Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 1983/09/26 00:00

EL REGRESO DE LA VIOLENCIA

Abandono de tierras, éxodo de campesinos, asesinatos, extorsiones, secuestros y enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército son el pan de cada día en el Magdalena Medio

EL REGRESO DE LA VIOLENCIA

La trágica situación en el Magdalena Medio dejó de ser consecuencia de una guerra interna y privada entre las guerrillas y el MAS, y se ha generalizado y masificado de tal manera que ha llegado a convertirse en un fenómeno social equivalente, en algunos aspectos, a "la violencia,, que azotó al país en la década del 50. Hoy el Magdalena Medio es el ejemplo más patético de la reciente voz de alerta de García Márquez: "Colombia está en guerra y parece que nadie quiere aceptarlo".
LOS MUERTOS QUE LLEVA EL RIO
Al hablar de la nueva "violencia", en esta región, ya no basta con referirse a casos de personas; hay que contar historias de pueblos. Vuelta Cuña, por ejemplo, es uno de tantos: caserío de pescadores y agricultores a 45 minutos en lancha de Puerto Berrío, hoy es un lugar fantasma, porque lo abandonaron sus 1.200 habitantes, cansados de amenazas, persecución y muertes. Para detectar las causas de esta situación, redactores de SEMANA hicieron un recorrido por Puerto Boyacá, Puerto Triunfo, Segovia, Yondó y Barrancabermeja. Encontraron que, con excepción del Caquetá, el Magdalena Medio (Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar, Magdalena y Santander) es la región que tiene más uniformados por habitante: uno por cada 60, mientras que en el resto del país es de uno por cada 240. A pesar de esto, la zona es una de las de mayor criminalidad, según afirman funcionarios del ministerio de Justicia. Durante el primer semestre de este año, el Comité por la Defensa de los Derechos Humanos ha contabilizado 380 asesinatos, sin sumar desapariciones y secuestros, que se adjuntan en su gran mayoría a grupos como el MAS, "Los Tiznados", "Los Grillos", y otros similares, de los cuales los detenidos no pasan de cuatro. Se esperaba que tras las visitas del Presidente Betancur a Puerto Berrío y la instalación en esta ciudad de la XIV Brigada del Ejército en abril, disminuyera la ola de asesinatos, pero esto no parece haber sido así. El inspector de Puerto Olaya declaró haber hecho el levantamiento de 18 cadáveres de campesinos en la primera quincena de julio. En Puerto Berrío, entre el 29 de julio y el 9 de agosto las autoridades municipales registraron 28 casos de muertes violentas, autoadjudicadas por las bandas citadas. En Yondó hubo 30 muertos en los últimos tres meses. El abandono de tierras y el éxodo de campesinos hacia Barrancabermeja y otras ciudades menores se calcula en 1.500 familias en lo corrido del año. Al terror generalizado se suman las restricciones al comercio de alimentos y medicamentos, y a la movilización de personas dentro de la región, impuestos por las autoridades militares para aislar a la guerrilla, situación que ha reducido la actividad económica aún más. Las actividades anti-guerrilleras de las fuerzas militares también han aumentado el pánico, y en ocasiones campesinos han sido afectados por éstas. El martes de la segunda semana de agosto, Caracol de Bucaramanga transmitió el testimonio de un niño de 12 años que quedó huérfano después de un bombardeo de helicópteros del ejército a la vereda Cocorná, ubicada en la jurisdicción de Cimitarra. Una delegación de campesinos de esa vereda visitó a la semana siguiente al ministro de Justicia, y le planteó que esa incursión y "las amenazas de los militares" habían obligado a todos los campesinos de la zona a emigrar de allí, abandonando las fincas, el ganado y todos los enseres, o obligándolos a vender la tierra,a precios de "gallina flaca", a compradores de tierra que aparecieron oportunamente. Sólo en Santander, hay cerca de 5.000 estudiantes de primaria y secundaria cesantes por la deserción masiva de maestros que son hostigados y amenazados por el MAS, y especialmente por el grupo "Embrión", que acusa al magisterio de haber convertido "las aulas escolares en los cuarteles de la subversión". La denuncia generalizada de que "hay miembros de la policía y el ejército vinculados al MAS y otros grupos paramilitares", hecha ante el Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, y el ministro de Justicia, Rodrigo Lara, en su reciente visita a Puerto Berrío, tuvo como consecuencia que se ordenara el cambio de la totalidad del cuerpo policial de esa ciudad, y se esté estudiando algo similar en otras localidades de la región. Inicialmente, las víctimas eran por lo general miembros de la UNO, coalición electoral de oposición, que en las últimas elecciones municipales de Berrío logró cinco curules de las 12 en en juego. De los cinco concejales, cuatro están muertos y el último huyó por falta de protección para su vida. Algo similar ha ocurrido en Cimitarra y varias poblaciones de Santander, donde la UNO tiene