"El procurador Ordoñez se ha encargado de estigmatizar al colectivo de Abogados José Alvear Restrepo"

Este viernes se conoció el resultado de la ‘auditoría social, política y financiera’ que se realizó el 4 y el 7 de junio y que tenía como fin evaluar el trabajo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CCAJAR. En la presentación del informe que estuvo a cargo del magistrado español José Antonio Pallín y de la estadounidense Dana Brown, quienes también participaron de este trabajo, se destacó "la necesidad de la labor que hace el colectivo a favor de la lucha contra la impunidad y apoyando a las víctimas y organizaciones de las bases más vulnerables de Colombia".

Los miembros de la auditoría le hicieron unas recomendaciones al Estado colombiano a quien le piden que inste a sus funcionarios públicos que se abstengan de hacer declaraciones difamatorias y deslegitimadoras en contra de los defensores de los derechos humanos y en particular al CCAJAR. También le piden al Gobierno que reconozca públicamente la existencia y sufrimiento de las víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos, tal como en el caso de la masacre de Mapiripán.

Pallín destacó que "hay una persona que por su manifestación pública se ha erigido como el protagonista más relevante de esta campaña que es el Procurador General de la Nación. Ha hecho unas declaraciones bastante temerarias porque provienen de una persona que tiene un alto cargo institucional y cuando se dirige a la opinión pública tiene una responsabilidad institucional y no puede hacer estas afirmaciones sino tiene unas pruebas". El magistrado español, también aseveró que existe una campaña de difamación y desprestigio contra el colectivo lo que dificulta muchísimo la defensa de los derechos humanos.

Sobre la masacre de Mapiripán, uno de los puntos que estuvo bajo la lupa de esta comisión internacional, los comisarios indicaron que el CCAJAR no tuvo ninguna responsabilidad, "que siempre actuó de manera responsable y que esos dineros que se recibieron están listos para ser devueltos y sólo hace falta la orden de la Contraloría para saber donde se deben depositar" indicó Dana Brown.

El motivo de que la comisión revisara el actuación del colectivo durante el caso de Mapiripán se debe a que después de que se conociera que tras la masacre ocurrida en este municipio del Meta en 1997, el estado indemnizó a nueve falsas víctimas, diferentes sectores empezaron a hablar de un supuesto complot y conspiraciones que vinculaban al Colectivo porque supuestamente se habría lucrado con estas sumas millonarias.

El equipo que realizó este trabajo, para el que mantuvieron reuniones con personas de diferentes sectores, en la que se incluyó al vicepresidente, estuvo a cargo de diez personalidades internacionales, entre los que se destacan el sacerdote peruano Gastón Garatea, la politóloga colombo uruguaya Laura Gil y el obispo católico de Sincelejo Monseñor Nel Beltrán, entre otros.