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| 9/5/1994 12:00:00 AM

EL REVERSAZO

Debate por un proyecto de ley que dejaría sin dientes la ley de enriquecimiento ilícito.

EN COLOMBIA LOS MEDIOS de comunicación tienen la costumbre de armar grandes escándalos con ciertos temas, y no llegar al fondo de ellos. En los últimos días, a raíz de la elección de Orlando Vásquez Velásquez como Procurador General de la Nación, los medios se apresuraron a afirmar que Vásquez había participado en la elaboración de un proyecto de ley que modificaba la legislación sobre enriquecimiento ilícito. El escándalo era de esperarse, pues este delito es investigado precisamente por la Procuraduría, más exactamente por la Oficina de Investigaciones Especiales, la cual se encuentra bajo órdenes directas del Procurador, es decir del propio Orlando Vásquez.

Pero Vásquez rechazó las acusaciones. Afirmó que, en efecto, el proyecto había sido presentado por la Comisión Primera de la Cámara alta, de la cual él hacía parte en su calidad de senador, pero que ni había sido ponente, ni había participado en los debates. Tras estas explicaciones el tema murió, aunque el escándalo puso en evidencia que uno de los principales retos del nuevo Procurador será, precisamente, hundir el proyecto que sus colegas presentaron.

Independientemente de la participación de Vásquez, SEMANA quiso indagar en qué consiste y cuáles son los alcances de una ley que amenaza con volver inoperante uno de los pocos instrumentos que posee el Estado para combatir la corrupción administrativa y algunos delitos relacionados con el narcotráfico.

ORIGENES

El enriquecimiento ilícito quedó tipificado como delito en el Código Penal de 1980. En sus inicios se concibió como un instrumento para combatir la corrupción administrativa, y sólo se aplicaba a los empleados oficiales. Gracias a esta herramienta, los funcionarios que sacaban provecho económico derivado de su calidad de empleados del Estado, podían ser investigados, aun cuando las autoridades no tuvieran pruebas de que hubieran incurrido en otro delito, como soborno, cohecho o peculado. En otras palabras, la justicia, si bien no podía probar un hecho punible, sí podía condenar por las consecuencias el dinero mal habido.

En poco tiempo el instrumento se convirtió en la esperanza de que la corrupción administrativa pudiera por fin ser atacada. Hasta entonces, muchos de los casos más obvios de corrupción habían quedado en la impunidad, no tanto por falta de acción de las autoridades, sino simplemente por falta de pruebas: este tipo de conductas siempre han sido difíciles de probar pues son pocos los funcionarios corruptos que son tan torpes para dejar constancia de que han sido sobornados.

Por ello la Procuraduría se encargó de investigar los incrementos patrimoniales no justificados, apoyada en que se invirtió la carga de la prueba, es decir, que no correspondía al Estado probar que el aumento en el patrimonio del empleado era desproporcionado, sino que bastaba que se abriera una investigación para que al funcionario le tocara demostrar que él poseía los medios legales para adquirir lo que tenía.

Ante la eficacia del instrumento para combatir aquellos delitos que no dejan rastros, en 1989, en un decreto de estado de sitio, el gobierno de Belisario Betancur decidió aplicar el mismo sistema para combatir los delitos relacionados con el narcotráfico y el secuestro. De hecho, muchas de las actividades relacionadas con estos delitos no sólo son difíciles de probar si no hay flagrancia, sino que algunas no estaban claramente tipificadas en los códigos y, por lo tanto, no podían ser castigadas.

Fue así como en 1989 el entonces procurador, Alfonso Gómez Méndez le otorgó a la Oficina de Investigaciones Especiales a su cargo las funciones de Policía judicial y la encargó de adelantar las investigaciones por enriquecimiento ilícito de funcionarios y también de particulares. Poco después el Decreto se convirtió en legislación permanente y de este modo se pudo dar inicio a la investigación de presuntos narcotraficantes. De este modo, aun si el acusado no era sorprendido en flagrancia y no se le podía inculpar por ello, sí se podía demostrar que sus bienes y su fortuna se derivaban del tráfico de drogas.

Desde entonces son más de 150 los procesos que la Procuraduría ha adelantado contra funcionarios públicos y contra particulares. Bajo la lupa de un equipo de investigadores que incluye contadores, abogados, administradores y hasta expertos documentalistas, han estado narcotraficantes del calibre de Gilberto Rodríguez Orejuela, policías como el general José Guillermo Medina Sánchez, y varios funcionarios involucrados en el caso Guavio.

