Jueves, 19 de enero de 2017

| 2003/03/07 00:00

El reversazo de Dragacol

La decisión del nuevo Contralor deja en evidencia que algunos de los funcionarios que terminaron en la cárcel como consecuencia del escándalo pueden ser inocentes.

Dragacol se convirtio en un símbolo de la corrupción en Colombia. Han pasado cuatro años, desde marzo de 1999, cuando se inició la investigación fiscal y cada decisión que se toma sobre este caso levanta más ampolla. La de la semana pasada fue la del contralor, Antonio Hernández Gamarra, quien anuló todo lo actuado en la investigación a partir del 11 de enero de 2000 hasta el 30 mayo de 2002.

El Contralor revisó el proceso fiscal y asegura que encontró una serie de irregularidades que lo obligaron a echar para atrás el proceso. Acusó públicamente a su antecesor, Carlos Ossa, de prejuzgar. Afirmó además que en la Contraloría "se perdió la objetividad en las decisiones jurídicas". Eso, en palabras sencillas, significa que si lo que dice Hernández Gamarra resulta probado Ossa pudo haber prevaricado.

"Lo que sucedió fue muy grave, dijo Hernández Gamarra a SEMANA. Si bien se practicaron más de 70 pruebas, el día de mañana instancias judiciales superiores podrían anular todo el proceso, ahí sí, sin posibilidad alguna de corregirlo, con graves consecuencias para la Nación y para el país".

Ante semejante andanada contra sus actuaciones en el caso Dragacol Ossa se defendió: "Yo creo que aquí hay una intención de enredar las cosas, dijo a SEMANA. A este proceso le falta un año y si llega a prescribir la culpa es del actual Contralor y no mía. Veamos a ver si es capaz y lo saca con rigor jurídico".

Hernández Gamarra denunció, además, que se ignoraron algunas pruebas y se desecharon otras. Dijo que la Contraloría "incurrió en un falso juicio de existencia y en un falso juicio de identidad". Esto quiere decir que está convencido de que funcionarios responsables de la investigación incurrieron en el delito de falsedad y se violó el derecho a la defensa de algunos de los condenados.

El escandalo

El caso Dragacol consistió, en resumidas cuentas, en una multimillonaria reclamación ante el Estado de Reginaldo Bray, dueño y fundador de esta empresa que se dedicaba a dragar ríos. Bray, que había hecho siete contratos con el Ministerio de Transporte para dragar en diferentes regiones del país, consideró que por atrasos en pagos y otros incumplimientos del gobierno tenía derecho a un reclamo por 140.000 millones de pesos. Sus exigencias pasaron de gobierno en gobierno hasta que, siendo presidente Andrés Pastrana, su ministro de Transporte Mauricio Cárdenas concilió con Bray un pago de 26.000 millones de pesos. Cuando se conoció esta conciliación ardió Troya, puesto que apenas hacía seis meses el gobierno había estimado que su deuda con Bray era de apenas 4.000 millones.

El escándalo motivó aperturas de investigaciones de los funcionarios y particulares implicados en Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. La Fiscalía acusó a Bray -que fue deportado de Estados Unidos a Bogotá- y a nueve funcionarios del Ministerio de Transporte. Bray está actualmente preso y los demás tienen libertad condicional mientras corre un juicio lento. La Procuraduría sancionó disciplinariamente a ocho funcionarios del Ministerio, incluido el ministro Cárdenas. Y el Consejo de Estado, como resultado de una acción popular para proteger los dineros del Estado, condenó solidariamente a Bray y a Cárdenas a restituir 13.000 millones de pesos al fisco.

La Contraloría, por su parte, bajo las riendas de Carlos Ossa, absolvió a Cárdenas y condenó a siete funcionarios a pagar el detrimento económico a la Nación. Es este último fallo el que ahora se ha venido abajo por decisión del nuevo contralor Hernández Gamarra. Y sus razones son tan variadas como escandalosas.