peso. A este grupo político las fuerzas militares lo acusan de ser el brazo legal de las FARC, argumento que utiliza el MAS como justificación para sentenciar a sus miembros. Sin embargo, las ejecuciones de un año para acá se han extendido a los militantes y concejales del MOIR (grupo que se opone a la lucha armada), a liberales, mendigos, homosexuales, y principalmente a campesinos ubicados en los linderos de los grandes latifundios de la región. Blancos fijos son además los dirigentes de acción comunal, de usuarios campesinos o de comités de mejoramiento veredal. El número de muertos ha alcanzado tales proporciones, que no es raro que quien se acerque a las orillas del río vea pasar algún cadáver que flota son decenas los muertos que el agua arrastra hasta Barranca, donde llegan hinchados e irreconocibles, como testimonios de la escalada masiva de terror. En el Magdalena Medio, la tierra está distribuída en grandes latifundios utilizados por lo general en ganadería extensiva, y muchas veces inexplotados. El estudio base para la creación de la Corporación Regional del Magdalena Medio señala que el 9% del número total de predios, o sea unos 30.000, ocupan sólo el 30% del total de la región, y tienen una extensión inferior a las 100 hectáreas. Además una parte importante de la población, ubicada en las estribaciones de la cordillera, son colonos que se mantienen "abriendo monte" y se aglomeran en el 10% de la superficie total. Si se comparan estas cifras con las del resto del país, se concluye que la concentración de la tierra en esta región es más aguda que en otros lados. Esto, sumado a otra serie de factores de pauperización que se han precipitado, hacen de la zona un hervidero de conflictos sociales. La pesca en el río Magdalena -fuente de subsistencia para muchas familias- ha descendido notoriamente por la contaminación del río; la crisis en el cultivo del algodón ha dejado a miles de recolectores sin oficio; se ha frenado el éxodo de desocupados hacia Venezuela, haciendo que éstos permanezcan en las áreas rurales. Todo esto hace que sean frecuentes las invasiones a las tierras de las haciendas y otros fenómenos de delincuencia común, como el abijeo, el chantaje y el robo. En este marco, la guerrilla encuentra un marco social propicio Su hostigamiento a los terratenientes, a quienes les exige el pago de "vacunas" cuando no los secuestra, ha aumentado el abandono de tierras y el ausentismo por parte de los hacendados. La guerrilla, sin embargo, no siempre organiza o dirige el conflicto; simplemente aparece como la expresión más aguda de éste. Las tomas de tierras, por ejemplo, por lo general no necesitan "estímulo ideológico", y se dan como simple respuesta de familias campesinas sin tierras que buscan sobrevivir. Por otro lado, existe en la zona una tradición de años de liberalismo radical. Muchos de los habitantes se aferran a las consignas que agitó Gaitán a lo largo del río y a las arengas de los radicalizados sindicatos petroleros de Barranca. Cuentan historias de bandoleros como "el Mico" y "Caballito", que en épocas de Rojas Pinilla fueron amos y señores de la región, y que hablaban de reforma agraria y repartición de la riqueza. A todo este fenómeno de desajuste social el ejército ha respondido con una represión dura e indiscriminada, y muchos hacendados han optado por financiar grupos civiles armados. La mafia ha hecho una entrada triunfal en la zona, adquiriendo, billete en mano, grandes extensiones de terreno que se negocian varias veces por debajo de su precio. La presencia -de la mafia ayuda a explicar el permanente apoyo económico y logístico que reciben grupos como el MAS. El Plan Nacional de Rehabilitación se propone eliminar los "factores objetivos" de la insurgencia y tiene programadas para los cinco años siguientes inversiones en infraestructura y otras áreas por un valor de $ 68.000 millones de pesos. Al Incora le correspondió $ 3.500 millones de esa suma, de los cuales $3.000 son para compra de tierras intervenidas por ese organismo en todo el país. Al Magdalena Medio le han fijado una partida de $ 600 millones para ese propósito, y con un precio promedio de $35.000 pesos hectárea, planea repartir unas 17.000 hectáreas entre campesinos sin tierra. Ernesto Muñoz Orozco, gerente del Incora, sostiene que "el problema social es en un 80% causado por la tenencia de la tierra"; sin embargo se considera que la extensión de tierra no va a ser suficiente en comparación al número de campesinos sin medios de supervivencia Con todo, se nota un intento de respuesta a la situación por parte del gobierno. Las medidas del Incora, sin embargo, a menudo son revertidas por los terratenientes, que recurren a grupos paramilitares para expulsar a los campesinos de las tierras que han recibido. (Ver recuadro). Otra forma de agresión contra los campesinos que se ha hecho frecuente es la compra de sus terrenos a precios irrisorios, una vez que los dueños han sido intimidados por el MAS.
