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| 3/24/2011 12:00:00 AM

El Quintín Lame y la Asamblea Nacional Constituyente

Sin lugar a dudas, dos hijas de la Constitución Política de 1991 han sido el mejor instrumento para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas: la Corte Constitucional y la acción de tutela.

El 27 de mayo de 1991 se protocolizó el acuerdo de paz suscrito entre el gobierno nacional y los dirigentes del Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), proceso de negociación y diálogo iniciado el 26 de junio de 1990.

Dicho acuerdo contempló el compromiso del Gobierno de designar un vocero permanente de esa organización ante la Asamblea Nacional Constituyente. Situación que se materializó en la plenaria del día 9 de abril de 1991, cuando se posesionó como delegatario el indígena Alfonso Peña Chepe como representante del Movimiento Armado Quintín Lame, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1926 de 1990. Ese mismo día empezó a ejercer como delegatario junto con los dos constituyentes indígenas elegidos por voto popular: Lorenzo Muelas y Francisco Rojas Birry.

La presencia de estos representantes del mundo indígena, contando con la sensibilidad y el apoyo de un número importante de demócratas, permitió la inclusión en la carta política de algunas de las reivindicaciones centenarias de los pueblos indígenas y el enunciado de un conjunto de derechos reconocidos por las normas internacionales a los pueblos originarios o indígenas del mundo; así como el reconocimiento de la naturaleza multiétnica y pluricultural de la nación colombiana. Este reconocimiento constituyó un avance significativo en el proceso de lucha y resistencia centenaria de los pueblos indígenas.

El proceso de paz significó el aporte de la organización indígena para la construcción del Estado-Nación, la modernización del país que se encontraba en proceso de desestructuración y la posibilidad de terminar con un conflicto anacrónico.

Igualmente, el proceso de paz es la apuesta por el abandono de lucha armada como medio para alcanzar fines políticos y para ello construyó el partido Alianza Social Indígena, organización que después de 20 años y pese de los esfuerzos de los enemigos de la paz por aniquilarlo por vías legales e ilegales, se enarbola como una opción política real de poder diferente al bipartidismo, con miras a establecerse como un partido histórico en Colombia.

Hoy, cuando se aproxima a cumplir 20 años de promulgada la Constitución Política, es un buen momento para que las instituciones, la sociedad civil, los partidos políticos, los gremios económicos, los medios de comunicación y las nuevas generaciones de colombianos y colombianas revisemos y evaluemos qué tanto se han materializado esos derechos y cómo se ha transformado la vida material y espiritual de estos compatriotas, que conformamos la Nación y con quienes Colombia dice tener una deuda histórica.

Sin lugar a dudas, dos hijas de la Constitución Política de 1991 han sido el mejor instrumento para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas; a falta de voluntad política por parte de los gobiernos nacionales (poder ejecutivo) y del Congreso de la República (poder legislativo), ha sido la Corte Constitucional y en general el poder judicial, el encargado del reconocimiento y ejercicio de nuestros derechos. Otra hija de la Constitución que nos ha acompañado ha sido la acción de Tutela, que ha amparado y protegido a los pueblos en condiciones de vulnerabilidad por la acción o la omisión de agentes del propio Estado o por terceros poderosos como las multinacionales mineras y las del sector energético.

El 4 de julio del 2011 los sectores democráticos y progresistas tenemos un reto: conmemorar los 20 años de la Carta Política con la firme intención de pasar los derechos del papel a la realidad. De lo contrario, no podremos superar el Estado Social de Derecho fallido que hoy sigue posponiendo el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, no solo a las minorías étnicas, sino en especial a las grandes mayorías que están por debajo de la línea de pobreza extrema y de miseria. Lo que sí es claro es que esa realidad injusta es claramente inconstitucional. Hoy tenemos la razón y la ley de nuestra parte, pero la realidad aún no nos acompaña.


*Marco Anibal Avirama Avirama es senador de la República por la Alianza Social Indígena, ASI.

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