Domingo, 4 de diciembre de 2016

| 2015/09/02 14:30

Las dolorosas historias que llegaron a la CIDH

El procurador sustentó con nueve historias de colombianos la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del gobierno de Venezuela. Semana.com cuenta los casos.

Son miles de colombianos los que han sido deportados desde el país vecino. Foto: Carlos Julio Martínez, enviado especial de SEMANA

Mientras el presidente Juan Manuel Santos intenta capotear la crisis fronteriza con Venezuela ante la ONU, la CPI y la OIM, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, hizo lo suyo este miércoles y presentó la queja ante la CIDH para que se detengan los "ataques de Nicolás Maduro contra los colombianos".

El informe entregado por el procurador, conocido por Semana.com, tiene 26 páginas y resalta los casos de nueve colombianos que sufrieron atropellos y violaciones a sus derechos por la crisis fronteriza.

Es el caso de  Erika Jimena Gil Mosquera, quien contó que llegó a Venezuela hace más de cuatro años, desplazada de la violencia del municipio de San Bernardo, Tolima. Vivía en una casa con seis personas, cinco colombianos (dos menores de edad) y un venezolano. Contó que la guardia venezolana llegó a su casa la noche del 23 de agosto del 2015 a registrarla y revisar si tenían contrabando.

Luego les dijeron que los llevaban al comando para reseñarlos. Allí estuvieron retenidos más de cinco horas sin darles agua ni alimentos, para después deportarlos a Colombia por orden del presidente Nicolás Maduro. Manifestó que todas sus pertenencias se quedaron en Venezuela en manos de la Guardia Venezolana.

Entre los relatos también está la historia de Jeiny Ayala Martínez. Ella relató que el domingo 23 de agosto del 2015, llegó la guardia venezolana a requisar su casa en busca de drogas, armas y contrabando. Al no encontrar nada, los sacaron a ella, su esposo y sus dos pequeños hijos nacidos en Venezuela y los montaron en una camioneta. Los llevaron a un cancha, los reseñaron y luego los transportaron a migración para cruzar la frontera.

Dijo que "no le dejaron salvar nada de sus bienes que habían adquirido con su esposo por más 11 años". A Héctor Octavio Velásquez González le ocurrió lo mismo. La guardia venezolana llegó a us casa y luego los obligaron a él y a su familia a montarse en una camioneta de migración. "Construí una vida desde el 2005 en Venezuela, mi trabajo, mi casa, y me dejaron sin nada", relató.

A Jorge Helí Arenas Parra, desplazado por la violencia en Colombia, le destruyeron su casa en Venezuela. "Mi casa fue marcada con la letra D, no me dejaron sacar nada, cuando volví a recuperarlas, ya todo se lo habían robado".

Andrea Patricia Mandón Quintero contó que vivía en San Antonio desde el año 2004 con sus dos hijos menores de edad. "El 24 de agosto fui sacada de mi casa de manera violenta por la guardia venezolana, llevada a una cancha donde me tuvieron varias horas a puro rayo de sol y sin alimentos".

Relató que una amiga venezolana le informó que todos sus bienes fueron saqueados por la guardia venezolana y su casa está a punto de ser demolida, pues fue marcada con la letra D.

Jessica Paola Jácome Prado vivía en San Antonio con su esposo, José Francisco Torres -también colombiano-, su hija Sharid Torres Jácome y su prima Omeyda Prado Jaimes. La guardia venezolana los sacó de la casa y a su esposo lo acusaron de fabricar explosivos y a la fecha no sabe nada de él.

"A mi esposo lo esposaron y lo encapucharon, acusándolo de fabricar explosivos y nadie me da razón de él", contó la angustiada mujer. Por último, está lo sucedido a Yasmin Andrea Agudelo. Entró a Venezuela en el 2006 por desplazamiento forzado como agricultora de Ituango (Antioquia), y se dedicaba al comercio informal.

Denunció que tuvo que pagar 1.000 bolívares a la guardia venezolana para poder dejar el país. "Nosotros vimos cómo una funcionaria de la guardia golpeaba a la gente y decidí, con mi familia, atravesar el río, pero antes le pagamos a los funcionarios".

Para Ordóñez estos casos dejan en evidencia "las graves vulneraciones a los derechos" de miles de connacionales en el vecino país que han sido, según el documento, "diseñada, ordenada, dirigida y ejecutada bajo la supervisión directa del presidente Nicolás Maduro".

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