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| 7/27/2015 9:04:00 AM

"El Gobierno vuelve al cese bilateral disfrazado"

Dijo el procurador, Alejando Ordóñez, quien aseguró que la decisión del presidente "paraliza a la fuerza pública y le da un estatus de inmunidad a las FARC".

Tras el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de reactivar la suspensión de los bombardeos contra la guerrilla de las FARC, la Procuraduría emitió un comunicado en el que rechaza tajantemente la medida y advierte que con ella, "se paraliza a la fuerza pública y se le da un estatus de inmunidad a las FARC".

Para Ordóñez, la decisión que anunció el Presidente, "paralizó en alto grado las acciones de las Fuerzas Armadas y facilitó la preparación de la atroz ola de atentados terroristas ejecutada en los meses siguientes de mayo, junio y julio por parte de ese grupo", sostuvo el jefe del Ministerio Público.

Según lo expresó, la prohibición de los bombardeos contra las FARC pone en riesgo la vida y seguridad de los ciudadanos.  Pues, de acuerdo con los registros del Ministerio de Defensa divulgados por Ordóñez, entre enero y abril del 2015, periodo en el que se hizo efectiva la orden presidencial de suspensión de bombardeos, las desmovilizaciones descendieron 16 %, las capturas se redujeron en 28 % y los guerrilleros muertos en combate disminuyeron en 56 %, respecto al mismo periodo del 2015.

"Al prohibir las operaciones beta de bombardeo a las Fuerzas Militares, el Gobierno convierte a los campamentos de las FARC en santuarios de protección de sus miembros y en lugares desde donde se podrá continuar ordenando la realización de actos criminales como el narcotráfico, la extorsión, el reclutamiento de niños, el tráfico de armas, la minería criminal, el desplazamiento forzado y el asesinato", reiteró.

Otro de los reparos que le hace el jefe del Ministerio Público a la medida consiste en que la instrucción también beneficia a otras organizaciones criminales. Pues, a su parecer, las FARC delinquen conjuntamente con el ELN y las bandas criminales.

"Paralizar a las Fuerzas Pública es, junto a la decisión de desmantelar la lucha contra cultivos ilícitos, una injustificada concesión a las FARC que atenta contra los derechos ciudadanos y la seguridad nacional", puntualizó.

El procurador no ha sido el único que rechazó la medida, con insistencia la oposición ha advertido que el cese de bombardeos es inconstitucional (Ver: Oposición advierte que cese de bombardeos es inconstitucional).
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