Jueves, 28 de agosto de 2014

Juan Carlos Pinzón ministro de Defensa. EFE

| 2013/07/10 00:00

El reclamo de Colombia a la ONU

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EFE

Para el Ministerio de Defensa es irresponsable relacionar a la fuerza pública con las muertes en Catatumbo.

El Ministerio de Defensa le respondió a la ONU que "es irresponsable y temerario" hacer cualquier afirmación sobre las muertes de cuatro campesinos en la región del Catatumbo hasta tanto la Fiscalía determine las circunstancias en que esas personas perdieron la vida.

A través de un comunicado, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia señaló que en su visita al Catatumbo "pudo constatar" que en las protestas "hubo disparos con fusiles de alta velocidad, usualmente de dotación de la fuerza pública, y, por lo tanto, indicaría uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes" (leer el artículo).

En su respuesta a la ONU, el Ministerio de Defensa añade que además de pedirle a la Fiscalía que investigue las cuatro muertes, también averigüe y determine los "responsables" de causar heridas a 42 policías.

Señala que la fuerza pública "ha sido víctima del uso indiscriminado de armas de fuego", explosivos y "otras armas letales".

Defiende que el Gobierno y el Ministerio "son los primeros interesados" en que las autoridades determinen las circunstancias en que se produjeron las muertes en el Catatumbo, una región del departamento de Norte de Santander frontera con Venezuela.

Aclara el Ministerio que "hasta tanto la Fiscalía General de la Nación finalice su investigación y establezca las circunstancias en que fallecieron estas personas, es irresponsable y temerario hacer cualquier tipo de afirmación que pretenda validar alguna de las causas posibles".

La ONU también dijo que la región sufre una "grave vulneración" de sus derechos económicos, sociales y culturales y que durante las manifestaciones ha habido un "uso excesivo de la fuerza" por parte de las autoridades.

Miles de campesinos comenzaron las protestas el pasado 10 de junio para demandar del Gobierno la suspensión de cultivos ilícitos, la implementación de una Zona de Reserva Campesina, que no haya desarrollo de grandes proyectos mineros en la región y la garantía de que se respeten los Derechos Humanos.

Las negociaciones entre delegados del Gobierno y líderes campesinos para buscar soluciones a la crisis no ha logrado avances, según reportaron a EFE fuentes cercanas a los manifestantes.

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