El regreso de la ley

Durante años las historias de puñados de policías que intentaban defender el pueblo ante centenares de subversivos eran frecuentes. Las ruinas de las estaciones quedaban como testimonio de la ausencia obligada del Estado y decenas de poblaciones quedaron desprotegidas. Hace un año la impresionante cifra de 157 municipios del país no contaba con un solo agente de Policía y el destino de sus pobladores estaba en manos de los grupos al margen de la ley.

"No habrá imperios desolados ni territorios vedados para los hombres de la Policía Nacional", dijo el presidente Alvaro Uribe al anunciar en agosto del año pasado un ambicioso plan, dentro del marco de la política de seguridad democrática, que pretendía llevar de nuevo la institución a los municipios de donde había sido expulsada por la guerrilla y a otros sitios en donde nunca había hecho presencia. Pocos creyeron que la promesa se pudiera cumplir. Sin embargo, en un tiempo récord de tan sólo un año, lo que algunos han denominado el 'Plan retorno de la Policía' será una realidad. Para finales de diciembre las 1.098 cabeceras municipales de Colombia tendrán su estación local.

Para este objetivo el gobierno autorizó partidas especiales para que la Policía pusiera en marcha el 'Plan 10.000', consistente en la incorporación de ese número de efectivos a la institución. La mitad ingresó en abril y 5.000 más en septiembre pasado. Estos policías fueron distribuidos a diferentes unidades y estaciones en los 32 departamentos del país. La incorporación de ese número de policías profesionales está complementada por una serie de estrategias que permitan garantizar la presencia permanente en las poblaciones.

Uno de las más importantes consistió en que cerca de 8.000 auxiliares bachilleres, que prestan su servicio obligatorio de 24 meses en esa institución, fueron capacitados y entrenados para reforzar el pie de fuerza en los municipios a donde la Policía está regresando. Esto permite que, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, una estación en cualquier municipio del país cuente con un número mínimo de 40 hombres.

Los bachilleres que hacen parte del plan y prestan su servicio reciben una formación especial en cursos que duran cuatro meses e incluye, aparte de derechos humanos y relaciones con la comunidad, tácticas en operaciones rurales y contraguerrilla. "El objetivo de este entrenamiento no es para ir a buscar a la guerrilla para combatirla porque nuestra misión es trabajar y colaborarle a la comunidad. Sin embargo el entrenamiento en tácticas rurales lo que hace es darles a los muchachos las herramientas para defenderse efectivamente en caso de que sean atacados", afirma el sargento viceprimero Alex Zapata, uno de los 150 instructores que en 18 escuelas en todo el país se encargan de la capacitación de los bachilleres. "Nosotros debemos ganarnos a la gente y recuperar su confianza por medio del servicio comunitario y por eso la capacitación que reciben incluye también clases de agropecuaria y veterinaria, entre otras, para que puedan ayudar a los campesinos", dice un suboficial de la Policía.

Al comenzar abril se graduaron los primeros 3.200 auxiliares bachilleres y, junto con 479 uniformados, entre oficiales y suboficiales, fueron destinados a reabrir 79 estaciones en 15 departamentos. Un segundo grupo, conformado por 3.767 hombres, se graduó el 31 de agosto y para finales de este mes entrará un tercer contingente que llegará a los 18 pueblos que faltan. A estas zonas también irán 622 oficiales, suboficiales, intendentes, subintendentes y comisarios encargados de coordinarlos (ver mapa).

El proyecto completo cuesta más de 13.000 millones de pesos, provenientes del Plan Colombia, partidas del gobierno y recursos propios de la Policía. Contempla la creación de nuevas estaciones, que serán edificadas en los próximos dos años, con una inversión promedio de 850 millones de pesos cada una. En otros casos se alquilarán propiedades privadas, que serán reforzadas para resistir los ataques de la subversión.

Pero el retorno de los policías a las zonas abandonadas no es un hecho aislado. Como complemento a la presencia de los oficiales y los bachilleres en los cascos urbanos se han formado también escuadrones móviles de carabineros. Su misión es patrullar en los corredores de la guerrilla, con el objetivo primordial de recuperar la seguridad en las áreas rurales de los municipios a donde la Policía ha regresado. Se trata de controlar delitos como abigeato y el robo a fincas. Para finales de este año estarán en operación 37 de estos escuadrones y el objetivo es que dentro de dos años se llegue a contar con 62 de ellos en todo el país.

Además la mayoría de los municipios a los que ha regresado cuenta también con presencia de unidades del Ejército y soldados campesinos. El objetivo es que mientras estos últimos cierran los corredores estratégicos de la guerrilla y garantizan la seguridad en las áreas rurales, la Policía asuma su función y mantenga el control y la autoridad en los cascos urbanos. Esta estrategia, sumada a la labor de nuevos batallones de alta montaña y las operaciones de las brigadas de la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército (Fudra) hace parte de una estrategia integral que ha permitido recuperar y garantizar el control territorial por parte del Estado.

Lo que sin duda alguna consolidará el plan es el éxito que tenga la Policía y las Fuerzas Militares en integrarse con la comunidad, en ganarse su respeto y solidaridad, y en afianzar la legitimidad de un Estado que por años se acostumbró a convivir con una situación tan aberrante como la de tener partes de su territorio totalmente desprotegidos, abandonados o entregados a la ley de los violentos.