte, harían bien en tener en cuenta que, sin el aire de la opinión pública, no habrá negociación que salga adelante. Estirar demasiado la cuerda con acciones que causan rechazo generalizado, así se busque justificarlas como parte regular de la confrontación, puede poner el proceso de paz contra las cuerdas.

El problema es que muy probablemente otros hechos, quizá más graves, se van a presentar mientras no se ponga fin a esta guerra degradada. La gran pregunta es: ¿Estará la negociación en capacidad de sortearlos si con el primero que aparece ya las FARC están sacando un comunicado y el Gobierno recogiéndoles el guante?

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