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| 5/31/2013 12:00:00 AM

El proceso de paz según ‘The Economist’

La prestigiosa revista británica analiza el contexto general entorno a las conversaciones.

The Economist publicó en su versión impresa un análisis sobre el desarrollo del proceso de paz que se está llevando a cabo entre el gobierno colombiano y las FARC. El análisis indica que “una entendible sed de justicia no debería bloquear un acuerdo que salvaría vidas”.

El artículo menciona que la prolongada existencia del grupo insurgente en el país, diciendo que este es un grupo guerrillero comunista que existe desde que “Nikita Khrushchev todavía manejaba la Unión Soviética”, y que a pesar de que la guerra fría llegó a su fin, este grupo continuaba haciendo de las suyas, “traficando drogas, secuestrando y extorsionando”.

La revista se centra principalmente en mencionar cómo el país está hoy en día dividido frente al proceso de paz, después de los fallidos intentos realizados anteriormente, lo que ha llevado a que muchos colombianos sean escépticos frente a este escenario. Sin embargo el artículo hace énfasis en que se salvarían muchas vidas si se llega a un acuerdo.

La publicación indica que ese grupo de ciudadanos estaría siendo representado principalmente por el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, quien lideró una política diametralmente opuesta a la de su sucesor, combatiendo a las FARC militarmente, lo que habría llevado a que las condiciones de negociación cambiaran. Sin embargo afirman que seguir en las mismas no garantiza una extinción del grupo guerrillero como tal.

También mencionan las críticas a la celeridad con la que se estaría negociando en vistas a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el año entrante.

“Todavía hay decisiones difíciles por tomar. Las FARC deben ser persuadidas de abandonar un proyecto de 50 años, sus armas y sus negocios de narcotráfico, y convencerlas de que el Estado puede garantizar su seguridad”, dice el semanario.

También indica a sus lectores que el asunto más difícil a tratar es cómo se van a pagar por los delitos cometidos, sobre todo porque son en su mayoría violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Hay otra reflexión y es la forma cómo esta iniciativa se va a implementar una vez se llegue a un acuerdo. Se habla de la validación por parte de los colombianos, según prometió el presidente Santos, “idealmente a través de un referendo”, agrega The Economist.
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