Home

Nación

Artículo

El reversazo

Móviles políticos más que jurídicos llevaron a la Corte Constitucional a tumbar la tutela contra sentencias

2 de noviembre de 1992


EL FALLO SORPRENDIO A muchos legos, pero no a los entendidos. En los circulos judiciales se venía rumorando desde hacía días que la Corte Constitucional podría estar preparando una decisión que significaba en la práctica devolverse de su postura original que defendía la posibilidad de interponer acciones de tutela no solamente contra decisiones administrativas oficiales, y en algunos casos contra actos de particulares, sino contra sentencias j udiciales.
El debate, de corte técnico, se había convertido con el tiempo en un asunto más bien político. Desde cuando el Gobierno presentó al congresito el año pasado el proyecto de reglamentación de la tutela, abriendo la posibilidad de que ésta fuera interpuesta contra las decisiones de los tribunales, el mundo de los juristas se dividió entre los renovadores que apoyaban dicha propuesta, y los voceros del viejo orden, que la rechazaban alegando que violaba el principio de la cosa juzgada: es decir, que si se podía interponer una tutela contra las sentencias judiciales, los pleitos de por sí interminables en la tradición colombiana no tendrían nunca un punto final, pues cuando alguien no gustara del fallo de un tribunal, podría siempre acudir a una nueva instancia, la tutela.
El argumento de quienes apoyaban la tutela contra sentencias no carecía de similar impacto: si no se puede acudir a la tutela contra una sentencia, eso en la práctica significa que los únicos que pueden violar los derechos fundamentales son los tribunales, porque contra sus sentencias no procede el mecanismo de la tutela, introducido en la Constitución del 91 justamente para proteger dichos derechos.
En medio de ese debate se fueron pasando los meses, y a la vez fue creciendo la confrontación entre los distintos poderes. Básicamente, había una división en dos bandos: la Corte Suprema y el Consejo de Estado, opositores de la tutela contra sentencias, y el Gobierno y la Corte Constitucional, que defendían el nuevo mecanismo.
"Al Gobierno le dijo a SEMANA un prestigioso abogado bogotano lo empezaron a amilanar algunos fallos de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, en especial de este último, en su contra". En efecto, en los corredores de la Casa de Nariño se comenzó a comentar con frecuencia que los recientes fallos del contencioso administrativo tumbando decretos del Gobierno, estaban relacionados con la guerra por la tutela. Y eso mismo hizo que algunos funcionarios empezaran a preguntarse si no era mejor dar el brazo a torcer "en especial si como señaló un vocero del gabinete no todos en el Gobierno creemos en ese mecanismo y por cuenta de él se nos van a caer todos los decretos".
Por esa razón, cuando hace un par de semanas el Consejo de Estado llevó al Congreso un proyecto para cambiar la reglamentación de la tutela y dejar en claro que no procedería contra sentencias, el Gobierno se mostró más bien receptivo ante la iniciativa. La Corte Constitucional pareció comprender que su principal aliado la estaba dejando sola, y algunos de sus magistrados empezaron a cambiar de posición.
En ese ambiente, la Corte Constitucional se reunió el jueves de la semana pasada y en apretada votación de cuatro contra tres, definió que la tutela no procedería contra sentencias. La Secisión puede significar para muchos un retroceso en el proceso de modernización del sistema judicial, tal y como fue definido por la Asamblea Constituyente. Pero la verdad es que, antes que eso, lo que hubo fue una determinación motivada más por razones de coyuntura política que de argumentación jurídica. La ventaja de todo esto es quizás que con dicha definición ha sido removido uno de los principales móviles de la guerra de poderes que caracterizó el primer año de vigencia de la nueva Constitución. -