El dedo acusador

Entre las pruebas que dice Hernández que se desecharon o se tuvieron en cuenta parcialmente hay dos: el acta y la constancia de imposibilidad de conciliación con Dragacol en la Cámara de Comercio. Son dos documentos fechados el 28 y 29 de octubre en los que se dejó constancia ante la Cámara de Comercio de una reunión entre Reginaldo Bray, su abogado, el ex ministro de Justicia Hugo Escobar Sierra; Juan Carlos Chaves, jefe jurídico del Ministerio de Transporte, el procurador delegado Urías Torres y Mónica Janer, conciliadora de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Estos documentos son importantes porque demostrarían que después de que se rompieron las negociaciones en esa reunión fue la Procuraduría, a través de su delegado, Urías Torres, la que tuvo la iniciativa de pedirles a los subalternos de Mauricio Cárdenas que hicieran un esfuerzo y mejoraran la oferta para evitar ir a un tribunal de arbitramento. El argumento del procurador delegado era que como las dragas permanecieron 700 días inactivas por culpa del Ministerio se le podía hacer un reconocimiento a Dragacol por lucro cesante.

Ante esta propuesta del procurador delegado los funcionarios del Ministerio subieron la oferta de 21.000 a 25.000 millones de pesos. Bray tampoco aceptó esta oferta por considerar que estaba muy lejos del monto de su reclamo y porque estaba condicionada a la aprobación del ministro Cárdenas, quien se encontraba fuera del país.

Después de este último esfuerzo la negociación parecía rota en forma definitiva y se iniciaron los trámites para convocar un tribunal de arbitramento. El valor de los honorarios de los abogados y los gastos del Tribunal tendrían un costo de 2.000 millones de pesos.

Cuando el ministro Cárdenas regresó se encontró con esta situación. Aceptó entonces reunirse con Bray el 6 de noviembre. La cita se cumplió en el despacho del ministro y en esa negociación cara a cara los dos lograron ponerse de acuerdo en una cifra aceptable para las dos partes: 26.000 millones de pesos.

Ambos, Cárdenas y Bray, quedaron convencidos de que habían hecho un excelente arreglo. El ministro, porque había reducido la reclamación que heredó de sus antecesores de 140.000 millones a 26.000 millones de pesos. Y Bray, porque ese día había convertido una deuda que contabilizaba 4.000 millones de pesos a 31 de marzo de 1998, y en seis meses logró que le reconocieran 26.000 millones. Para suerte de él, el gobierno, con una diligencia poco usual, le alcanzó a girar 17.600 millones en cuestión de días, según estableció la Contraloría, antes de que explotara el escándalo y el mundo se le viniera encima.

La importancia de los dos documentos, que no fueron tenidos en cuenta como prueba, el acta y la constancia de imposibilidad de conciliación con Dragacol, al igual que la reunión sostenida en el despacho del ministro, demuestran que el arreglo final fue posible gracias, en primer lugar, a una iniciativa de la Procuraduría y a la intervención directa del ministro Cárdenas, quien salvó personalmente el proceso al ofrecer 1.000 millones de pesos más.

La Contraloría consideró que la ausencia de estas pruebas era una violación del debido proceso de varios funcionarios subalternos del ministro, quienes acabaron en la cárcel como responsables del desfalco. Entre ellos el viceministro, Juan Alberto Páez; el secretario general, Darío Velandia, y el jefe jurídico, Juan Carlos Chaves. Estas personas fueron acusadas de haber actuado en complicidad con Reginaldo Bray para defraudar al Estado y favorecer los intereses de Dragacol.

Según Hernández Gamarra, las actas de las reuniones citadas anteriormente llevan a conclusiones diferentes a las que llegó la Contraloría anterior. En efecto, en el curso de la investigación esta entidad había sostenido que "la reunión celebrada el 6 de noviembre fue de carácter informal y no existe documento alguno que permita establecer que efectivamente el señor ministro dio la orden o concilió con el señor Bray. Por el contrario, fueron los miembros del comité quienes aprobaron la suma a conciliar".

Que los investigadores no le hayan creído a Bray, vaya y venga. Pero que no tengan en cuenta el testimonio del ministro Cárdenas, cuando él mismo le contó al país sobre esta reunión, deja un mal sabor en la investigación.

La jefe del grupo de investigaciones de la Contraloría en ese entonces era Maritza Quintero. Nadie como ella conocía el caso de Dragacol. Bajo su responsabilidad 11 investigadores adelantaron el proceso. No se tomaba ni una sola decisión sin su consentimiento. Las noches enteras se le iban leyendo cada uno de los 6.700 folios que acumuló el caso. El poder absoluto que tenía en el ente fiscal nadie lo discutía y por eso la responsabilidad del controvertido fallo, ahora cuestionado, recae en ella. De ahí que no deja de sorprender el hecho de que el fallo que emitiera el Consejo de Estado fuera tan diferente al de ella en la Contraloría. Mientras que ella exoneró a Cárdenas, el Consejo de Estado lo condenó a responder solidariamente con Bray por un faltante de 13.000 millones de pesos.

