EL PULSO DE LA NACION

La definición más acertada, ya que no la más generosa, del discurso del presidente Virgilio Barco en respuesta a las explicaciones del Secretariado de las FARC sobre la matanza de Caquetá la dio alguien perfectamente imparcial: el ya difunto político conservador Gilberto Alzate, citado para la ocasión por el ex presidente Misael Pastrana. Se trató -según la frase de Alzate- de un discurso "profuso, confuso y difuso". Tanto, que logró el milagro de no dejar a nadie satisfecho al tiempo que cada cual, escarbando entre sus frases, encontraba en él lo que quería encontrar.
Los conservadores lo criticaron por blando, pero quedaron muy satisfechos porque era precisamente esa presunta blandura del gobierno la que estaban interesados en denunciar. La Unión Patriótica, por el contrario, lo consideró abiertamente "peligroso" por duro. Los liberales, atrapados entre su ya vieja insatisfacción con el proceso de paz y la necesidad de respaldar al gobierno de su partido echaron por la calle de en medio declarándolo de discurso "clarificador". Y la verdad es que en los doce minutos que duró la intervención televisada del Presidente en la noche del 22 de junio hubo párrafos para todos los gustos.
Hubo firmeza: el anuncio de que en el Caquetá está rota la tregua y de que "en cualquier parte donde la fuerza pública sea atacada el gobierno entenderá que en esa zona ha terminado el cese al fuego"; la advertencia de que no habrá partes del territorio" al margen de la Constitución y las leyes", ni tampoco "personas o grupos ni conductas que estén exceptuados de su cabal cumplimiento"; y la información de que seguirán siendo fortalecidas las Fuerzas Armadas. Pero hubo también moderación: "La voluntad de reconciliación del gobierno se mantiene"; "las políticas y programas en favor del cambio no pueden sufrir mengua porque responden a un sentido anhelo popular y a urgencias inaplazables. Los sectores sociales que propugnan el cambio, en lugar de ser reprimidos, como quisieran algunos, deben, por el contrario, ser orientados para que fructifiquen ".
Hubo cierto pesimismo: "Fundado pesimismo con respecto a las verdaderas intenciones de los grupos alzados en armas que acordaron el cese al fuego. La sociedad se siente engañada, burlada y traicionada". Pero también hubo confianza en el futuro y en las propias fuerzas: "Mantenemos inquebrantable nuestra voluntad de seguir adelante con nuestras políticas de cambio y con nuestra política de rehabilitación, normalización y reconciliación ".
Hubo, en fin, claridad, como dicen los liberales: exigencia de que "se verifique el proceso de desmovilización y el consiguiente desarme" de las guerrillas. Pero tambien quedó abierta la ambiguedad de que hablan los conservadores, pues no se especificaron ni modalidades ni plazos para tal desarme, que ha sido -y sigue siendo- la principal vaguedad de los acuerdos.
Y es que el presidente Barco habló "con palabras no muy claras, como es su estilo", según ironizó el ex candidato conservador Alvaro Gómez. Por eso era previsible que cada cual sacara de esas palabras lo que más conviniera a sus intereses, como en efecto sucedió. Los dos extremos estuvieron representados -también previsiblemente- por el propio Alvaro Gómez y por la Unión Patriótica.
Mientras el primero aseguraba que Barco "deja en manos de los bandoleros el manejo de la tregua" puesto que los soldados sólo podrán responder al fuego "cuando los hayan matado primero", La Unión Patriótica infirió de las palabras del Presidente exactamente lo contrario: según ella, Barco tomó la "grave decisión" de "otorgar a las Fuerzas Militares la facultad de establecer en qué momento interrumpe el cese al fuego en cualquier región del país". Entre uno y otro, Ernesto Samper, presidente de la Dirección Liberal Nacional, saltó sobre las imprecisiones presidenciales para echarle la culpa de ellas al gobierno pasado; según Samper, Barco "tiene razón en afirmar que se necesitan definiciones muy claras" porque "su gobierno recibió unos acuerdos sin dientes, ni plazos, ni condiciones.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Sobre esos acuerdos, sin embargo, tampoco todo el mundo está de acuerdo: mientras las FARC y el propio Presidente los toman como punto de partida, Gómez sostiene que "no les ve mucho valor jurídico", y el nuevo ministro de Justicia, José Manuel Arias Carrizosa, cree que "la tregua jamás ha existido, y eso es algo evidente" en tanto que Pastrana recuerda que en el texto de los pactos se establecía "la obligación del cese al fuego y de todos los operativos militares en todos sus frentes (de las FARC) en el país". Pero en este juego de escoger frases sueltas para armar el rompecabezas propio quien sin duda se lleva la palma es el Directorio Nacional Conservador, que por una vez logra poner de acuerdo las declaraciones de las dos cabezas visibles de ese partido enhebrando en un solo comunicado declaraciones de ambas: en opinión del DNC, el gobierno "parcela tanto el orden público como el llamado cese al fuego (Pastrana), transfiriendo así a los alzados en armas la iniciativa sobre el manejo del orden público (Gómez)".