La situación que se vive en esta región del país hace que muchos sociólogos y políticos empiecen a hablar del retorno de "la violencia". Incluso lo hacen, en privado, algunos funcionarios del gobierno. "La violencia" , es un término que se ha vuelto a incorporar en el lenguaje coloquial de la región y los campesinos están permanentemente comparando la actual con la anterior. Gonzalo Sánchez, director del Departamento de Historia de la Universidad Nacional, y autor de dos recientes libros sobre la violencia -"Bandoleros Gamonales y Campesinos" y "Gaitanismo y 9 de abril en Provincia",-considera que "Colombia es un país en guerra permanente y lo que ha variado es el carácter de ella". Sostiene este autor, que en el siglo XIX se enfrentaron sectores de la clase dominante que involucraron amplios sectores populares. Entre 1948 y 1965 hubo un cuestionamiento de las instituciones vigentes, controlado y dirigido por los partidos tradicionales, pero teniendo como protagonista a el pueblo, y que a partir de 1965 , "cuando se dice que finalizó la violencia" lo que en realidad sucedió fue que se inició un nuevo periodo de guerra. Esta fue comenzada por sectores por fuera de los partidos tradicionales como una acción contestataria al estado de cosas imperante. Consecuentemente con esto, la amnistía también es un fenómeno recurrente, dice Sánchez. "Las amnistías que pusieron fin a cada período de guerra, ahora se negocian en un terreno diferente antes eran peleas entre caballeros. Hoy es entre dos fuerzas antagónicas que tácticamente ven la amnistía como un medio para conseguir sus objetivos estratégicos, bien sea la preservación de las instituciones o el cambio de éstas. Por eso hoy es imposible que se consiga la paz sin transformaciones reales". Una característica de la violencia en el país es que coincide con el mapa de la colonización: Llanos Orientales, Carare-Opón, Caquetá, Urabá. Esta peculiaridad contiene gérmenes potenciales de conflicto, opina Gonzalo Sánchez. "El que está establecido defiende sus derechos frente al que llega, esta es una razón objetiva. El migrante, por estar ahogado social y económicamente de donde viene, va a pelear por tener una vida mejor, potencialmente es un rebelde que está buscando una mayor participación política, económica y social". Aunque ya no reviste la forma de enfrentamiento entre liberales y conservadores, la violencia de hoy tiene como transfondo común con la pasada un explosivo problema de tierras. Lo que hoy parece una caótica "guerra de todos contra todos", como lo definiera un campesino, es en el fondo el forcejeo sangriento entre campesinos y hacendados, agudizado por la participación de la guerrilla, del ejército y de las bandas paramilitares, y distorsionado por el fenómeno de delincuencia común precipitado por la pauperización de los sectores más pobres. En el Magdalena Medio ha ocurrido una polarización de la sociedad-guerrilla y campesinos por un lado, ganaderos, comerciantes y grupos paramilitares por el otro originada por unas estructuras socio-económicas rígidas que no han respondido a las necesidades crecientes de los grupos marginados. Comentaristas como Enrique Santos Calderón y cronistas como Germán Santamaría de El Tiempo, presentan el fenómeno de la violencia en el Magdalena Medio como un enfrentamiento entre guerrilla y ejército, en medio del cual se ubica el campesino que padece el peso del enfrentamiento. La verdad parece ser menos neutra y esquemática. El campesino es un agente activo en el conflicto y está luchando por lograr mejores condiciones de vida. Por eso es que el grueso de los muertos provienen de su bando. Sin embargo, hay quienes opinan lo contrario. Monseñor Bernardo Arango Henao, obispo de Barrancabermeja, es uno de ellos. Considera que "en el Magdalena Medio no pasa nada" que la violencia "es cosa de comunistas"
