El próximo defensor del pueblo debe ser ético e independiente: ONU

El representante en Colombia de la oficina para la Alta Comisionada de las de las Naciones Unidas, Todd Howland, envió en las últimas horas una carta a la Cámara de Representantes, que tendrá que elegir el próximo miércoles 29 de agosto al titular de la Defensoría del Pueblo. La terna de candidatos está conformada por Olga Lucía Gaitán, Beatriz Linares y Jorge Armando Otálora. 
 
En la misiva, Howland destaca la importancia de este cargo y recuerda ‘Los Principios de París’, aprobados en 1993 para orientar la labor de las Defensorías de todo el mundo. Estos fundamentos representan la principal fuente normativa internacional y proveen un amplio conjunto de recomendaciones sobre “el papel, la composición, condición y funciones de las instituciones nacionales de derechos humanos, en este caso la Defensoría del Pueblo”.
 
Entre los principios más destacados, la ONU subraya la independencia como la característica más importante, “fuente principal de su legitimidad y credibilidad. Además determinan que el procedimiento de la elección debe garantizar una representación pluralista de fuerzas sociales interesadas en la promoción y la protección de los derechos humanos, incluidas organizaciones de la sociedad civil”.
 
Howland expresa que “en nuestra experiencia, las elecciones que han sido producto de un proceso que supera acuerdos partidistas han llevado a contar con un defensor del Pueblo más independiente e imparcial”.
 
El alto comisionado destaca cuatro características para tener en cuenta en la persona que resulte elegida para este “importante cargo”: alto perfil ético y moral; amplio conocimiento en derechos humanos; demostrada trayectoria en la promoción y la protección de los derechos humanos, e independencia para ejercer sus funciones como Defensora o Defensor del Pueblo.
 
El documento también recuerda que “esta institución no cuenta con poder coercitivo, por lo cual las actuaciones y los pronunciamientos del defensor o defensora del pueblo deben inspirar respeto y legitimidad, por su pertinencia, su objetividad y su independencia”.
 
En la carta también se les solicita a los congresistas que tengan en cuenta la implementación efectiva de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la cual otorga un papel relevante a la Defensoría del Pueblo en cuanto a la asesoría y representación judicial de las víctimas. “En este sentido, la nueva defensora o defensor del pueblo debe entender los diferentes problemas que enfrentan las víctimas, y asegurar un papel decisivo en la protección integral de éstas, en especial de quienes reclaman tierras”.
 
El documento concluye manifestando que la “Oficina considera que para cumplir con tales desafíos es necesario que el titular de la Defensoría del Pueblo sobresalga por su compromiso con la defensa de los derechos humanos, su independencia, su objetividad, su prestigio moral y su reconocimiento social, así podrá desarrollar a cabalidad la magistratura moral, constructiva y de mediación que constituye un valioso elemento para la defensa y el desarrollo de la democracia colombiana”.