EL "MICO"

En esas condiciones, resulta difícil explicar por qué el proyecto de ley que presentó en junio pasado la Comisión Primera del Senado busca ponerle talanqueras a las investigaciones -tanto a particulares como a funcionarios oficiales- por concepto de enriquecimiento ilícito. El Senado aprobó la reinversión de la carga de la prueba -medida por medio de la cual al Estado vuelve a corresponderle demostrar el carácter ilícito del incremento patrimonial- a pesar de que la Corte ya se había pronunciado al respecto y había declarado exequible la figura.

Por otra parte el proyecto establece la necesidad de una sentencia judicial previa para quitarles a los sospechosos de actividades ilegales los derechos de posesión de sus bienes, lo cual podría echar por tierra la posibilidad que tiene el Estado de incautar los bienes derivados del narcotráfico, que hasta ahora habían sido destinados a la rama judicial y a fundaciones que combaten la adicción y el sida.

En resumidas cuentas, de ser aprobado por la Cámara de Representantes,y luego sancionado por el Presidente, el proyecto de ley le quitaría una de las escasas armas eficaces que posee la Procuraduría General para vigilar a los funcionarios públicos y empleados del Estado -entre otros a los propios senadores y representantes- y muy probablemente la impunidad pueda volver a filtrarse por esa brecha. Igualmente, la rama judicial se volvería a ver enfrentada a una de las grandes trabas que encuentra a la hora de condenar a los narcotraficantes: la falta de pruebas.

Y aunque es cierto que la legislación sobre enriquecimiento ilícito se prestó en algunos casos para ciertos abusos y excesos que hacían lógico un nuevo debate, lo cierto es que no es propiamente con medidas radicales y contraproducentes como la que propuso la Comisión Primera del Senado, que el Congreso puede brindarle a la justicia los instrumentos para luchar contra el delito.

UN GORDO CALIENTE

EN LOS últimos días las autoridades judiciales del país descubrieron al menos cuatro modalidades por medio de las cuales las personas acusadas por presunto enriquecimiento ilícito tratan de justificar sus multimillonarios ingresos: a los sistemas asociados con los negocios de maquinitas y la compraventa de lujosos automóviles, se unieron ahora las loterías y las apuestas en casinos.

Cuando la Fiscalía llevaba a cabo las investigaciones sobre las fortunas de, por ejemplo, Iván Urdinola, éste demostró que en varias ocasiones había ganado el gordo de loterías nacionales y en uno de los casos llegó a obtener 600 millones de pesos.

El asunto hizo recordar el famoso caso del jefe liberal del Amazonas, Evaristo Porras, quien justificó parte de su fortuna con tres premios mayores que a comienzos de los 80 "ganó" jugando a la lotería. En últimas, la Fiscalía General de la Nación lo absolvió en una investigación de enriquecimiento ilícito porque formal y jurídicamente es muy difícil para el Estado demostrar que el inculpado no se ha ganado el sorteo.

El mecanismo usado es muy simple. Un funcionario de la lotería es contactado para conocer el nombre del feliz ganador del premio mayor en un concurso. El poseedor del billete recibe la propuesta de obtener todo el dinero en efectivo y sin el pago de impuestos, que son una tercera parte del premio.

Para detener esa práctica, la Fiscalía decidió exigir a las loterías la remisión de los nombres de quienes han ganado más de 20 millones de pesos y de quienes lo han logrado en más de dos ocasiones. Así se obtuvieron mil nombres entre los cuales llamaron la atención de las autoridades los de Iván Urdinola Grajales, Martha Lucía Ochoa Vásquez, Guido Parra Salazar y Juan Carlos Orejuela, entre otros.

Los investigadores encontraron también que muchas fortunas son justificadas con recibos de casinos de Bahamas. El personaje adquiere fichas por varios millones al entrar al casino, no juega en toda la noche y a la madrugada cambia las fichas en la caja y exige los recibos para presentarlos cuando sea necesario. Lo más grave es que son varias las denuncias e investigaciones pero hasta el momento no hay ninguna sentencia condenatoria por una fortuna simulada de alguna de las anteriores maneras.
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