MUERTE POR LA TIERRA
Dieciocho encapuchados, armados hasta los dientes, irrumpieron una mañana de junio en la vereda La Pizarra, municipio de Puerto Boyacá, con una lista negra en la mano. Recorrieron las parcelas de campesinos ubicadas en lo que antes había sido terrenos de las haciendas La Chica y El Edén, llevándose consigo a empellones a siete hombres, que más adelante degollaron salvajemente a machete. Los muertos fueron: Alirio Sánchez, Julio Moreno, Darío Enciso, Félix Pedraza, José Ruíz, Libardo Gómez y Saúl Valenzuela, cabezas de algunas de las 16 familias campesinas de aparceros del lugar. Los asesinos anónimos se marcharon amenazando con que correría la misma suerte quien se atreviera a hablar. Días después El Tiempo reseñaba el hecho hablando de "siete campesinos asesinados por las Farc" . Sin embargo, varios familiares y allegados a las victimas de la masacre viajaron a Bogotá para hacer la denuncia en otros términos. Desde luego, como todo testigo de la violencia del Magdalena Medio, también éstos exigieron que se mantuvieran en silencio sus nombres y su identificación. Quien encabezaba la delegación es un viejo colono muy conocído en la región que tras 25 años de trabajar la tierrá que él mismo desmontó, tuvo que abandonarla hace unos meses por amenazas contra su vida. Según la denuncia de estas gentes, las 16 familias se instalaron hace tres años en tierras de las fincas La Chica y El Edén, en ese momento sin escriturar y enredadas en un largo proceso de sucesión. Los enfrentamientos entre los herederos y la falta de claridad sobre los verdaderos dueños había ocasionado una serie de incidentes en el lugar, como quema de las casas, que habían llevado a la militarización. Se intensificó la vigilancia, y los campesinos tuvieron que sacar carnet militar para identificarse en los retenes. Los soldados controlaban los alimentos que entraban y las cosechas que salían para ser vendidas. A los diez meses de haberse tomado una franja de estas tierras los campesinos recibieron la visitá del Incora, entidad que les reconoció oficialmente propiedad sobre parcelas de 10 hectáreas a cada una de las 16 familias, y en presencia de uno de los herederos -un señor de apellido Guzmán-, de un oficial, el procurador agrario y varios funcionarios del Incora, les fueron entregadas las escrituras. Procedieron entonces a delimitar con mojones sus parcelas de las tierras de la hacienda y se dedicaron a sembrar pasto plátano, yuca y maiz. Los problemas con el administrador de la hacienda, sin embargo, se arreciaron prácticamente desde el dia siguiente. Denuncian los campesinos que tal señor ignoraba los lindes convenidos y los amenazaba con echarlos de allí. La situación se fue haciendo cada vez más tensa, hasta la fatidica mañana de junio. Desde entonces los sobrevivientes de las 16 familiás abandonaron el lugar, llevando consigo como único bien los papeles que los acreditan como dueños auténticos de sus tierras y andan trashumantes, como tantos cientos de familias del Magdalena Medio, por los pueblos y veredas de la región. ¿Quién asesinó a los 7 padres de familia? La delegación de campesinos negó que se tratara de las Farc. "Por la región nuestra jamás anduvo la guerrilla, nosotros nunca tuvimos pleito con ellos, ni los conocimos, ni eran ellos los que permanentemente nos estaban amenazando". Historias como ésta, de matanzas masivas por pleitos de tierras son pan de cada día en el Magdálena Medio.

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