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| 4/24/2005 12:00:00 AM

El problema es la plata

El gobierno y la oposición se enfrentarán en un intenso conflicto sobre las reglas de financiación de las campañas. ¿Qué le conviene a cada uno?

Cuando de garantías electorales se trata, no hay nada que importe más que la financiación de las campañas. La desigualdad en el acceso a la plata se traduce directamente en diferencias de oportunidades. Por eso se puede predecir que, en el debate sobre la ley que empezará a discutirse este martes en el Congreso, este será el punto más polémico.

La participación del presidente Álvaro Uribe en la contienda, además, genera suspicacias entre los candidatos de oposición. Un Presidente de indudable acogida entre el sector privado y los grandes empresarios -los principales donantes de la política-, no va a tener problemas para conseguir dinero. Desde un punto de vista pragmático, para un empresario es mucho más rentable poner un peso en la cuenta de quien está en el poder y toma decisiones que afectan su negocio.

El tema es sensible en todo el mundo. Los grandes escándalos de la política tienen que ver con la retribución de favores por parte de los gobiernos a los contribuyentes, por la violación de las normas que regulan el complejo tema, y por la infiltración de fondos provenientes de fuentes ilegales. Varios gobiernos se han caído por eso, y el tema de la transparencia figura en primera línea del debate en las democracias más avanzadas.

En Colombia el tema es aún más relevante. Después del proceso 8.000, los votantes tienen una sensibilidad especial, incrementada ahora por las suspicacias que generan la reelección. Por eso la financiación de las candidaturas se llevará una gran atención del Congreso, por encima incluso de asuntos tan importantes como el acceso a los medios de comunicación, la transparencia en la información electoral, la definición de normas para la participación de los servidores públicos en política y, claro, la financiación de las campañas a la Presidencia de la República.

El punto que concentrará la mayor controversia será el de si se adopta un esquema de financiación con recursos públicos, privados, o mixta. La oposición se inclina por lo primero y los partidarios del gobierno se sentirían cómodos con la segunda. Pero las propuestas que se han presentado se inclinan por la tercera y las diferencias se centran en el porcentaje de recursos que se pueden captar entre los empresarios.

Hasta el momento han sido radicadas tres iniciativas para reglamentar la reelección. Una, presentada por la representante uribista Nancy Patricia Gutiérrez. Otra, por el senador Mauricio Pimiento -también de la bancada del gobierno- y una tercera, por la dirección del Partido Liberal (ver recuadro). Esta última es la más controvertida. Además de establecer que el Estado debe financiar el 90 por ciento de las campañas, propone que los aportes privados (personas naturales y jurídicas) vayan a un fondo común administrado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que las distribuirá equitativamente.

Y aunque ambas ideas suenan muy bien, esta última es poco viable. Es difícil imaginar que los ciudadanos o los empresarios que quieran hacer donaciones a campañas, tengan que girar sus cheques a nombre de un destinatario anónimo. "Los donantes privados se desmotivarían, si uno da plata para una campaña lo último que quiere es terminar apoyando indirectamente a su contradictor", señala Nancy Patricia Gutiérrez.

Pero el hecho de que poner a funcionar el fondo común de campañas no parezca realizable, no implica que la propuesta no tenga un piso sólido para los liberales oficialistas. "La propuesta del fondo común se hace pensando en que la reelección puede pasar en la Corte y que entonces hay que evitar que el presidente Uribe cuente con todas las ventajas económicas de antemano", reitera el senador Juan Fernando Cristo, director de la DNL.

Aunque las propuestas de ley de Gutiérrez y Pimiento también defienden una financiación predominantemente estatal de las campañas (tal y como lo establece el acto legislativo de la reelección), están elaboradas desde la perspectiva del uribismo. La primera, establece que el Estado debe financiar como máximo el 60 por ciento de las campañas y, la segunda, que debe hacerlo hasta en 65 por ciento. Y aunque no son sumas despreciables, parten del supuesto de que cualquier campaña -pero sobre todo la del presidente Uribe- puede recibir casi la mitad de sus fondos de manos privadas. En otras palabras, confían mucho en los recursos que pueda jalonar la credibilidad presidencial.

Además los autores de ambos proyectos los defienden señalando que son más garantistas que el liberal. Esto lo hacen al justificar que ambas iniciativas enfatizan en que el Estado también debe financiar otros gastos imprescindibles en las campañas, como las franquicias postales o la seguridad de los candidatos. "El proyecto del gobierno, que es el mismo mío, es mucho más riguroso en garantías que el de la oposición en la medida en que propone un anticipo para las campañas e incluye la financiación de aspectos que van más allá de la reposición de votos", argumenta el senador Pimiento.

Es que sin duda, si a alguien le conviene proponer un proyecto que asegure transparencia electoral es al gobierno. De la existencia de garantías para todos los candidatos, depende buena parte de la legitimidad de la reelección. Y esa transparencia también podrá verse reflejada en los votos que obtenga el presidente Uribe para asegurar su permanencia en el poder por cuatro años más.

Tanto es así que para algunos sectores de oposición del liberalismo y del Polo Democrático no tiene sentido defender un proyecto de garantías. Según ellos, no hay ley alguna que pueda hacerles contrapeso a las inequidades que impone la reelección presidencial en términos de competencia política. Se podría llegar a la paradoja de que la bancada uribista sea la que se juega más a fondo -e incluso sea más generosa- en el proyecto de ley sobre las garantías diseñadas a favor de la oposición. Desde luego, esta última se puede ganar el caballo de batalla de criticar una ley impuesta por la bancada uribista, y buscar debilitar la figura de la reelección.

Por sus consecuencias políticas, el ladrilludo tema es más importante de lo que se cree y su debate puede llegar a ser candente. Y no se puede olvidar su importancia desde el punto de vista de la actividad que está regulando: de su adecuada definición dependen los controles para que los candidatos y partidos no terminen actuando en consecuencia con los intereses particulares de quienes los financian, o para evitar que las fronteras entre los aportes legales y los dineros calientes sean difusas.

Bajo la sombra de la reelección, reglamentar con claridad los mecanismos de financiación se hace, a la vez, más difícil y más importante. Tanto que su debate -sumado al de las otras garantías- puede copar la agenda legislativa hasta el 20 de junio. Y desplazar, otra vez, proyectos trascendentales que están en el congelador desde que el legislativo se dedicó a tramitar la reelección.
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