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| 11/24/2003 12:00:00 AM

El pulso

El Presidente se esfuerza para que el Congreso le apruebe sus principales proyectos antes de que acabe el año. ¿Lo logrará?

Quienes pensaron que con los cambios en el gabinete el presidente Alvaro Uribe tendría más fáciles las cosas en el Congreso ahora lo están pensando dos veces. Faltando pocos días para el final de la legislatura, el pulso entre los congresistas y el gobierno está en un momento de gran tensión. Las bancadas se están tomando a pecho su labor y están ejerciendo su función milimétricamente. Tanto en las comisiones como en las plenarias estudian con lupa cada artículo de los proyectos que el gobierno necesita que le aprueben para terminar bien el año. Y, sobre todo, de sus dos proyectos bandera: la reforma tributaria y el estatuto antiterrorista. Los parlamentarios parecen no estar dispuestos a legislar a ojo cerrado. Tanto que ya algunas iniciativas importantes del Presidente han sido derrotadas. El ambiente en el Congreso está enrarecido e incluso algunos uribistas parecen querer mandarle el mensaje al Presidente de que no las tiene todas consigo.

Aparentemente este no es un simple tire y afloje entre el Congreso y el gobierno. El momento político tiene elementos políticos e institucionales muy particulares. Por una parte, el Presidente acaba de ser derrotado en el referendo y en las elecciones locales de todo el país. Además, el manejo que le dio a la derrota no ha sido afortunado. El largo silencio para reconocer los resultados electorales, la sensación de que no tenía un Plan B y su actitud de "aquí no ha pasado nada" han dejado la impresión de que Uribe no se ha recuperado del golpe. Por otro lado, perdió la cúpula de su gobierno en una sola semana en medio de algunos sonoros escándalos. Con todo lo anterior, el Congreso está envalentonado. Por eso los observadores de la política coinciden en que este pulso no es una simple medición de fuerzas entre los dos poderes sino que lo que está sobre el tapete es la suerte de la gobernabilidad de Uribe y el futuro del país durante los próximos tres años.

El campanazo

Los primeros síntomas de esta situación se dieron cuando el ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, se estrenó defendiendo el proyecto de reforma estructural del Estado. Un grupo de uribistas decidió reencauchar por vía legislativa nueve puntos del referendo. Cuando le tocó hablar, el nuevo Ministro hizo una reflexión sobre la necesidad de que el Legislativo colabore con el gobierno patrióticamente. Pero el patriotismo es sólo un sentimiento y con sentimientos difícilmente se saca adelante una reforma constitucional. Los congresistas fueron muy atentos con el Ministro. Lo oyeron con atención y cuando tuvieron diferencias con él nunca lo atacaron personalmente. Esto contrastó con la manera en que se enfrentaban al ex ministro Fernando Londoño. Algunos congresistas dicen que este fue una especie de respeto protocolario que en un primer round de estudio se tienen dos contendores.

Pero aunque el Ministro salió bien librado en lo personal, salió derrotado en lo político. Cuando llegó el momento de la votación, la bancada uribista se fraccionó. Algunos congresistas, que habían apoyado siempre al Presidente, decidieron que era la oportunidad de hacerle entender que ya no son incondicionales. Por eso rompieron el quórum en varias ocasiones hasta que en el último momento, cuando finalmente se pudo votar, el proyecto no tuvo los votos suficientes. El hundimiento de los puntos del referendo en el Congreso en realidad no fue tan grave. Se trató más de un campanazo del Congreso que de una rebelión parlamentaria. La verdad es que el proyecto era más un retoque normativo que una verdadera reforma del Estado. Y la inclusión de los puntos del referendo fue más un acto de orgullo que una iniciativa constitucional seria. Aún así, el Presidente dijo que recibía la noticia con mucho respeto. Luego aseguró que en marzo presentará un nuevo proyecto "para derrotar la corrupción y la politiquería".