Barco, sin embargo, sólo tenía dos opciones: declararle la guerra a las FARC o hacer un discurso como el que hizo con tono enérgico y con carácter de advertencia. La mayoría de quienes criticaron la intervención presidencial, manifestó su oposición a la posición de guerra, lo que hace difícil entender, al final de cuentas, qué querían.
Lo de confuso, lo de difuso, lo de profuso, se aplica pues no sólo al discurso del presidente Barco sino también a las críticas o los elogios de sus comentaristas. Pero sirve tambien, igualmente, para calificar el propio comunicado del Secretariado de las FARC que dio origen al discurso. El Secretariado, en efecto, empieza por dividir su respuesta al gobierno en dos partes: una dirigida al Presidente, y la otra a su consejero para la reconciliación, la rehabilitación y la normalización, Carlos Ossa. En la primera dice que los "acontecimientos" del Caquetá son consecuencia de "una serie de vacíos" en el tratamiento dado a la guerra y la paz, y reitera su "disposición a mantener y profundizar el diálogo en el espíritu de siempre". En la segunda parte, la dirigida a Ossa, el Secretariado "lamenta" que el proceso de cese al fuego "transite ocasionalmente" por hechos como la emboscada al Ejército, y lo achaca al "permanente acoso, hostigamiento y agresión" contra sus frentes guerrilleros. Señala un caso: precisamente el operativo militar adelantado "desde el 9 del corriente mes" contra los frentes XIV y XV, responsables de la emboscada, sobre el cual el gobierno ha debido, "en honor a la verdad", informar al país. La doble respuesta del Secretariado, pues, no aclara nada sobre la única pregunta que se le había hecho: si se hacía o no responsable de las acciones adelantadas por sus frentes.
Dentro de este panorama de vaguedades y confusiones generalizadas, lo más inquietante es, paradójicamente, la triple respuesta concreta que hasta ahora ha recibido la sangrienta emboscada del Caquetá contra el Batallón Cazadores. Primero la respuesta estrictamente militar sobre el envío de nueve mil hombre al Caquetá para "perseguir y castigar" a los guerrilleros de las FAR (declaró monseñor Serna Alzate, obispo de Florencia, que "no es a travéz de la guerra como se resuelven los conflictos, y mucho menos en una zona con una larga trayectoria de martirio y de azote por la violencia guerrillera" como es el Caquetá. Y monseñor Castro López, obispo de San Vicente del Caguán, en plena "zona de candela", remachó la queja: "El gobierno no puede declarar la guerra en el Caqúetá y la tranquilidad en el resto del país". En segundo lugar, la respuesta paramilitar en la propia región afectada. A los diez días de la emboscada a los camiones del Ejército, la prensa da cuenta de que en "confusos hechos" -como suele ser en estas circunstancias- fueron asesinados en Florencia "por desconocidos" los propietarios del predio en donde se produjo la masacre. Y tercer lugar, la respuesta terrorista en Bogotá, dirigida no ya contra guerrilla sino contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista, en cuyas sedes fueron colocadas bombas que estallaron sin causar, por esta vez, ninguna víctima. El semanario comunista Voz denuncia al respecto que en los tres atentados (dos contra el comité central del partido y uno contra la sede de la UP en el barrio Kennedy), hubo "complicidad pasiva" de las autoridades, pues los policías destacados para la vigilancia de los locales han sido "coincidencialmente" llamados a "cumplir otros menesteres" unos minutos antes de que se produjeran las explosiones.
Y lo más preocupante de todo es que la realidad concreta coincide cada vez menos con las declaraciones verbales de unos y otros, por profusas que sean.