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| 12/26/1994 12:00:00 AM

EL PROBLEMA DE LOS TESTAFERROS

El Congreso decide medírsele al espinoso tema de quiénes son los verdaderos dueños de la televisión en Colombia.

EL SENADOR EDUARDO PIzano decidió coger el toro por los cuernos. En un país donde el testaferrato es cada día más común y más difícil de controlar, Pizano logró incluir en el texto de la nueva ley de televisión que acaba de ser aprobada en primer debate por las comisiones sextas del Congreso, una serie de disposiciones que buscan evitarlo y sancionarlo.

La televisión podría convertirse en el terreno soñado para este tipo de prácticas ilegales. Frente a las perspectivas abiertas por los anuncios públicos de la liberalización de los canales de televisión, algunos programadores optaron por recurrir al testaferrato para poder competir en mejores condiciones y apuntalar sus posiciones en espera del cambio de sistema. Los testaferros son indispensables para ello ya que las normas que rigen el sistema mixto actual imponen topes e incompatibilidades para evitar la concentración del poder en los medios.

El símbolo del testaferrato en la televisión colombiana es el Noticiero Nacional. Este informativo era dirigido por Javier Ayala y Gabriel Ortiz Sánchez, accionistas de Prego Televisión, junto con Julio Molano, el actual presidente de Telecom. Los conflictos entre los socios llevaron a liquidar la sociedad y a vender la programadora. El noticiero fue comprado por el Grupo Santo Domingo a través de tres testaferros: Gonzalo Jaramillo, conocido comercializador de televisión, Alejandro Urdaneta Santos, propietario de Cerraduras Schlage y Enrique José Arboleda, hermano del secretario general de Bavaria, Juan Manuel Arboleda.

El hecho fue denunciado en su momento no sólo por uno de los accionistas, que no estaba de acuerdo con dicha decisión, sino también llegó a ser objeto de varios comentarios de prensa incluyendo las columnas de Enrique Santos Calderón y de María Isabel Rueda.

Fue entonces cuando se midió la impotencia del Estado contra los testaferros. Ante la presión de la opinión pública, se llamó a declarar a los nuevos accionistas quienes manifestaron ser los propietarios, y admitieron que una entidad del Grupo Santo Domingo les había financiado los recursos para la adquisición de las acciones. Hasta allí pudo llegar la investigación.

Superado ese escollo jurídico, había que resolver un problema de presentación. Era absolutamente evidente que los testaferros no tenían nada que ver con el manejo del noticiero, ni sus patrimonios personales correspondían a las inversiones que se estaban haciendo. El caso del Noticiero Nacional se había convertido en un chiste dentro del medio, y ni siquiera los 'dueños' -según las escrituras- persistían en mantener la fachada. En privado comentaron cómo se llevó a cabo el negocio. Se habló de créditos blandos por 250 millones de pesos para sus negocios reales a cambio del endoso de las acciones y otros detalles de esa naturaleza.

Con todos estos rumores circulando, el Grupo Santo Domingo se vio ante una disyuntiva: o mantener la comedia, o frentear la situación. Se optó por lo segundo, en una decisión audaz pero realista.

En otras palabras, se hizo público el control del noticiero por parte del conglomerado. Hoy, el Noticiero Nacional -que está de primero en los índices de sintonía- es el mejor financiado de la televisión, se emite desde sus propias instalaciones, su gerente asiste oficialmente a las reuniones de gerentes del grupo, el noticiero trabaja en llave con Cromos y Caracol, y cuando se inauguraron las nuevas instalaciones del informativo, con el entonces presidente César Gaviria como invitado de honor, el anfitrión fue el presidente de Bavaria, Augusto López Valencia.

Si bien el caso del Noticiero Nacional es el más famoso de la televisión colombiana, no es el único. Existen otros ejemplos, que si no son controlados, acabarían dándole una ventaja indebida en la futura privatización de la televisión a aquellos que violaron las normas en el pasado. Y es que una vez aprobada la nueva ley de televisión se vendrá la adjudicación de licencias para la creación de canales privados zonales, los cuales podrían llegar a tener una cobertura Nacional.

El interés de tener testaferros ante estas nuevas posibilidades radica en dos motivos. De una parte la nueva ley fijaría un tope máximo del 49 por ciento por accionista para garantizar el pluralismo de la información. El recurso de los testaferros permitirá violar la norma, y darle a un solo grupo el control total de una cadena de televisión. De otra parte, las empresas que monten canales privados zonales y que tengan espacios de televisión en los nacionales deberán cederlos en el momento de ampliar su cubrimiento más allá de la zona adjudicada. Por tanto, una forma de permanecer en los dos sistemas es el de estar presente en los canales de Inravisión a través de testaferros.

Frente a las graves consecuencias eventuales de esa situación, el senador Pizano propuso utilizar figuras como la del beneficiario real, que busca evitar que el velo corporativo se convierta en obstáculo para las investigaciones del Estado. Se entenderá que el beneficiario real de la propiedad del canal o del espacio es quien ejerza el control material y los derechos que le son inherentes a los socios y, por ende, se le aplicará el régimen de inhabilidades. En razón de la dificultad probatoria de este hecho, el proyecto de ley ha invertido la carga de la prueba al establecer una presunción legal para quien intervenga en el manejo o tenga el control de una sociedad sin ser su socio.

Pizano adicionalmente introdujo elementos que se podrían llamar de infidelidad, que se espera afectarán el matrimonio del testaferro y su real propietario, a través de disposiciones como esta: "para efectos legales se entienden como propietarios quienes a la fecha figuren en el libro de accionistas como propietarios, no valdrá pacto en contra".

Esta disposición es bien intencionada pero puede ser inocua. En el mundo de los testaferros son pocos los que se atreven a ponerle conejo al dueño real, ya sea por amistad o por temor.

A pesar de estas limitaciones, el proyecto es un paso hacia adelante. Sin embargo, las anteriores disposiciones tan sólo han sido aprobadas en primer debate de comisiones y deben todavía sortear el cedazo de las plenarias. Al testaferrato, en consecuencia, no le ha pasado todavía su cuarto de hora.-
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