Proyectos decisivos

Durante las próximas semanas se votarán tres proyectos que el gobierno considera de vital importancia. El primero es el estatuto antiterrorista que busca darle un piso jurídico sólido a la política de seguridad democrática. La oposición a esta iniciativa siempre ha sido muy fuerte por parte de los sectores de la izquierda. Durante los primeros debates el Congreso aprobó todo casi automáticamente. Pero la última vez que se debatió el proyecto, hace dos semanas, el presidente del Congreso, Germán Vargas Lleras, tuvo que aplazar la votación para que no se hundiera. En ese momento las aguas estaban más calmadas que ahora y por eso hoy hay más nerviosismo. De todos modos, la regla general es que, cuando se trata de temas de orden público, la disciplina siempre se impone. Una fuente de Palacio le dijo a SEMANA que el Congreso tiene claro que no darle a la Fuerza Pública las herramientas que necesita implica que los congresistas tengan menos seguridad en las regiones. Y que por eso se espera que, a pesar de todo, el proyecto pase sin contratiempos.

El segundo proyecto es el de alternatividad penal que es uno de los pilares de la negociación con los paramilitares. Si esta iniciativa se hunde es probable que el proceso de paz con las autodefensas se empantane. El proyecto ya había recibido fuertes críticas de la comunidad internacional, sobre todo de los medios y las ONG, que lo veían como un manto de impunidad. El Presidente logró bajarles el tono con su última visita a la Asamblea de las Naciones Unidas. Su discusión está congelada y los parlamentarios no han puesto fecha para su estudio. Es posible que, luego de la derrota del referendo, la óptica del asunto haya cambiado y el gobierno crea que, bajo las actuales circunstancias políticas, lo mejor sea dejar ese tema para más tarde.

El tercer proyecto es el más apremiante: la reforma tributaria. Algunos senadores, como Rafael Pardo, consideran que el Presidente cometió un error cuando presentó los proyectos y solamente le notificó a su bancada cuál era la posición oficial para luego salir a concertar con la oposición. Pardo sostiene que en algunos casos Uribe llega a acuerdos más fácilmente con la oposición que con sus amigos y que eso tiene unos efectos políticos en la bancada gobiernista que no son buenos. Como Pardo es un uribista disciplinado algunos analistas piensan que esta puede ser una señal de que en el tema de la reforma tributaria la bancada del Presidente también está dividida. Es probable que Uribe sienta lo mismo y que haya entendido el campanazo. La semana pasada invitó a Palacio a los congresistas de las comisiones económicas para conversar con ellos y tratar de lograr un trámite fluido y sin contratiempos en ambas cámaras. Al final tuvo que ceder y aceptar la modificación del proyecto en varios puntos. Acordó excluir el aumento del IVA de la reforma, no gravar las pensiones, aceptar el impuesto al patrimonio e instaurar el impuesto del 4 por mil, entre otras cosas.

Todos los proyectos de reforma tributaria que presentan los gobiernos le permiten lucirse al Congreso. La impopularidad de los impuestos son automáticamente capitalizados por los parlamentarios, quienes ante la opinión se erigen como defensores de las causas del pueblo. Sin embargo, en este caso, la mayoría de los parlamentarios esta consciente de la importancia de aprobar las reformas económicas, aun si ante las cámaras asumirán posiciones críticas. Se espera entonces que, dada la fragilidad de las finanzas públicas, se apruebe la reforma tributaria -sin duda con modificaciones- pero nadie la va a defender ante los medios.

Estos proyectos están todos iniciando el proceso legislativo. Pero de cómo salgan de la primera fase que termina en diciembre dependerá su futuro dentro del Congreso. El problema en todo este asunto parece ser principalmente de manejo político más que otra cosa. Algunos congresistas insisten en que el Presidente en su afán de no hacer politiquería, tampoco está haciendo política. Sienten que el gobierno no ha buscado consensos. Algunos senadores consultados por SEMANA señalaron que es cierto que los invitan a desayunar a Palacio pero que allí no se discute nada. Según ellos, de poco sirve una reunión en la que se dicta una conferencia sobre los efectos de una u otra medida si no se genera una postura común que tenga un efecto a la hora de votar. Es posible que al gobierno le vaya bien y que logre timonear sobre la marea política que sigue subiendo. La verdad es que queda poco tiempo antes de que se acabe el año. Y el capitán del barco es Uribe. Es él quien debe llevar a puerto firme el país en materia legislativa a pesar de que no haya ni buen viento ni buena mar.
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