Al respecto Maritza Quintero le dijo a SEMANA: "Aunque usted no lo crea yo me puse feliz porque de lo que se recupere el 10 por ciento va para la Contraloría". Lo que no la tiene tan feliz son las graves acusaciones del contralor Hernández Gamarra contra ella y se defiende con firmeza: "Yo tengo mi conciencia muy tranquila. Trabajé de la forma más transparente y luché con el doctor Ossa contra la corrupción para que ahora nos investiguen disciplinariamente por nuestras actuaciones".

Los vaivenes

La decisión original de la Contraloría de exonerar a Cárdenas tuvo muchas idas y venidas. En su fallo final la investigadora de la Contraloría, Maritza Quintero, aceptó la tesis jurídica de los abogados de Cárdenas, según la cual el ministro fue víctima de un "error invencible". Es decir, que "cualquier persona colocada en las mismas circunstancias del ministro hubiese actuado de la misma manera".

Por eso, aunque no se dice en forma explícita, lo que hay en el fondo detrás de la decisión del nuevo contralor de echar para atrás el proceso es que hubo tratamientos distintos para los diferentes protagonistas de la investigación.

En términos generales, el ministro fue exonerado pero todos los subalternos que tuvieron que ver con el caso terminaron empapelados y enredados penalmente. A todos les embargaron los bienes y sólo recientemente quedaron en libertad condicional, después de haber pasado 16 meses en la cárcel.

La presunción para haber llegado a este resultado judicial es que Bray tenía cómplices en el Ministerio, los cuales engañaron a Cárdenas. Quienes finalmente terminaron señalados y encarcelados fueron los tres miembros del comité de conciliación: Juan Alberto Páez, vice ministro; Darío Velandia, secretario general y Juan Carlos Chaves, jefe jurídico.

Todos los que conocen el caso de cerca consideran desde el inicio que por lo menos algunos de ellos son inocentes. En otras palabras, la teoría del engaño no puede limitarse al ministro. Existe la posibilidad de que las víctimas de ese engaño fueran también algunos funcionarios del Ministerio que actuaron de total buena fe. Por lo menos dos de ellos, el viceministro Juan Alberto Páez y el secretario general Darío Velandia, tuvieron una participación en la negociación de Dragacol menos directa que la que tuvo el ministro.

"Jamás nos reunimos con Bray, nunca nos sentamos con él. Ni siquiera hablamos con él por teléfono. Con la diferencia de que Cárdenas sí habló directamente con Bray y concilió con él", dijo Páez a SEMANA.

Todos los que conocen a Mauricio Cárdenas coinciden en que es un hombre totalmente íntegro. Que actuó pensando en defensa de los intereses del Estado cuando tomó la decisión que permitió desempantanar las negociaciones. Después de que surgió el escándalo se comparó la cifra de la conciliación de 26.000 millones de pesos con los 4.000 millones de pesos que reconocía el Ministerio. Pero la verdad era que esa cifra, por ser la propuesta de una de las partes, era tan parcializada como los 140.000 millones de pesos de Bray.

Los 1.000 millones de pesos que ofreció Cárdenas a última hora, y que arreglaron el impasse, eran una cifra insignificante para solucionar un problema de esa magnitud. Y aunque nunca se sabrá, es muy probable que de haberse llegado a un tribunal de arbitramento la condena contra la Nación hubiera sido superior. Al fin y al cabo Mauricio Cárdenas fue el séptimo ministro que se tuvo que entender con Bray y heredó los errores u omisiones de seis de sus antecesores, los cuales en los tres años anteriores habían contratado con él.

Sin embargo la inocencia de Cárdenas no significa automáticamente que sus subalternos fueran culpables ni que sobre él, como cabeza del Ministerio, no recayera la responsabilidad política del caso. De lo que no hay duda es que Reginaldo Bray presentó información falsa para inflar sus reclamaciones y logró engañar al Ministerio y defraudar a la Nación. De lo que sí hay dudas es que los subalternos de Mauricio Cárdenas fueran sus cómplices. O por lo menos no parece haber pruebas. Y los dos documentos que, según Hernández Gamarra, podrían constituir prueba de su inocencia, no fueron tenidos en cuenta en la investigación.

Lo que pudo haber sucedido en todo este episodio es que ante la dinámica política que adquirió el escándalo se necesitaba encontrar culpables. Pero es muy posible que algunos inocentes hayan caído en ese proceso.

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